Hoy por hoy

El Ministerio de Ambiente, que se supone debe salvaguardar nuestro patrimonio natural, ha inventado un instrumento legal para utilizar zonas que, precisamente, han sido elegidas para ser resguardadas de la explotación, cualquiera que esta sea. Lograr esa autorización es fácil: el solicitante solo debe demostrar que se estableció dentro de una reserva antes de que esta fuera declarada como tal. Con esa demostración, se hará acreedor de uno o varios “certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas”. De ahora en adelante, donde antes había bosques, ahora veremos fincas agroindustriales o lo que sea que se pueda explotar. Si Miambiente no tiene un inventario de la ocupación actual en las zonas protegidas, ¿cómo hará para corroborar que toda la información que aporte el peticionario, sea cierta? ¿Qué tan difícil puede ser probar que se ha ocupado un espacio en una zona que luego fue declarada protegida? Si decenas de familias pudieron demostrar a la Anati que por años ocuparon kilómetros de costas en Juan Hombrón, para así venderlos a la familia Papadimitriu, ¿qué tan difícil puede ser cumplir el requisito que ahora exigirá Miambiente, en especial si se trata de un político? ¿Qué parte de “área protegida” no entiende el ministro? ¿Acaso se puede ser más obtuso?