Ricardo Martinelli, condenado por lavado de dinero, buscó refugio en la Embajada de Nicaragua en Panamá ante la inminente captura para cumplir su condena de 10 años de prisión. El gobierno de Nicaragua ha comunicado que le otorgó asilo político, a pesar de que su condena se debe a actos delictivos que perjudican el patrimonio del Estado, y no a razones políticas. El Gobierno Nacional, como custodio de ese patrimonio, debe oponerse firmemente a permitir que este delincuente abandone el país para vivir libremente, teniendo aún cuentas pendientes con la justicia local.
Martinelli eligió cuidadosamente a su anfitrión: un régimen liderado por un autócrata y su esposa. Este régimen, por razones desconocidas, lo ha acogido en su territorio. Ha hecho lo mismo con numerosos políticos prófugos de la justicia, incluidos narcotraficantes y lavadores de dinero, como es el caso de Martinelli. Este acto de extrema cobardía demuestra su disposición a abandonar todo para salvarse a sí mismo. Su objetivo al buscar la Presidencia siempre fue eludir la justicia, manipulándola a su favor.
Es imperativo que el Gobierno actúe con determinación y no se convierta en cómplice de las maniobras cobardes de este flagrante delincuente.