Cuando se leen las actas de las reuniones de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en las que constan las intervenciones de sus miembros sobre la renovación del contrato con Panama Ports Company (PPC), queda demostrado la superficialidad con que se trató el tema. Buena parte de las preocupaciones de los directivos giraba en torno a la seguridad jurídica, siempre a favor de la empresa, olvidando que PPC fue un socio abusivo, y dejando a un lado el tema de presuntas violaciones al contrato original. Entonces, ¿en que quedó la seguridad jurídica cuando se analiza todo lo que dejó de percibir el Estado panameño por la tiranía de PPC? Cuando las cosas se hacen bien, no hay que temer, pero como este es un país chueco, pasan estas cosas. Los términos de la discusión de la directiva de la AMP son una vergüenza. Contrastan con la forma en que la Autoridad del Canal manejó el contrato con Grupo Unidos por el Canal, enfrentándose a empresas de primer mundo, poderosas y que, incluso, amenazaron con demandar a Panamá. Pero como en la ACP las cosas se hacen mejor, allá no hubo objeción en presentar pelea en los tribunales de arbitraje. En el caso de PPC, pesaron más las justificaciones de la cobardía que las de la razón. La mediocridad en su máxima expresión.
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31 jul 2021 - 05:04 AM
