TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 5 añosEl país –particularmente la capital– ha sido sacudido por la cantidad de asesinatos que han ocurrido en las últimas horas, en medio de una guerra de pandillas cuyo escenario son lugares públicos y concurridos de la capital. Esta violencia evidencia las serias carencias del Gobierno en materia de prevención y resocialización; incluso, revelan un deficiente manejo de la inteligencia policial. Esta administración ha obligado a los ciudadanos a vigilar minuciosamente sus decisiones, pues no hay una que no esconda una doble agenda, y ahora hay que preocuparse hasta de perecer, víctima de una bala perdida. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, los diputados se niegan a discutir un proyecto de ley –el de extinción de dominio– que restaría poder económico a estas redes criminales. Hay diputados que cada vez se parecen más a estos grupos delictivos y hasta proponen normas para favorecer “a los que una vez se equivocaron”. Los gobernantes y el crimen organizado conducen el país hacia un caos por falta de una política de seguridad nacional. ¿Cuándo dejarán de improvisar y reaccionar, en vez de planificar y actuar?
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Hace 5 añosEl Ministerio de Ambiente, que se supone debe salvaguardar nuestro patrimonio natural, ha inventado un instrumento legal para utilizar zonas que, precisamente, han sido elegidas para ser resguardadas de la explotación, cualquiera que esta sea. Lograr esa autorización es fácil: el solicitante solo debe demostrar que se estableció dentro de una reserva antes de que esta fuera declarada como tal. Con esa demostración, se hará acreedor de uno o varios “certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas”. De ahora en adelante, donde antes había bosques, ahora veremos fincas agroindustriales o lo que sea que se pueda explotar. Si Miambiente no tiene un inventario de la ocupación actual en las zonas protegidas, ¿cómo hará para corroborar que toda la información que aporte el peticionario, sea cierta? ¿Qué tan difícil puede ser probar que se ha ocupado un espacio en una zona que luego fue declarada protegida? Si decenas de familias pudieron demostrar a la Anati que por años ocuparon kilómetros de costas en Juan Hombrón, para así venderlos a la familia Papadimitriu, ¿qué tan difícil puede ser cumplir el requisito que ahora exigirá Miambiente, en especial si se trata de un político? ¿Qué parte de “área protegida” no entiende el ministro? ¿Acaso se puede ser más obtuso?
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Hace 5 añosEl mensaje que recibieron los habitantes de Cauchero, en la provincia de Bocas del Toro, es el de alguien resentido, que se vengó de los electores de esa comunidad porque no favorecieron con sus votos a los candidatos del señor feudal: Si no estás conmigo, entonces estás en mi contra. Ese fue el mensaje cuando Cauchero fue expulsado del distrito cabecera de Bocas del Toro –y anexado al distrito de Almirante– tras la aprobación de la denominada “Ley Benicio”, que creó once nuevos corregimientos. La consecuencia de no haberse sometido a los deseos del mandamás de la región es que Cauchero no gozará de los beneficios que dispone la Autoridad Nacional de la Descentralización; tampoco cuentan con energía eléctrica ni agua potable ni caminos ni servicios de salud. Los habitantes de esa comunidad fueron condenados a sufrir un severo escarnio, a ver si aprenden a votar por el que manda. Así de sencillas son las cosas allá. Seguramente a esa comunidad tampoco llegan los innumerables obsequios que el diputado compra con plata del Estado y que reparte su hijo, quizás para heredar los favores del clientelismo que practica su padre cuando este decida pasar a retiro, luego de décadas exprimiendo al Estado. Esta es, probablemente, la peor expresión de la hipocresía y la miseria moral.
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Hace 5 añosAyer, la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal del próximo año, el cual asciende a $25 mil 295 millones, cifra esta que incluye un déficit que obligatoriamente tendrá que ser cubierto con deuda. Las autoridades han calculado que el déficit fiscal terminará en $2 mil 495 millones, unos $15 millones más que lo que estaba previsto. Este gobierno debe ser cauto y estricto en el cumplimiento de las metas presupuestarias, ya que Panamá podría perder el grado de inversión producto de la elevada deuda y el peligro que esta representa para la salud económica del país. Panamá, entre 2019 y 2020, sufrió una caída de sus ingresos y debió hacer uso de cuantiosos créditos, lo que llevó la relación deuda-PIB de 46% a casi 70%, encendiendo las alarmas y provocando descensos en las distintas escalas que miden el grado de inversión. El ministro de Economía busca, primero, estabilizar la relación deuda-PIB, para luego bajarla paulatinamente hasta llegar, en 2024, al 65%, es decir, 5 puntos porcentuales menos que la relación actual. Panamá tiene actualmente una deuda que se acerca a los $40 mil millones. Ojalá no tengamos que seguir viendo cómo aumenta la deuda porque nuestros gobernantes –otrora ciudadanos de a pie– ahora no pueden vivir sin opulencia.
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Hace 5 añosAbiertamente, funcionarios de elección popular divulgan la gestión de recursos económicos estatales para hacer proselitismo que nada tiene de velado. Divulgan el uso de fondos estatales para la compra de equipos electrónicos para regalar; al igual que becas del Ifarhu; ayudas económicas para ciudadanos que al mismo tiempo son electores. Incluso, un diputado adelantó que entregará cheques del programa Capital Semilla de la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa para apoyar a emprendedores y así reactivar la economía de uno de los distritos de su circuito. Si esto no es usar el dinero de los panameños para fines políticos, electoreros o clientelistas, alguien podría dar otra explicación que sea razonable sobre todas estas iniciativas, que, dicho sea de paso, no se pueden realizar sin la expresa complicidad del Ejecutivo. Y no es uno ni dos, hay al menos media docena de diputados en las mismas, y seguramente hay más en fila con el mismo propósito. ¿Es para esto que la Asamblea quiere más presupuesto? ¿En que parte de la Constitución y/o la ley está dispuesto que estas actividades las pueden hacer los diputados? Esto no es más que un descaro de estos señores, carentes de toda vergüenza.
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Hace 5 añosNuestra sociedad no parece tener descanso, mucho menos paz. Todos los días hay un escándalo. El ciudadano promedio debe dedicarse todos los días a examinar qué hay detrás de cada ley; de cada contrato; de cada discurso, pues siempre hay una doble agenda, en la que hay que descubrir el verdadero propósito de todo o, de lo contrario, nos quedamos sin país, pues nos gobierna una partida de hipócritas que solo vive para el engaño y el robo. Esto lo percibe todo el mundo, incluso los de olfato poco desarrollado… menos el Presidente de la República, quien, estando tan cercanamente rodeado de la pestilencia, es inexplicable que todo le huela a rosas, a no ser que carezca de olfato o no respire o soporte muy bien la fetidez. El tufo a corrupción es tan insoportable que muchos jóvenes –que representan el futuro de la tierra que dice el presidente tanto amar– empiezan a emigrar a otros países. Este es un fenómeno nuevo, y que debe ser analizado por los gobernantes, pues sin ellos, no hay futuro. Y muy bien saben los políticos que el pillaje y el latrocinio no generan riqueza, y siendo ellos unos inútiles sátrapas, el país se irá hundiendo poco a poco, mientras el presidente, inevitablemente, se impregna del mismo olor que es incapaz de percibir.
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Hace 5 añosPanamá está muy atrás respecto a legislaciones de países como Colombia, Perú, México, Argentina, incluso, respecto a República Dominicana y varios vecinos de Centroamérica, en el tema de la extinción de dominio de bienes ilícitos. Esto es que el Estado pueda contar con una herramienta legal para despojar a individuos y organizaciones criminales de sus bienes mal habidos, amasados gracias a sus actividades ilícitas. El objetivo es combatir el creciente poder económico de estos sujetos y organizaciones delictivas, pues actualmente nada impide que puedan usufructuar estos bienes, aunque sean hallados culpables de sus delitos. Pero en la Asamblea Nacional, este proyecto de ley, presentado hace más de seis meses por el Ejecutivo, está perdido en alguna gaveta, pues nadie se acuerda de su existencia, ya que los diputados están ocupados en crear leyes para acomodarse mejor. Queda claro que la perspectiva de perder bienes producto de actividades ilícitas no es una de sus prioridades; el tema ni siquiera les produce un bostezo, quizá porque una ley con semejante alcance perjudicaría la buena vida que se dan, no por el salario que reciben, sino por sus ingresos extraoficiales que, ciertamente, son mucho mayores que sus salarios. Luego se preguntan por qué los tratan como delincuentes.
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Hace 5 añosEl magistrado Cecilio Cedalise envió una carta al presidente de la Corte Suprema en la que exige una investigación por la filtración de su proyecto de fallo a favor del expresidente Ricardo Martinelli por el caso del espionaje a las comunicaciones privadas de unas 150 personas, y se castigue a los responsables de la filtración. Es una ironía que este magistrado exija la misma investigación y castigo para los que resulten responsables de la filtración, al mismo tiempo que su proyecto de fallo invalidaría toda la investigación y el juicio de los pinchazos, a pesar de que él firmó la sentencia que ratificó todas las actuaciones en este proceso del entonces magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, salvo la competencia de la Corte Suprema para seguir con este caso, dado que el acusado renunció a su condición de parlamentario. Incluso, así lo reconoció la propia defensa del acusado, cuando uno de sus abogados dijo que ese fallo era “agridulce”, pues, mientras el caso era enviado a la justicia ordinaria, por otro lado validó todas las decisiones anteriores del juez de garantías, incluido el tema de la imputación, motivo de este proyecto de fallo. Sin embargo, Cedalise ahora tiene nueva opinión y que contradice lo que antes no tuvo reparos en ratificar.
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Hace 5 añosLa Ciudad de la Salud —otrora Ciudad Hospitalaria— debería llevar un tercer nuevo nombre, más apropiado, y que refleja mucho mejor lo que fue y lo que es ahora: Ciudad de la Coima y el Malgasto. Fue en el gobierno de Ricardo Martinelli que la obra se adjudicó a la empresa de origen español FCC. El costo original de esta megaobra —que se paga con fondos de la tambaleante Caja de Seguro Social (CSS)— era de unos $554 millones, pero ayer, el director general de la institución reveló que terminará costando más de $1,040 millones, casi el doble. Esta obra tiene un pasado oscuro, pues exejecutivos de FCC confesaron al Ministerio Público que, para que esta le fuera adjudicada, tuvieron que acceder al pago de una coima del 9% del valor de la obra; y eventualmente se sumaron, según el testimonio del delator, otros $12 millones, con lo que el monto a pagar en coimas ascendió a unos $65 millones. Para cuando el delator dejó FCC, en 2013, dijo que la empresa había pagado en coimas $15 millones. Es así como los gobiernos pactan muchas de las obras, con ofertas infladas, a fin de que la corrupción pueda recibir su “comisión”. Y esta obra, obviamente, no ha sido la excepción.
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Hace 5 añosPareciera que los diputados no se cansan de enfrentarse a sus electores. Su propuesta –aprobada en tercer debate– para reformar el Código Electoral incluyó un desatino más: que la Asamblea Nacional pueda amnistiar a los candidatos que sean multados por no entregar los informes de ingresos y gastos de campaña pagados con recursos privados. El mal olor de su maleantería se les nota a kilómetros de distancia, pues esta propuesta lo que busca en el fondo, una vez más, es la opacidad; ocultar a sus donantes. ¿Y por qué sería necesario esconderlos? Si alguien tiene alguna duda del porqué, quizás ayude a entender que sus donantes seguramente serían unos impresentables: líderes pandilleros; empresarios que buscan garantizarse negocios con el Gobierno; narcotraficantes y todo lo más que no pueda asomar su cabeza en la política porque sería un escándalo. Eso es lo que buscan nuestros flamantes diputados: ocultar las inmundicias de las que están hechos sus potenciales donantes. Y es que hay algunos en esa Asamblea que no podrían conseguir un real de la gente decente de sus circuitos. Por eso están dispuestos a vender su curul y conciencia a lo peor de la sociedad para así lucir su Prado y una corbata.

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