Hoy por hoy

Panamá está nuevamente en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A pesar de las importantes acciones que el país ha tomado en los últimos cinco años -como ampliar las actividades que deben reportar sus movimientos de fondos para prevenir el blanqueo de capitales o modificar el régimen de sociedades anónimas y fundaciones privadas-, esto no fue suficiente. En particular, la politiquería criolla de la Asamblea Nacional retrasó de forma injustificada la aprobación de la ley que penaliza la evasión fiscal en Panamá, privando al Estado de un sólido argumento frente a los cuestionamientos del GAFI. El gran desafío que nos reclama la comunidad internacional es ahora el de ejecutar un sistema regulatorio efectivo y la constatación de que nuestro sistema de justicia es capaz de condenar a los culpables del blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Los eslabones más débiles de la cadena institucional panameña son, precisamente, las entidades reguladoras y los tribunales de justicia. La viabilidad del centro financiero internacional de Panamá depende de que demostremos que nuestro país es capaz de sancionar a los malos actores, que distorsionan nuestra economía y dejan su huella sobre la política nacional. Se puede pensar que las presiones del GAFI a Panamá son injustas, dados los esfuerzos desplegados para corregir. Pero no por ello dejan de ser obligaciones que debemos cumplir.