Hay un nuevo imputado como parte de la operación Pandora.
Adolfo Cosme Quintero Aguilar, quien tenía orden de aprehensión desde el pasado 7 de julio, finalmente se entregó de forma voluntaria y este viernes 31 de julio tuvo una audiencia ante un juez de garantías que le imputó cargos y ordenó su detención provisional.
Quintero ha sido identificado como accionista y beneficiario final de Master Eco Green, S.A., una de las sociedades intermediarias que gestionó los créditos fiscales manipulados por una red que alteró el sistema e-Tax 2.0. de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Durante una audiencia, que inició este viernes a las 11:22 a.m., la juez de garantías Eybis Jaén legalizó la aprehensión de Quintero −quien se había entregado el pasado miércoles− y, seguidamente, lo imputó por presunto blanqueo y delincuencia organizada. También dictó su detención provisional.
La juez consideró que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada acreditó suficientes elementos para proceder contra Quintero.
Entre esos elementos están las declaraciones de otros cinco imputados que lo señalan como el intermediario entre los funcionarios de la DGI y el banco que adquiría los créditos. También repartía el botín: él era quien establecía el monto que recibiría cada uno. Ese monto oscilaba entre el 2.3% a 4.5% de cada transacción; él se quedaba con una comisión mucho más elevada: de 18%. Los pagos se hacía invariablemente los días 15 y 30 de cada mes, para evitar sospechas.
Una de esas declaraciones es la de José Miguel Jurado Rovira, representante legal de Servicios de Asesoría y Administración Jurado, S.A., quien dijo haber acompañado a Quintero al Bac International Bank en varias ocasiones.
Dicha entidad bancaria adquirió la mayoría de los créditos fiscales objeto de la investigación. El Bac ha dicho en varias ocasiones que actuó de buena fe, que quiere colaborar con la fiscalía y la DGI y que algunos documentos y contratos de cesión de los créditos fiscales son falsos. De hecho, hace un año presentó una denuncia penal al respecto, por falsificación de documentos. El expediente fue archivado provisionalmente tres meses después.
Jurado dijo a la fiscalía que en una ocasión acompañó a Quintero a las oficinas del Bac en Costa del Este, para que supuestamente Ramón Chiari, presidente ejecutivo del banco, firmara un contrato de cesión de créditos fiscales. Posteriormente, llevó ese contrato a una notaría.
Jurado contó que, en otra ocasión, Quintero le dijo que sostenía comunicaciones con un ejecutivo del departamento legal del banco.
El fiscal Emeldo Márquez también mencionó una entrevista de Héctor Gabriel Luna, otro de los imputados, quien aseguró que Quintero era el enlace con el Bac. Lo mismo repitió Karen Pitty, también imputada y representante legal de Master Eco Green, S.A., una sociedad intermediaria utilizada por la red. Quintero fue pareja de Pitty; ella lo identificó como accionista y beneficiario final de Master Eco Green.
Otro que mencionó a Quintero en su declaración fue el abogado Jercovick Joyner, de la firma Apriori Legal, agente residente de otras sociedades utilizadas como intermediarias. Según el fiscal, Joyner admitió que la red se apropió de los créditos fiscales y apuntó a Betzy Rodríguez, una exfuncionaria de la DIG que utilizó su clave para modificar información almacenada en el sistema e-Tax 2.0. Joyner habría contado que, en una ocasión, no lo contactó Betzy, sino Quintero.
Eduardo Silvestre, exjefe del departamento de Cuenta Corriente de la DGI, también apuntó el dedo acusador y dijo que Quintero se encargaba de negociar y colocar los créditos fiscales objeto de la investigación.
El fiscal calculó que Quintero movió $15 millones relacionados con el esquema fraudulento. A su cuenta personal fueron a parar $ 1.08 millones.
No obstante, La Prensa encontró documentación de la fiscalía que indica que Quintero habría recibido poco más de $1.6 millones en 28 transferencias realizadas por Master Eco Green, S.A., después de recibir los pagos obtenidos producto de las cesiones de créditos fiscales. Las transferencias ocurrieron en menos de tres meses -entre el 10 de octubre de 2024 y el 1 de enero de 2025- y se realizaron desde una cuenta a nombre de Master Eco Green en Bac International Bank.
En tano, los abogados defensores Daniel Vallejos y Madelaine Rojas, alegaron que su cliente no laboraba en la DGI y que no tenía forma de saber que los créditos fiscales negociados se habían obtenido de forma fraudulenta.
Plantearon que su defendido se dedica a una actividad enteramente legal y que correspondía a la DGI mantener el control de los documentos y la información almacenada en el sistema e-Tax 2.0.
Todos -Jurado, Pitty, Joyner, Luna, Silvestre, Betzy Rodríguez y ahora también Quintero...- están imputados y con medidas cautelares de detención provisional, salvo Silvestre y Rodríguez, que tienen deposito domiciliario.
La fiscalía les endilga la presunta comisión de cuatro delitos: blanqueo, falsificación de documentos, corrupción de funcionario y delincuencia organizada.
