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Las autoridades han reconocido que en la compra de los radares a la empresa italiana Selex se dieron irregularidades. Estos equipos fueron adquiridos sin participación ni consulta de su usuario final, o sea, el Servicio Nacional Aeronaval. La tecnología comprada no sirve para detectar y rastrear las pequeñas embarcaciones y lanchas rápidas, que son utilizadas por el narcotráfico. Los correctivos propuestos por los fabricantes implican costos adicionales para adquirir una flota de drones, que en la práctica significa que no se utilizarían los radares. Esta es apenas la punta del témpano de hielo. En esta contratación aparece una empresa intermediaria, denominada Agafia Corp., que sin ton ni son percibiría un 10% de la transacción, en concepto de “comisión”. En una relación comercial entre dos Estados no caben estos terceros. Debido a esto, Panamá enfrenta una posible lesión patrimonial de cientos de millones de dólares, que el Gobierno se esfuerza en recuperar ante los tribunales. Los exfuncionarios investigados harían bien en contar todo lo que saben para salvar al país de lo que a todas luces parece un acto de piratería.