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Lo que parecen ser graves omisiones del Ministerio de Ambiente (Miambiente) en las inspecciones que regularmente debía hacer a las actividades de la mina de cobre en Donoso, así como investigar las denuncias de los habitantes que residen en las inmediaciones de la concesión son preocupantes. Este medio solicitó los informes de inspección de Miambiente de 2022 y 2023, pero la institución no los entregó. Tampoco pudo justificar ante la Corte Suprema porqué no los tenía. La conclusión a la que se puede llegar es que no pudo justificarlo porque son inexistentes o porque –lo cual sería mucho peor– lo que se dice en ellos sería suficiente para haber detenido las negociaciones de un nuevo contrato con la minera. De cualquier forma, la ausencia de estos informes es suficiente para que el titular de Miambiente renuncie o que el presidente de la República lo despida, pues este funcionario –por negligencia– no puede seguir al frente de un ministerio que negocia el cierre de la mina. El problema de los funcionarios es su manifiesta incapacidad de darse cuenta de su negligencia, pues seguramente, ni siquiera están conscientes de esta. Pero lo que se impone –por una u otra vía– es nombrar a un nuevo ministro... y cuanto antes.

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