Hoy por hoy

La Corte Suprema de Justicia finalmente declaró que los alcaldes y representantes que eran funcionarios al momento de ser electos deberán renunciar a su salario anterior y devengar el que les corresponde en el gobierno local. Aceptar que elijan su salario sería un privilegio frente a aquellos que son electos y trabajan en el sector privado, ya que estos últimos no tienen más opción que una licencia sin sueldo por dos años. El fallo, aprobado unánimemente, deroga parte de una ley aprobada por la Asamblea y sancionada por el jefe del Ejecutivo, que permitía a los funcionarios electos elegir el salario que más les convenía, en lugar del correspondiente al cargo de elección popular. Gracias a ello, muchos abusaron, llegando incluso a percibir ambos salarios, aumentando e incluso duplicando sus ingresos, todo con el beneplácito de un contralor al que muy poco le importa el manejo de los fondos públicos. Tanto es así que, en medio de una crisis económica y con un gobierno en números rojos, se aprobaron aumentos salariales en la Contraloría, probablemente merecidos pero en un momento inoportuno. Lejos de pensar en las consecuencias, este funcionario parece saber solo de despilfarro.