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TEMA: Hoy por Hoy

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Hace 11 añosA mediados del siglo pasado, la ciudad de Panamá solía ser una urbe con servicios de agua potable, transporte público y recolección de basura que funcionaban bastante bien. Lo que ocurrió después, resultó en una hecatombe del espacio capitalino que fue acribillado por funcionarios, promotores y constructores inescrupulosos, que con muy poco respeto a la línea de construcción, a los espacios verdes, o a la identidad y bienestar de las comunidades, fueron estableciendo rascacielos por aquí, centros comerciales por allá, y urbanizaciones cerradas más acá. El Casco Antiguo no fue ajeno a semejante catástrofe. El reciente fallo de la Corte Suprema sobre el P.H. Plaza Independencia es prueba fehaciente de cuánta ilegalidad se cometió en este proyecto. Los esfuerzos para restablecer el respeto a la ley e implementar el ordenamiento territorial necesario para preservar nuestro futuro urbanístico son plausibles. Enhorabuena.

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Hace 11 añosDespués de décadas el Estado panameño empieza a despertar de su letargo administrativo ante la posibilidad de utilizar el poder de compra conjunto de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud para adquirir medicamentos de mejor calidad a mejor precio. En asuntos de políticas estatales, lo obvio y evidente, no es siempre lo usual, ya que las burocracias y las coaliciones de intereses creados entorpecen la actuación eficaz y transparente en la cosa pública. La perspectiva favorable para las iniciativas anunciadas en materia de salud es ilimitada y puede servir para que otros sectores como los de mantenimiento, infraestructura, telecomunicaciones, alimentación y muchos otros formen parte de mecanismos racionales y modernos de compras y abastos. En este tema, la experiencia positiva de la Autoridad del Canal puede servir de laboratorio y de escuela para formar a los oficiales de compra de todo el Estado, y para construir reglas claras y eficientes para beneficio de todos.

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Hace 11 añosLos agricultores de Tierras Altas llevan meses de estar solicitando al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que sancione la Ley 188 que modificó algunos artículos de la ley que creó la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Panamá. La nueva norma es necesaria para reactivar el sector primario nacional, que se encuentra en decaimiento y que ha sido golpeado en los últimos años por las importaciones desmedidas que ha venido haciendo el sector comercial del país. El frente de productores agropecuarios ha mostrado su preocupación y no observa ninguna acción del gobierno dirigida a sancionar la ley. Los productores han tenido que tomar medidas radicales para que se les escuche, como es no enviar alimentos a la ciudad de Panamá. El Gobierno debe atender a los productores y buscar una respuesta rápida al conflicto y no esperar a que la situación desencadene en una peor crisis, que no hace nada bien al país.

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Hace 11 añosDarién está en peligro de colapsar ambientalmente. El 96% de la madera cortada de manera ilegal en Panamá proviene de esa provincia. Esto es el resultado de un sistema corrupto de permisos que facilita que funcionarios, políticos, traficantes e intermediarios del negocio de la madera puedan corromper a comunidades que, abandonadas a su suerte, no encuentran otro método para procurar recursos. Esta situación es seria, ya que donde hay vacíos de gobernabilidad se presenta la oportunidad para el crimen y la ilegalidad. Al Estado panameño le parece más apropiado destinar anualmente cientos de millones de dólares en el Servicio Nacional de Fronteras, que asignar recursos, tanto humano como financiero, al desarrollo sostenible de Darién. Las soluciones pasan por redimensionar la gestión ambiental, más allá de un ministerio de características notariales en el que impera el “poncha y sello”, y se otorgan autorizaciones, permisos y licencias sin supervisión y control. Todo el país está en suspenso a la espera de que sus autoridades decidan estar del lado de la protección de los ecosistemas y no del de su destrucción.

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Hace 11 añosLas políticas públicas de salud están secuestradas por el concreto, la indiferencia burocrática y el puritanismo. Un claro ejemplo es la situación que enfrentan los panameños y panameñas portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Al igual que con los embarazos en adolescentes y el abuso sexual de menores de edad, la discriminación, la estigmatización y el silencio son equivalentes a la complicidad en las muertes y padecimientos de miles de ciudadanos cuyos derechos han sido infringidos por un sistema carente de compromiso con la vida. Con más de 13 mil 709 casos fatales registrados desde 1984 hasta la fecha, un estimado de 20 mil portadores que ignoran su condición, no es un asunto que se puede ocultar bajo la alfombra de la homofobia y el desdén de las instituciones sanitarias y educativas del país. Las crisis de la salud generalmente son el resultado de la negligencia de quienes dirigen las instituciones, prefiriendo enfrentar las peores enfermedades y males sociales con la ignorancia y las prácticas burocráticas de siempre. Los gobiernos existen para resolver problemas y no para evadirlos.

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Hace 11 añosQue la corrupción campeara en el país en la forma que se ha visto, es una vergüenza nacional. Que esto fuera instrumentado desde la cúpula del Estado en cabeza de un gobernante, habla de un desastre social en vías de hundirnos en una ignominia sin escape posible. Los hilos desenredados, escándalo tras escándalo, de la madeja criminal que montara el gobierno anterior para apoderarse hasta del último centavo de los panameños honestos, parecen haber terminado por identificar al autor previsible de todo este zafarrancho. Hoy se confirma que no se trataba de funcionarios de nivel subalterno dedicados al robo de la simple calderilla, sino de los más encumbrados en el escalafón gubernamental, entregados de manera sistemática al saqueo en dimensiones mayores, cuantificable en sumas cada vez más millonarias. Ahora sí, la justicia en este país está frente a su más grande prueba. De ella depende esclarecer plenamente lo sucedido, identificar al margen de dudas a los responsables, y aplicar el rigor de las leyes para que recuperemos la sanidad colectiva donde tienen asiento la moral y la ética ciudadanas. También los panameños, todos, hemos de cuestionarnos cómo pudimos permitir que se diera tal grado de corrupción entre nosotros. No nos engañemos: nadie es inocente cuando la sociedad se pervierte de manera tal.

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Hace 11 años¿Que necesidad había de exponer al país a la zozobra de la licitación de la línea 2 del Metro? El presidente y su Gabinete conocían claramente la percepción ciudadana sobre la forma tan opaca en que se contrataron los megaproyectos del gobierno pasado. Existió tiempo suficiente para convocar al mejor talento nacional y extranjero, que pudo dedicarse a diseñar un marco jurídico transparente y atractivo para que participaran empresas serias de todas partes del mundo. El Metro existe para el bienestar del pueblo, pero también los contratos transparentes y las licitaciones competitivas contribuyen todavía más al mejoramiento material y moral de la gente. Aun, si las nuevas revelaciones sobre las investigaciones de los fiscales de Italia, sobre la línea 1 del Metro, resultan infundadas, la opinión pública siempre quedará con la duda. El contralor o el propio presidente pueden actuar para sanear este proceso, y devolverle la tranquilidad a la nación.

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Hace 11 añosPor más de medio siglo, el Hospital del Niño fue una institución modelo por la calidad de sus servicios médicos. Esta entidad fue el producto de la acción concertada de la sociedad civil, liderada por el Club de Leones, el gremio médico, el Gobierno nacional y el pueblo llano. Ahora, este hospital enfrenta la catástrofe que resultó de un lustro de megaproyectos hospitalarios, de la proliferación de centros de salud y de instalaciones sanitarias fantasmas. Sin planificación alguna se desviaron los escasos recursos de las instituciones que estaban funcionando, generando una situación de colapso en aquellos centros médicos que ofrecían buenos servicios. Actualmente, nuestra salud pediátrica carece de todo, lo que hunde en la desesperanza a los ciudadanos que buscan salud para sus hijos. Conocida la enfermedad del sistema, conocida su cura. Nuevamente es necesario convocar a los actores que hicieron posible la fundación del Hospital del Niño, esta vez para salvarlo. Seguimos teniendo las prioridades equivocadas, edificios vacíos no hacen salud; buenos médicos y suficientes insumos serían un buen comienzo para los derechos de nuestra niñez.

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Hace 11 añosLos medios de comunicación nos debemos a la verdad, al público y a la responsabilidad en el manejo y divulgación de información sensitiva. La búsqueda de mayor circulación, sintonía, rating o la cacería desencarnada de primicias puede desencadenar en prácticas periodísticas cuestionables. Cuando en nuestras páginas, ondas electromagnéticas o pantallas compartimos información con los lectores, oyentes y televidentes, no solo necesitamos que la misma sea veraz, sino que el tratamiento de lo que le presentamos al público se dé con dignidad y respeto. En lo relativo a las serias acusaciones contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, los medios hemos querido competir con las redes sociales, sin entender que, precisamente, nuestro rol es el de filtrar e investigar los contenidos informativos que se pudiesen obtener a través de estas novedosas fuentes. No hay que perder de vista que toda persona, sobre todo si es menor de edad, presunta víctima de un delito contra su integridad sexual o forma parte de una relación íntima con un personaje público, merece la reserva y la confidencialidad de su nombre y de su identidad, no solo por las razones obvias de volver a victimizarla, sino por la protección de la honra de sus familiares y seres queridos, que sufren y enfrentan el escarnio, la deshonra, la burla y el morbo. Mal hacemos los medios al aceptar estas acciones negligentes como justificables por la lucha contra la corrupción o la persecución de supuestos delitos. Nuestras leyes, en particular el Código de la Familia, tutelan la reserva del nombre de los menores de edad, sean víctimas o perpetradores de conductas delictivas. El buen periodismo requiere de valentía, pero también de mucho sentido común para saber cuándo se debe editar una información, no para negar los hechos al público, sino para proteger a los inocentes. Sin ética no hay verdad que valga la pena.

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Hace 11 años‘The Wall Street Journal’ ha reportado que, efectivamente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga a Diosdado Cabello por fuertes vínculos con el narcotráfico. En un inicio esto fue denunciado por el diario ABC de España y cuando fue reproducido en Venezuela por El Nacional, Tal Cual y La Patilla, el régimen prohibió la salida del país de 22 directivos de esos medios. Ahora, el presidente Nicolás Maduro tiene el desafío de garantizar la libertad de expresión de sus compatriotas y de instar a las instituciones de justicia bolivarianas a que hagan la investigación correspondiente. Venezuela no debe sufrir por la confusión entre los intereses particulares de algunos miembros de la cúpula del régimen, y los del pueblo y Gobierno de esa nación. La historia latinoamericana está llena de casos en los que los gobernantes se portaron como criminales, y como tales, fueron juzgados.

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