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Como se esperaba, el caso Blue Apple –en el que varios ministros del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) recibieron coimas, según un fallo conocido el pasado lunes– no es ninguna persecución política. Si hubo persecución es la que entablaron esos acusados contra los medios cuando estos exponían sus casos ante la opinión pública. No hay duda de que las sanciones y penas son ejemplares. Hubo ocho condenas –y no hubo más porque dos de los acusados no tuvieron el coraje de enfrentar los cargos en su contra y se fueron a refugiar bajo las faldas del Parlacen, maniobra de la que el PRD es cómplice– que suman, entre todas, 736 meses de prisión y casi $40 millones en multas, siendo el exministro de Obras Públicas Federico Suárez el que se llevó la peor parte: 14 años de prisión y $27.4 millones de multa. La sentencia es apelable, pero es muy probable que los condenados no estén esperando que los magistrados tengan un criterio muy diferente al de la juez Baloisa Marquínez. Su esperanza es lograr impunidad en caso de que su antiguo jefe logre una victoria electoral. A eso apuestan, al igual que lo hace el expresidente condenado en el caso New Business. Ni sus mentiras ni sus excusas ni sus conductas deben ser jamás perdonadas.

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