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Darién está en peligro de colapsar ambientalmente. El 96% de la madera cortada de manera ilegal en Panamá proviene de esa provincia. Esto es el resultado de un sistema corrupto de permisos que facilita que funcionarios, políticos, traficantes e intermediarios del negocio de la madera puedan corromper a comunidades que, abandonadas a su suerte, no encuentran otro método para procurar recursos. Esta situación es seria, ya que donde hay vacíos de gobernabilidad se presenta la oportunidad para el crimen y la ilegalidad. Al Estado panameño le parece más apropiado destinar anualmente cientos de millones de dólares en el Servicio Nacional de Fronteras, que asignar recursos, tanto humano como financiero, al desarrollo sostenible de Darién. Las soluciones pasan por redimensionar la gestión ambiental, más allá de un ministerio de características notariales en el que impera el “poncha y sello”, y se otorgan autorizaciones, permisos y licencias sin supervisión y control. Todo el país está en suspenso a la espera de que sus autoridades decidan estar del lado de la protección de los ecosistemas y no del de su destrucción.