TEMA: Hoy por Hoy


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Hace 2 añosDe acuerdo con nuestra Constitución, el Órgano Legislativo –es decir, los diputados de la Asamblea Nacional– nombra al contralor y al subcontralor general de la República. Pero no es todo, también aprueba o desaprueba los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los procuradores general de la Nación y de la Administración, incluso, al defensor del pueblo y a uno de los magistrados del Tribunal Electoral y su suplente. En otras palabras, los diputados nombran y/o aprueban o desaprueban la designación de los agentes de control y de justicia. Al margen de las leyes que puedan aprobar, los diputados tienen en sus manos importantes decisiones que pueden resultar en un desastre si los que llegan al poder son una escoria política. Por ello es importante que nos tomemos en serio la elección de los diputados en mayo. Si nuevamente elegimos mal, tendremos un contralor como el actual que actuará en función de sus amigos y copartidarios, que no rendirá cuentas ni se las exigirá a nadie. Si queremos cambiar el rumbo de nuestro país y evitar una situación como la que hoy vivimos con los auxilios económicos del Ifarhu, necesitamos elegir mejores diputados.
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Hace 2 añosEs un saqueo descarado. El Tesoro es víctima de un asalto flagrante por parte de desvergonzados, que cuentan con el respaldo explícito y la connivencia de la Contraloría. Tan aberrante es la situación, que la Cámara de Comercio ha emitido un juicio contundente: el contralor, en lugar de defender las responsabilidades constitucionales de fiscalizar y supervisar el manejo de los fondos estatales, se ha convertido en el artífice de esta opacidad sistémica. Su negligencia no solo se refleja en la distribución de los auxilios económicos del Ifarhu, sino también en cada uno de los escándalos en los que sus acólitos están implicados y por si fuera poco, los diputados le han conferido poderes para auditar o no, para revelar o sepultar información crítica. No solo han abusado de su poder, sino que se han mofado descaradamente de la nación. El pueblo debe alzar la voz para poner fin a esta rapiña institucionalizada. Necesitamos líderes íntegros para superar estos tiempos de deshonra, y como bien articuló el cardenal hondureño Óscar Rodríguez, “Robar es robar (…) No se puede construir una sociedad justa en una sociedad de ladrones”. Nos jugamos nuestro futuro, pero debemos ser conscientes de que nada cambiará si no empezamos por una transformación personal y colectiva.
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Hace 2 añosEl caso de Barrio Norte no solo es inaudito, sino también un vergonzoso ejemplo de la ineptitud y opacidad en la gestión de fondos públicos, dominada por cacicazgos políticos que acaparan -desde la Asamblea Nacional- la representación popular. La declaración de su representante de corregimiento, en la que afirma que no se invirtió porque la comunidad no solicitó obras, plantea serias dudas sobre su compromiso real con los intereses ciudadanos. La falta total de transparencia en el uso de los $14.1 millones asignados, sumada a una lista de compras que más parece un favoritismo clientelar, revela un juego de intereses partidistas que sacrifica el bienestar comunitario. ¿Dónde está el dinero de los ciudadanos? El pueblo merece líderes que pongan sus necesidades por encima de agendas políticas personales y trabajen incansablemente en su beneficio. La ciudadanía tiene la oportunidad crucial de elegir sabiamente en las próximas elecciones del 5 de mayo, y es imperativo que decidan con conciencia, votando por aquellos comprometidos genuinamente con el progreso y la prosperidad de todos.
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Redacción De Prensa.comHace 2 añosLa transparencia debería ser la piedra angular de toda gestión pública, pero parece que el actual contralor nunca comprendió su responsabilidad. Públicamente, asumió la responsabilidad por el ocultamiento de información sobre los beneficiarios finales de los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Esta declaración, lejos de servir como un manto de absolución, resalta como un recordatorio de su deber incumplido. Nombrado guardián de las finanzas públicas, esperábamos de él una defensa férrea contra la corrupción, no una colaboración con ella, especialmente considerando que la gestión del Ifarhu ya había mostrado signos de irregularidades desde sus inicios. Haber admitido públicamente que se benefició de auxilios económicos en el pasado, desde una posición de privilegio político y económico, lejos de justificar sus actos, lo muestra como cómplice del abuso de los recursos del Estado para beneficio de unos pocos privilegiados. La posición del contralor, lejos de ser neutral y objetiva, parece estar teñida por influencias y favores políticos, erosionando los principios de independencia y confiabilidad que deberían regir su cargo. Debe renunciar, no solo por su gestión deficiente y parcial, sino porque ha fallado fundamentalmente en el deber de actuar con transparencia y probidad, en la fiscalización de los recursos de todos los panameños.
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Hace 2 añosA finales de octubre de 2022, el Consejo Nacional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) —el máximo organismo de esta institución— anunció cambios, justo cuando se desató la ira colectiva al saberse cómo se repartían millones de dólares entre personas vinculadas al Gobierno y sus allegados para que sus hijos estudiaran con fondos públicos. Prometieron transparencia, pero, como es habitual, resultó ser otra falsedad, ya que durante siete meses más, el Ifarhu entregó —con la aprobación de la Contraloría— más de 750 auxilios no reembolsables sin revelar a quiénes se les asignaron más de 16 millones de dólares a través de este programa. Los contrastes en nuestro país son estremecedores. Mientras que un adolescente panameño de 15 años pierde la vida esperando una atención médica oportuna y de calidad por parte del sistema de salud público, la cual nunca llega, otros disfrutan de sumas significativas de dinero público gracias a la complicidad de las autoridades. Esta dura realidad pone al descubierto una profunda injusticia y desigualdad en las prioridades de nuestros gobernantes. Es un motivo de vergüenza nacional que llama a un cambio urgente y radical en la administración de nuestros recursos, demandando un liderazgo que ponga por encima de todo el valor de las vidas humanas en lugar de los intereses políticos y personales.
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Hace 2 añosAl solicitar al Ifarhu la identidad de los beneficiarios de auxilios económicos no reembolsables, la dirección incumplió abiertamente la Ley de Transparencia, negando la información bajo el pretexto de confidencialidad. Esta acción constituye una infracción clara de la normativa. De manera similar, la Contraloría se ha sumergido en este ocultamiento como parte de una estrategia planificada y deliberada, facilitando activamente la retención de información crucial. Esta institución, en lugar de ejercer transparencia, ha optado por proteger los nombres de miles, no por privacidad, sino para obstruir el escrutinio público sobre el desvío masivo de fondos destinados a la educación de familiares y allegados de la élite política. Esta conducta de la Contraloría no es mera burocracia; es complicidad en el saqueo de fondos públicos, un claro reflejo de la corrupción institucionalizada. La estrategia de mantener esta información en secreto busca evadir la justa indignación ciudadana y eludir la rendición de cuentas por estas prácticas corruptas. La verdad sobre la magnitud de este robo está saliendo a la luz. Tarde o temprano, los responsables, incluido el Contralor, deberán enfrentar las consecuencias legales de este desfalco, lo que exigirá una explicación pública y conllevará repercusiones legales inmediatas.
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Hace 2 añosAl examinar la lista de beneficiarios del Ifarhu en el otorgamiento de auxilios económicos no reembolsables, se hacen evidentes todos los vicios de la política barata: corrupción, clientelismo, arbitrariedad, tráfico de influencias, falta de transparencia, oportunismo, entre otros, en una lista que parece interminable. Cada funcionario que ha estado al frente de esta institución en los últimos años deberá rendir cuentas, ya que entre los beneficiarios figuran nombres de personas que no necesitan estas ayudas y que fueron seleccionadas con criterios políticos. La Contraloría también debe responder por haberse convertido en una tapadera que permitió a unos pocos despojarnos de fondos destinados a estudiantes sin recursos pero con potencial académico. Han ensuciado con dinero ilícito las carreras de sus familiares, privando de oportunidades a quienes realmente necesitan ayuda. Sus acciones inescrupulosas prohíben el crecimiento de jóvenes de escasos recursos; desperdician talentos, condenándolos a recibir la peor educación de las últimas décadas. La ignorancia de estos políticos no les permite ver que, al quitar oportunidades a quienes realmente las necesitan, empobrecen aún más al país. Ese es el Panamá que nos espera con políticos ciegos y codiciosos.
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Hace 2 añosEl Colegio Nacional de Periodistas organizó una cita con los candidatos presidenciales para abordar el tema de la libertad de expresión, y aunque los aspirantes mejor posicionados en las encuestas no se presentaron, aunque uno envió a su candidato a la vicepresidencia, la oportunidad sirvió para hacer una aproximación a la poca importancia que le dan los políticos a uno de los pilares de la democracia. La discusión fue accidentada, algunos candidatos fueron impuntuales y, en ocasiones, la discusión generó altercados que deslucieron no solo el encuentro, sino la dignidad que deberían mostrar los candidatos frente a una audiencia que se tomó el trabajo de ir a escucharlos. Una de las candidatas, actual diputada y con acusaciones penales en su contra, tuvo intervenciones carentes de respeto a la libertad de expresión, los medios y los periodistas. Convirtió el escenario en contienda de arrabal, haciendo gala de sus gritos y desenfreno, manipulando los tiempos de intervención a su antojo, hasta uno de los participantes, con palabras certeras, la puso en su sitio. Sin embargo, la indiferencia mostrada por la mayoría de los candidatos es una advertencia sombría de que nuestra democracia podría encaminarse hacia una era de silencios forzados, en la que la voz del pueblo esté en peligro de ser apagada. Sin duda que el autoritarismo demostrado por algunos candidatos es clara señal de ello.
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Hace 2 añosLos traslados de partidas aprobados secretamente desde hace años por la Comisión de Presupuesto para pagar sus planillas —de los que no hay actas ni información— son lo más abusivo que han hecho los diputados, la mayoría del oficialista PRD, cuyo presidente también lidera esa comisión. Hemos perdido el grado de inversión por causas como estas: una genuflexa disciplina fiscal; por malgastar recursos en personal cuya labor desconocemos. El Legislativo y el Ejecutivo, en una mancuerna de sinvergüenzura, se pusieron de acuerdo para usar ahorros en planillas fantasmas, lo cual merece una investigación inmediata y, si hay lugar para denuncias penales, no hay que perder tiempo. La información sobre la ejecución del presupuesto de la Asamblea Nacional es un secreto: nada se sabe, porque, entre otras cosas, los diputados se han encargado de que así sea, limitando el acceso a la Comisión de Presupuesto y suspendiendo la transmisión de sus sesiones por televisión y por medios digitales. Además, resulta más que claro el contubernio con el Ministerio de Economía y Finanzas, que permite el desvío descabellado de fondos para fines que solo una investigación podría determinar. ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo?
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Hace 2 añosEs evidente que Ecuador infringió la Convención de Viena al irrumpir en la sede diplomática de México para arrestar a Jorge Glas, quien había recibido asilo en esta embajada. Todos los países comprometidos con la democracia debemos rechazar enérgicamente este acto que atenta contra la estabilidad e integridad de las relaciones internacionales. Este precedente de asaltar embajadas es aterrador y pone en riesgo la seguridad y la soberanía de las representaciones diplomáticas a nivel mundial. Aunque podríamos limitarnos a este análisis, no podemos ignorar los antecedentes graves que motivaron la acción de Ecuador. El asilo otorgado a individuos como Jorge Glas en Ecuador y Ricardo Martinelli en Panamá, ambos condenados por delitos comunes, resalta el abuso de la figura del asilo político que puede desvirtuar su propósito esencial. Es imperativo distinguir entre el refugio legítimo y el que se brinda a quienes buscan evadir la justicia. Además de estar atentos y vigilantes para que las herramientas democráticas no sean utilizadas para socavar nuestras democracias, debemos condenar a los países que las emplean para proteger delincuentes, minando así la confianza en el sistema internacional de asilo y refugio. Reconocemos que tanto Ecuador como Panamá están luchando contra el crimen organizado y la corrupción, esfuerzos que deben ser apoyados en nuestro objetivo común de construir una región más justa y transparente.

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