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El presidente electo parece desconocer el proceso de nombramiento del director general del Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur) o ha recibido un erróneo asesoramiento sobre el tema, ya que se trata de una designación que, por ley, es competencia de la junta directiva de ese organismo. No solo eso: el mecanismo de selección es complejo, pues los directivos evalúan a los candidatos, los entrevistan e incluso les exigen que elaboren y presenten un plan estratégico de trabajo. Es un proceso riguroso en el que no prima el criterio político partidista ni las lealtades electorales. El presidente electo debe reconsiderar si su favorito tiene las competencias y la disponibilidad para ejercer el cargo plenamente, pues de lo contrario, además de ser una flagrante violación a la ley, representaría una distracción innecesaria para una industria que languidece y necesita urgentemente una estrategia país para desarrollar todo su potencial. El anuncio del futuro presidente revive todos los problemas legales por los que atravesó su elegido, así como su trayectoria como funcionario, que tampoco es digna de admiración ni de grata recordación, por lo que su designación es cuestionable desde cualquier punto de vista. Todavía hay tiempo para reconocer el error y enmendar.

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