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Tal cual

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Hace 2 añosPARÁSITO 1. Hay personas que son como un resfriado mal cuidado: cuando uno se siente mejor y cree que se está recuperando del virus, de pronto ocurre una recaída. Algo así ha ocurrido con Quibián Panay, secretario general de la Asamblea Nacional (AN) hasta el pasado 30 de junio y esposo de la exdiputada Yanibel Ábrego. Ayer jueves se conoció que Panay fue designado como director general de Administración y Finanzas en el Legislativo, cuya posición devenga un salario de $5,000. Uno no se saca estos parásitos ni con antibiótico.
Brunch dominical: Dana y la paradoja del Catch-22

Brunch dominical: Dana y la paradoja del Catch-22

Mónica PalmHace 2 añosOtro periodo administrativo está por comenzar y, en su antesala, ya ha dejado ver uno de los actos de ilusionismo que usarán para hacer que las cosas sucedan: el Catch-22.
Sábado Picante: Un tufillo a hipocresía
Palacio de Las Garzas, sede de la Presidencia. Archivo

Sábado Picante: Un tufillo a hipocresía

Rolando Rodríguez B.Hace 2 añosLa hipocresía es tan cotidiana en la política que es considerada una “virtud” obligatoria para el aspirante a un cargo público. No abordaré el tema en lo que respecta a Nito Cortizo, del cual diré solo lo que sé de él: de presidente solo tuvo la banda, porque quien desempeñó el cargo fue su candidato perdedor. Por eso, cuando ese cantante de toldo, morisqueta de cantina y nuevo político rico quiso “reelegirse”, sufrió una lección de vida de la que jamás se recuperará, porque este fue su gobierno, no el de Nito.
Hoy por hoy

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Hace 2 añosLa Corte Suprema de Justicia finalmente declaró que los alcaldes y representantes que eran funcionarios al momento de ser electos deberán renunciar a su salario anterior y devengar el que les corresponde en el gobierno local. Aceptar que elijan su salario sería un privilegio frente a aquellos que son electos y trabajan en el sector privado, ya que estos últimos no tienen más opción que una licencia sin sueldo por dos años. El fallo, aprobado unánimemente, deroga parte de una ley aprobada por la Asamblea y sancionada por el jefe del Ejecutivo, que permitía a los funcionarios electos elegir el salario que más les convenía, en lugar del correspondiente al cargo de elección popular. Gracias a ello, muchos abusaron, llegando incluso a percibir ambos salarios, aumentando e incluso duplicando sus ingresos, todo con el beneplácito de un contralor al que muy poco le importa el manejo de los fondos públicos. Tanto es así que, en medio de una crisis económica y con un gobierno en números rojos, se aprobaron aumentos salariales en la Contraloría, probablemente merecidos pero en un momento inoportuno. Lejos de pensar en las consecuencias, este funcionario parece saber solo de despilfarro.
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Redacción de La PrensaHace 2 añosSILLA. Hay un puesto de secretario general en la Asamblea Nacional, pero un montón de aspirantes a ese cargo: Fátima Agrazal, Cenobia Vargas, Alejandro Pérez, Alcibiades Vásquez y hasta Quibián Panay, quien pretende reelegirse por cinco años más. ¿Cuántos son candidatos de Martinelli?
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Hace 2 añosEl procurador de la Administración ha emitido una opinión fundamentada sobre las indemnizaciones por mutuo acuerdo que han negociado gerentes y ejecutivos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), para recibir elevadas compensaciones en momentos en que su salida del cargo es inminente, quieran o no. Según el procurador, estos acuerdos no son viables jurídicamente, es decir, no pueden ejecutarse, porque, entre otras razones, todos estos gerentes y directores asumieron sus cargos mediante nombramientos concurrentes con el quinquenio del gobierno en turno. Desde el momento de su designación, saben que al concluir el gobierno que los nombró, deben dejar sus cargos, ya que son posiciones de libre remoción y, por lo tanto, no tienen derecho a reclamar nada. El presidente electo y organizaciones de la sociedad civil han calificado estas indemnizaciones como un “atraco” al Estado y han instado al contralor a abstenerse de refrendarlas. Esta crítica debería extenderse también a los miembros de las juntas directivas que autorizan estos generosos beneficios. Seguramente, si se tratara de dinero de su propio bolsillo o el de sus empresas particulares, nunca habrían consentido este desembolso. El procurador también recuerda que los ejecutivos de empresas mixtas son funcionarios sujetos al derecho administrativo y pueden ser removidos en cualquier momento sin derecho a indemnización. Más claro ni el agua.
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Redacción de La PrensaHace 2 añosGOL. José Raúl Mulino lleva casi una semana cuestionando los mutuos acuerdos en Etesa, pero resulta que la persona que designó como director de la Oficina de Electrificación Rural, el ingeniero Antonio Clement, también se acogió a ese beneficio. Clement recibirá una liquidación de $13,846.83. Etesa es una empresa de transmisión de energía, pero lo que más transmite es oscuridad.
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Redacción de La PrensaHace 2 añosSOBREMESA. El próximo domingo, en el salón Los Tamarindos del Palacio de las Garzas, el presidente Nito Cortizo ofrecerá una “cena de Estado” a los jefes de Gobierno y representantes de casas reinantes que estén en el país, con motivo de la toma de posesión de José Raúl Mulino. No sabemos de qué les va a hablar, pero si la conversación es sobre lo que hizo en cinco años, se va a quedar sin tema antes de que terminen de leer el menú.
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Hace 2 añosEl presidente electo parece desconocer el proceso de nombramiento del director general del Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur) o ha recibido un erróneo asesoramiento sobre el tema, ya que se trata de una designación que, por ley, es competencia de la junta directiva de ese organismo. No solo eso: el mecanismo de selección es complejo, pues los directivos evalúan a los candidatos, los entrevistan e incluso les exigen que elaboren y presenten un plan estratégico de trabajo. Es un proceso riguroso en el que no prima el criterio político partidista ni las lealtades electorales. El presidente electo debe reconsiderar si su favorito tiene las competencias y la disponibilidad para ejercer el cargo plenamente, pues de lo contrario, además de ser una flagrante violación a la ley, representaría una distracción innecesaria para una industria que languidece y necesita urgentemente una estrategia país para desarrollar todo su potencial. El anuncio del futuro presidente revive todos los problemas legales por los que atravesó su elegido, así como su trayectoria como funcionario, que tampoco es digna de admiración ni de grata recordación, por lo que su designación es cuestionable desde cualquier punto de vista. Todavía hay tiempo para reconocer el error y enmendar.
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Hace 2 añosEl gerente general de Etesa no tuvo reparos en negar un aumento a los trabajadores en 2023, como está acordado en la convención colectiva, alegando que la entidad que dirige había sufrido un recorte presupuestario que hacía imposible cumplir con ese compromiso. Casi ocho meses después, gestiona una compensación de casi $250,000 para dejar el cargo. El mismo beneficio se extiende a otros ejecutivos que estuvieron los últimos cinco años con él. Es decir, hay dinero para unos pero no para otros. El presidente electo no se equivoca en decir que esas indemnizaciones son inmorales y ha instado al contralor general de la República a no refrendarlas. Etesa, aunque se maneja como una empresa privada, es 100% propiedad del Estado. Mosquera, al asumir el cargo, sabía que sería por cinco años. De hecho, para que él ocupara el cargo, el gerente designado por el gobierno anterior tuvo que marcharse. Estaba claro que su nombramiento tenía fecha de caducidad, por lo que estas indemnizaciones son simplemente una expresión corporativa y sofisticada del juego vivo de siempre.

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