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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Hace 2 añosLos intentos de evitar que la bancada de los diputados independientes esté completa y que todos sus miembros estén presentes en las elecciones de la próxima junta directiva de la Asamblea Nacional carecen de fundamento, pero pueden lograr su objetivo. Se trata de impugnaciones anacrónicas que buscan retrasar la toma de posesión de sus respectivos cargos y, de paso, facilitar la elección de una directiva a medida de los partidos oficialistas y pro oficialistas. Es notorio, por ejemplo, el caso del circuito 8-2 (San Miguelito), donde los candidatos a diputados del PRD sufrieron su peor derrota. La estrategia para que las bancadas de oposición no estén completas el próximo 1 de julio, fecha en que se eligen las nuevas autoridades de la Asamblea, también debería ser evidente para el Tribunal Electoral (TE), que ante estas maniobras dilatorias, debe desempeñar el rol que le corresponde a fin de impedir que estas temerarias acciones violenten el mandato popular. Los partidos políticos comienzan mal, con sucias jugarretas nada disimuladas, que los muestran tal como son y evidencian su desesperación por mantener el status quo en la Asamblea Nacional, lo que precisamente los ha llevado a perder las simpatías del electorado. ¡Nada han aprendido!

Hoy por hoy

Hace 2 añosAños atrás, este medio descubrió escandalosas bribonadas cometidas contra el deporte y deportistas panameños, cometidas por federaciones deportivas y diputados. El país se enteró de cómo millones de dólares terminaron en manos de diputados y proveedores que inflaron los precios de sus productos para venderlos al Estado y luego repartirse el producto de su fechoría. Ahora, una vez más, gracias al esfuerzo periodístico de este medio, estamos frente al descubrimiento de más situaciones irregulares, con el mismo patrón del pasado. Convocatorias de proveedores tardías para hacer compras directas, sobreprecios y jóvenes perjudicados por la codicia e incompetencia de funcionarios y empresarios. Esta gente escamotea a costillas de los atletas: les roban no solo su educación y futuro, también los despojan de sus sueños deportivos. ¿Se puede ser más miserable? Ignoramos cómo viene el nuevo gobierno, pero al menos, las sabandijas de hoy estarán fuera del servicio público en unos días. Ojalá sus reemplazos pidan de inmediato auditorías, porque esto no es lo único que huele a podrido. Hay indicios de exorbitantes sobreprecios en el mantenimiento de canchas deportivas en barrios capitalinos.

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Hace 2 añosUn fallo de la Corte Suprema impedirá que el procurador de la Administración inicie una investigación sobre el destino de cientos de millones de dólares del programa de la Descentralización. Impide que todos los panameños —que somos los que aportamos los impuestos para este programa— conozcamos en qué y cómo se lo han gastado. Este medio, en particular, ha publicado investigaciones periodísticas que reflejan irregularidades, algunas de estas muy serias, y que merecen, al menos, la atención de un funcionario, ya que hay algunas instituciones de control, que pudiendo hacer algo, no lo hacen, y la Corte ahora impide que lo haga alguien más, a pesar de que la Procuraduría de la Administración está facultada constitucionalmente para hacerlo, al menos en el ámbito administrativo. Esta decisión provoca retrocesos, y contribuye al notable oscurantismo con que esta Administración ha manejado el Estado, especialmente el dinero de todos nosotros. Impedir que un funcionario investigue lo que ha sucedido con esos millones de dólares es fomentar la falta de transparencia y desanima a los ciudadanos decentes de este país que aspiran a que la gestión gubernamental rinda cuentas de lo que hace, y cuestiona, al mismo tiempo, el papel de la justicia en casos como estos.

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Hace 2 añosEl Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha ordenado suspender todo acto de compra de bienes y servicios, así como cesar el nombramiento de nuevo personal y los ajustes salariales, atendiendo a una directriz in extremis para ordenar las finanzas públicas. De paso, recordó a las entidades del Estado que deben abstenerse de contraer nuevas obligaciones si no tienen la partida presupuestaria o los fondos correspondientes. Si bien es una medida prudente y necesaria, también es cierto que es extemporánea e insuficiente, considerando el desastre económico que ha imperado en esta administración durante todo el quinquenio 2019-2024. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea hizo lo que le dio la gana –gracias al beneplácito del MEF y la Contraloría– con distintos presupuestos del Estado. El MEF ha permitido el despilfarro y el malgasto de dinero, destinando, por ejemplo, cientos de millones de dólares al pago de planillas, auxilios económicos y fondos de la descentralización a los amigos del gobierno y copartidarios, dejando a un lado las inversiones necesarias para estimular la economía. Esta orden del MEF responde a impedimentos legales existentes para seguir con el despilfarro, pero en el pasado nada hizo para detenerlo. Su herencia es la peor gestión económica y financiera de las últimas décadas.

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Hace 2 añosUn influyente y poderoso diputado –presidente del mayor colectivo del país, pero que se hizo añicos en las pasadas elecciones– tiene su curul pendiente de un hilo, ya que su proclamación ha sido impugnada por sospechas de que sobrepasó el límite de gastos para la elección de un diputado, establecido en $300 mil. Este personaje suele salirse siempre con las suyas y por eso el Tribunal Electoral (TE) debe jugar un rol de absoluta neutralidad para no terminar traicionando la voluntad popular. No debemos olvidar cómo una empresa de la región del diputado se prestó en 2019 para fondear la candidatura presidencial del actual gobernante, sobrepasando igualmente los límites trazados por la Ley para la elección presidencial, hecho este que nunca ha sido investigado por el TE, a pesar de la existencia de un respetable caudal de evidencias. Además de las sospechas de que su campaña costó más de lo que el diputado admite, a ello hay que agregar el volcado de recursos estatales –al menos en papel– para obras destinadas a su región, evidentemente, con fines electorales, algo que se viene haciendo desde hace años. Esperamos que esta vez el TE sea responsable y respete la Ley.

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Hace 2 añosEs más que evidente que algunos políticos están orquestando maniobras cuestionables con el fin de evitar que varios diputados puedan asumir su curul el próximo 1 de julio. Este esquema busca debilitar a las bancadas de candidatos electos por la libre postulación y a aquellos que les apoyarían, facilitando así un control más cómodo sobre las elecciones de comisiones y la junta directiva de la Asamblea Nacional. Las acciones de estos diputados de la vieja guardia, en complicidad con nuevos aliados, están dirigidas a neutralizar cualquier nueva fuerza dentro de la Asamblea. Su propósito es claro: no están dispuestos a perder ni un centímetro de su cuota de poder, garantizándose así no solo privilegios, sino también cumpliendo con las aberrantes intenciones dictadas desde una embajada extranjera en Panamá. Es fundamental que el Tribunal Electoral actúe con la mayor celeridad y en estricto apego al Código Electoral para resolver estas impugnaciones. No podemos permitir que estos juegos continúen manipulando el sistema a su favor y extorsionando el poder político desde las sombras. La esperanza de una Asamblea Nacional libre de manipulaciones y dominada por representantes dedicados al servicio público aún vive en el corazón de nuestra democracia.

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Hace 2 añosEl Tribunal Electoral (TE) se enfrenta a la crucial tarea de fallar una serie de impugnaciones presentadas, en particular aquellas relativas a las elecciones de diputados, antes del trascendental 1 de julio, fecha en la que estos asumen sus funciones. Este proceso no solo es esencial para la integridad de nuestra democracia, sino que también es imperativo para garantizar la legitimidad y el correcto funcionamiento de la Asamblea Nacional. Los magistrados del TE deben actuar con la diligencia y la severidad que el momento demanda. Las impugnaciones pueden ser utilizadas para prolongar indebidamente el proceso, generando incertidumbre y desestabilización. Este comportamiento es inadmisible y requiere una respuesta firme y justa, basada estrictamente en el derecho. Los ciudadanos merecen y esperan que todas las impugnaciones se resuelvan con una rigurosidad que refleje los principios de justicia y equidad, independientemente de la posición o influencia política de los implicados. Es fundamental que las autoridades electorales cumplan con su deber legal y que fortalezcan la confianza en nuestras instituciones, asegurando que las elecciones y sus resultados sean indiscutiblemente legítimos y reconocidos por todos los sectores de la sociedad.

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Hace 2 añosEn el complejo tablero político de nuestra nación, la lucha por el dominio del poder legislativo revela más que simples disputas partidistas; se trata de una contienda estratégica cuyos efectos resonarán en los vértices más altos del poder. A partir del 1 de julio, la configuración de la Asamblea Nacional no solo determinará la política diaria, sino también quién ostentará la capacidad de influir decisivamente en decisiones cruciales como la elección del próximo contralor, la presidencia de la Asamblea y la potencial aprobación de una ley de amnistía para complacer los intereses de un expresidente de la República asilado en la embajada de Nicaragua. Con la Asamblea tan fragmentada, donde ningún partido posee una mayoría clara y las alianzas se tornan tan volátiles como el viento, el cabildeo intenso y las negociaciones bajo cuerda se convierten en la moneda de cambio habitual. En este escenario, la habilidad para formar coaliciones estables y efectivas es más que una habilidad política; es una necesidad imperiosa. Quien controle la Asamblea, controla un poder descomunal, capaz de influir en la historia y en la estructura misma de nuestra democracia.

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Hace 2 añosAnte la compleja situación de la mina en las montañas de Donoso y Omar Torrijos, el próximo gobierno, enfrenta un desafío significativo. Esta mina, cuya actividad está actualmente paralizada, presenta serios riesgos ambientales y sociales que no pueden ignorarse. La contaminación creciente es una amenaza inminente, respaldada por informes de entidades como el Ministerio de Salud, Comercio e Industrias, y Ambiente, entre otros. Estos informes, resultado de inspecciones meticulosas, concluyen un escenario preocupante que requiere una respuesta urgente y bien planificada. La posición del presidente electo, José Raúl Mulino, de incluir en su agenda el cierre ordenado de la mina, es un paso en la dirección correcta, aunque la tarea no será sencilla. El ministro de Ambiente designado, Juan Carlos Navarro, ha subrayado la complejidad de este cierre, pero también su compromiso con llevarlo a cabo de manera responsable. La ejecución de este plan debe alejarse de posiciones extremas pero sin olvidar el clamor ciudadano, que ya se expresó contundentemente en las calles. Este enfoque no solo facilitaría la transición hacia una solución sostenible, sino que también demostraría que es posible equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental y social.

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Hace 2 añosLa reciente noticia de que el próximo gobierno abordará con renovada seriedad la crisis humanitaria en el Tapón del Darién es recibida con esperanza, tratándose de un asunto largamente descuidado con implicaciones políticas, sociales y económicas para toda la región. La designación de Frank Abrego como Ministro de Seguridad para el próximo quinquenio, a quien corresponderá abordar esta misión en primera instancia, no es fortuita. Su profundo conocimiento del terreno y de la problemática subyacente promete un enfoque más informado y eficaz. Esta medida es una clara señal de que estarán dispuestos a enfrentar este desafío con la urgencia que merece. No obstante, mientras aplaudimos este avance, es imperativo priorizar el respeto por los derechos humanos de los migrantes. Hacemos un llamado a las autoridades electas y a la comunidad internacional para que no solo respondan con medidas de control, sino con políticas que garanticen la protección y el respeto a la dignidad de cada migrante. La crisis del Darién no es solo un desafío logístico o de seguridad, sino una prueba de nuestra humanidad y valores compartidos.

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