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Hace más de tres años, la Corte Suprema de Justicia conoció de un recurso judicial que reclamaba la incorporación del matrimonio igualitario a nuestro ordenamiento jurídico. Mientras la Corte demora su decisión a favor o en contra, la Asamblea Nacional aprovechó la consideración de las propuestas de reformas constitucionales para restringir el matrimonio como un vínculo exclusivo entre un hombre y una mujer. Para anclar esta visión del mundo, se propuso atribuirle al derecho nacional superioridad sobre el derecho internacional. Así, con este blindaje constitucional, Panamá no tendría que acatar las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. Con esta normativa es con la que ciertos diputados y los intereses religiosos que los respaldan pretenden silenciar un derecho humano inalienable. Por siglos, las luchas por la libertad de las personas han buscado ampliar el ámbito de autodeterminación y de autonomía de la voluntad de cada ser humano. Las propuestas de reformas constitucionales van en la dirección contraria.

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