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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Redacción de La PrensaHace 5 añosCuando se leen las actas de las reuniones de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en las que constan las intervenciones de sus miembros sobre la renovación del contrato con Panama Ports Company (PPC), queda demostrado la superficialidad con que se trató el tema. Buena parte de las preocupaciones de los directivos giraba en torno a la seguridad jurídica, siempre a favor de la empresa, olvidando que PPC fue un socio abusivo, y dejando a un lado el tema de presuntas violaciones al contrato original. Entonces, ¿en que quedó la seguridad jurídica cuando se analiza todo lo que dejó de percibir el Estado panameño por la tiranía de PPC? Cuando las cosas se hacen bien, no hay que temer, pero como este es un país chueco, pasan estas cosas. Los términos de la discusión de la directiva de la AMP son una vergüenza. Contrastan con la forma en que la Autoridad del Canal manejó el contrato con Grupo Unidos por el Canal, enfrentándose a empresas de primer mundo, poderosas y que, incluso, amenazaron con demandar a Panamá. Pero como en la ACP las cosas se hacen mejor, allá no hubo objeción en presentar pelea en los tribunales de arbitraje. En el caso de PPC, pesaron más las justificaciones de la cobardía que las de la razón. La mediocridad en su máxima expresión.

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Redacción de La PrensaHace 5 añosHace poco, el presidente de la Corte Suprema se quejaba de que los abogados que buscan su idoneidad están fracasando en los cursos de inducción que imparte el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá. De los casi 600 abogados que realizaron el seminario entre enero y mayo de este año, el 50% reprobó, pero –eso sí– todos recibieron su idoneidad. Por eso no sorprende los cientos de quejas que hay en contra de jueces de paz del distrito capital, acusados, entre otras cosas, de arbitrariedades y extralimitación de funciones. Para examinar y resolver estos conflictos entre los ciudadanos y los jueces, el alcalde de la ciudad capital, José Luis Fábrega, debe nombrar una comisión para tal fin, pero este funcionario parece estar ocupado en asuntos más importantes que estas minucias, pues los integrantes de tal comisión no han sido nombrados, a pesar de que el Ministerio de Gobierno (Mingob) lo ha solicitado. Dada la holgazanería que reina en la Alcaldía, el Mingob prepara reformas a la ley, a ver si así soluciona algunos asuntos, es decir, tener algo más que voz para resolver estos problemas. Ojalá el alcalde no se oponga a esta iniciativa, como suele hacer. Después de todo, obtendrá más de lo que le gusta: tiempo libre.

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Hace 5 añosLa reciente demolición de una vieja e histórica estructura en la ciudad de Colón pone sobre la mesa una vez más la arbitrariedad con la que actúan ciertos funcionarios, en este caso, el alcalde de la ciudad de Colón, Alex Lee, y el diputado colonense Jairo Salazar, así como la vergonzosa inoperancia del Ministerio de Cultura, que ni siquiera se había enterado de que estos dos no dudaron un instante en arrogarse sus funciones. La acción perpetrada por estos sujetos, no solo es un acto de ignorancia supina, sino que merece ser objeto de una investigación criminal, a fin de que paguen por lo que hicieron. Y esperamos que, en la remota posibilidad de que se abra un proceso criminal, la Corte Suprema de Justicia no se ampare en la ridiculez de siempre: que no hay prueba sumaria, a menos que quieran que les lleven a sus despachos los escombros de la demolida estructura. Lo que han hecho estas dos autoridades colonenses es abiertamente una provocación a nuestro sistema judicial, pues no solo reconocen haberlo hecho, sino que han prometido que continuarán tirando estructuras en Colón, una cada semana. Está claro que vivimos en el país –no del más fuerte–, sino del ignorante con más poder.

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Hace 5 añosEl presidente Laurentino Cortizo afirmó ayer que en su gobierno no se han dado ni se darán escuchas fuera de la ley. Su afirmación responde a las repetidas acusaciones que hace el expresidente Ricardo Martinelli, quien está siendo enjuiciado, precisamente, por presuntamente ordenar seguimientos físicos y virtuales de más de un centenar de personas. Martinelli también lleva meses acusando al vicepresidente Gaby Carrizo de ser el responsable de la anulación del fallo que lo absolvió y de ser el artífice de este nuevo enjuiciamiento. La declaración de Cortizo sobre las escuchas en su administración contrastan con las que, en su momento, Martinelli daba, asegurando que tenía el pedigrí de todos, o los audios de conversaciones telefónicas de sus adversarios políticos que misteriosamente aparecían en Youtube. Pero si Martinelli insiste en que sus conversaciones son escuchadas por el Consejo de Seguridad, debe presentar las denuncias antes las instancias judiciales a fin de que se investiguen. Su repetitivo discurso sobre su juicio y que es espiado por el Gobierno ya cansa, especialmente porque es incapaz de presentar una sola prueba de sus aseveraciones. En cuanto al presidente Cortizo , ojalá no lo veamos después sentado en este mismo banquillo.

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Redacción de La PrensaHace 5 añosUn hecho que no debe pasar inadvertido es que los científicos locales vaticinan que una de las mutaciones más peligrosas del nuevo coronavirus llegará irremediablemente a Panamá. Ante este escenario, una vez más urge que la población mantenga las medidas sanitarias recomendadas durante esta pandemia, pero también requiere que todos los panameños sean inmunizados tan pronto como arriben las vacunas al país. Sufrimos el tercer pico de contagios y la llegada de las mutaciones del virus puede empeorar la ya precaria situación que vive el país. Todo ciudadano que se niegue a ser inmunizado se convierte en un vector de contagios y pone en riesgo la vida de otros que esperan turno para vacunarse. Eventualmente, el Gobierno tendrá que tomar medidas sobre ello, ya que, si bien es una decisión que compete a cada individuo, sus consecuencias afectan a terceros, quienes habiendo hecho y cumplido las recomendaciones sanitarias, pueden enfrentar el riesgo de contagio y enfermar gravemente. Igualmente, es una enorme irresponsabilidad divulgar falsedades y noticias sin corroboración. El nuevo escenario es muy peligroso para todos y, frente a ello, no debe haber espacio para la charlatanería.

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Redacción de La PrensaHace 5 añosSon incontables los periodistas, activistas de derechos humanos, políticos, jueces, empresarios opositores y miles de víctimas de ataques del programa Pegasus en todo el mundo, incluido, Panamá. En Israel –donde NSO Technologies, fabricante del software, tiene su sede–, Pegasus es considerado un arma y, como tal, su venta la debe autorizar el Gobierno de ese país. Los escándalos que rodean esta plataforma, por su abusivo uso, no deberían pasar inadvertidos, cuando hay justificadas sospechas de que este software jugó un rol en el asesinato, en 2018, en Estambul (Turquía), del periodista saudí Jamal Khashoggi, de The Washington Post. En Panamá, el gobierno de Ricardo Martinelli lo usó para espiar ilegalmente a cientos de personas, por lo que se abrieron causas criminales que han terminado en condenas y en el juzgamiento del mencionado expresidente. En México, incluso, se usó para vigilar al hijo adolescente de la periodista Cristina Aristegui, solo por mencionar un caso. Urge modificar el protocolo de venta de este programa, usado también para fines malintencionados. Pegasus es un arma letal, pero se comercializa como si fuera un juguete.

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Redacción de La PrensaHace 5 añosEl mismo diputado del PRD que busca eliminar las penas accesorias de las condenas por delitos comunes, se ha aparecido con otro anteproyecto de ley que pretende suprimir el récord policivo como requisito para aplicar a determinados trabajos. Dice este diputado que su anteproyecto es noble y busca ofrecer segundas oportunidades a convictos. Un empleador merece conocer los antecedentes de su personal, que incluye sus conocimientos, capacidad y experiencia, pero también su comportamiento, ética y relación con la ley. Las buenas decisiones se toman basadas en el conocimiento y la información. Omitir datos tan importantes como los antecedentes policíacos no es un acto de honestidad de parte de alguien que busca, precisamente, rehacer su vida. Esta iniciativa, viniendo de este diputado, solo despierta suspicacias. Sus antecedentes hablan de él (y no precisamente para bien) y, al igual que un patrono merece saber a quién contrata, un elector debe saber a quién elegir para un cargo público. Y para eso, en ambos casos, se necesita toda la información, no solo una parte, como quiere el señor diputado.

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Redacción de La PrensaHace 5 años¿Qué porcentaje de los pacientes hospitalizados en centros médicos públicos y/o privados no está vacunado contra la Covid-19? La cifra exacta se desconoce, pero datos recabados por este medio revelan que es la inmensa mayoría. Han sido muy escasas las personas que, habiendo sido vacunadas, han tenido que ser internadas en un hospital. O, dicho de forma directa, las vacunas han probado ser efectivas contra la enfemedad grave. No obstante, sigue habiendo una corriente de panameños que se resiste a ser vacunada, algo en que le asiste su derecho. Pero el problema de esta decisión individual puede tener consecuencias para la colectividad, pues el riesgo de contagio persiste tanto para los que quieren vacunarse, y todavía no lo han logrado, como para los que no lo desean. Los que se resisten, potencialmente se convierten en vectores de la enfermedad, poniendo en riesgo la vida cientos de miles de personas que aún no se han podido inmunizar porque no les ha tocado el turno o porque las vacunas, por ahora, son insuficientes para todos. Esos que son reticentes ponen sobre nuestro sistema de salud una pesada carga económica y sanitaria. ¿Qué hará el gobierno frente a esta situación?

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Redacción de La PrensaHace 5 añosHace falta ser un perfecto caradura para presentar una iniciativa legislativa que busca eliminar las penas accesorias que pueden acompañar las condenas por delitos comunes, que incluyen, por ejemplo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un tiempo. En vez de endurecer las penas accesorias –que buscan proteger el Estado de la presencia de pillos condenados– lo que ha presentado el diputado Raúl Pineda (PRD) pretende, precisamente, lo contrario. Esto quizás marque el nuevo fondo de la podredumbre en la que está hundida la Asamblea Nacional. Solo falta que su próxima bazofia permita que personas condenadas por robo u homicidio puedan postularse –desde la cárcel– para ser presidente de la República, diputado o alcalde, en cuyo caso, su hoja de vida será adornada con la mención de su condena. Cada día que pasa queda demostrado que nuestros políticos son unos pandilleros que, ebrios de poder, ya no les importa que se sepa. Indudablemente, este anteproyecto de ley tiene el nombre y el apellido, las medidas, y color preferido de la persona que sería el mayor beneficiario. Y siendo así, por qué no renuncia a su partido y se va para el que verdaderamente trabaja. Hay 99 razones –además de esta caricatura de ley– que delatan dónde se ubican las fidelidades de este sujeto.

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Redacción de La PrensaHace 5 añosLa tercera encuesta de hogares que realizó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha revelado percepciones y realidades muy preocupantes. Dos de ellas son el deterioro continuo de los ingresos familiares y el desmejoramiento de la alimentación de los niños. En la gran mayoría de los hogares más pobres los niños comen menos o lo que consumen es de baja calidad. Ello sin contar que la ayuda del gobierno bajo las actuales circunstancias no llega a todos los que la necesitan, y en medio de un panorama en que el 72% de los hogares reporta pérdida de sus ingresos parcial o totalmente. Es imperdonable que habiendo dinero para hacer política —y de la mala— no haya para hacer un programa de alimentación de calidad para niños de bajos recursos. Gastan en carros de alquiler, en salarios para gente que no hace o no sabe hacer nada, para pagar favores, para call centers, para obras cuestionables. Pero para atender necesidades urgentes de los panameños, el dinero no alcanza. Y la encuesta revela lo poco atractivo que se ve el futuro para miles de miles de panameños: ni recuperación económica familiar ni nacional. Con lo sombrío que se ve todo, el Gobierno vive en una burbuja, sin contacto con la realidad.

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