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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por hoy

Hace 3 añosLas autoridades han sido extremadamente discretas en la divulgación y publicidad de actos públicos que tienen que ver con la construcción de un túnel –que nos costará, en papel, más de $525 millones– para el Metro, que busca unir, por esta vía, parte de la provincia de Panamá Oeste con esta capital. Poco o nada se sabía de una consulta pública al respecto, de su precio y de las encuestas que supuestamente hicieron a los residentes afectados por la obra. La transparencia, definitivamente, no es el fuerte de este gobierno, ya que una obra de tal trascendencia debió ir acompañada de actos menos secretos. ¿Cómo se hicieron estas consultas públicas? ¿Acaso está bien conformarse con una convocatoria celebrada la víspera de los carnavales, a la que solo acudieron 109 personas? ¿Cómo sabemos que no fue una consulta arreglada, como las que suele hacer el alcalde de la capital? Todo este proceso ha sido extremadamente sospechoso y más porque lleva años estancado, sin escuchar a ni uno de los responsables dando explicaciones al respecto. Ni siquiera nos han explicado por qué el proyecto ha subido tanto de valor. Mucho menos por qué mientras la línea 3 avanza, ya nadie habla del cuarto puente sobre el Canal.

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Hace 3 añosLos políticos, en su afán de acallar las opiniones de los ciudadanos, caen en lo más profundo de la ridiculez. Los diputados, por ejemplo, proponen adicionar un párrafo a la ley sobre el derecho a réplica que ordenaría que “el derecho a réplica se extienda a las cuentas que mantengan en internet las personas naturales y jurídicas, y las publicaciones digitales y en las redes sociales”. ¿Acaso van a obligar a un turista de Canadá a publicar una réplica del director de la Policía si él emite una opinión contra el funcionario? ¿O tratarán de que la Embajadora de EU en Panamá publique una réplica si dice que el Gobierno de Panamá debería hacer más esfuerzos para que se respete la libertad de expresión en el país? En otras palabras, ¿a quién le van a exigir que cumpla la réplica? Esta propuesta es de una ridiculez sin par. Y lo que busca es amedrentar, amenazar a los ciudadanos que emiten sus opiniones en las redes sociales. Es meterse directamente con la libertad de expresión, ya que los que reclaman una réplica pueden hacerlo respondiendo directamente a los comentarios del que los hace, tal como ocurre actualmente. Este proyecto de ley solo es un reflejo de la más vergonzosa y absoluta ignorancia y del mal uso del poder que ostentan gracias a sus electores.

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Hace 3 años'La Prensa', en un esfuerzo casi inédito, ha hecho una compilación de los nombres de personas naturales y jurídicas que aparecen en la vista fiscal del caso de corrupción más polémico del país, por los personajes involucrados, los montos robados y el alcance que tuvo a lo largo de tres gobiernos de tres partidos políticos distintos.

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Hace 4 añosLas acciones de violencia protagonizadas por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil rayan en un intento de golpe de Estado, porque el radicalismo de estos cuasi terroristas les impide reconocer la victoria en las urnas del reelecto presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Bolsonaro, por más que intente desvincularse del asalto a las sedes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tiene responsabilidad en todo lo que ha pasado. Las autoridades brasileñas tienen evidencia de que los actos de violencia no fueron espontáneos.

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Hace 4 añosLa gesta heroica del pueblo panameño el 9 de enero de 1964 exigiendo soberanía sobre la Zona del Canal marcó un antes y un después en las relaciones con Estados Unidos, cuyos soldados avasallaron con sus armas de guerra a miles de nacionales que salieron en defensa, primero, de los estudiantes del Instituto Nacional que fueron a izar la bandera en escuela de Balboa, y luego, para unirse al viejo clamor de recuperar la franja canalera que dividía en dos el territorio nacional. Esos hechos poco a poco se olvidan, aunque nos queda el Día de los Mártires, que se suma a los días de asueto, sin mayor trascendencia, aunque la muerte de 21 panameños en esas fechas fue el detonante para recuperar nuestra soberanía. Omar Torrijos logró la firma de un tratado para poner fin al perpetuo enclave extranjero en el corazón del país, pero también desde entonces, hemos sido testigos de la voracidad de algunos políticos, incluyendo los del colectivo que se hace llamar el “partido de Omar” que no solo se apropiaron de bienes revertidos, sino que gobierno tras gobierno se roban también las riquezas naturales, el patrimonio, las libertades y hasta la democracia de todos los panameños. ¿Qué pensarían nuestros mártires de tales abusos? ¿Es así como se honra a quienes dieron su vida por el sueño de un país libre y soberano?

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Hace 4 añosLa investigación que lleva a cabo el Ministerio Público sobre el uso de decenas de millones de dólares por parte de 187 juntas comunales durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, aún no finaliza. La Corte Suprema le ha concedido un nuevo plazo a los fiscales para que concluyan su trabajo, que empezó con una pesquisa de oficio tras la publicación, en 2013, de investigaciones periodísticas de este medio. El riesgo es que el nuevo plazo pone en peligro todo el caso, pues es probable que prescriba en 2024, año en que también debería finalizar la compleja investigación, con lo que nuevamente el Estado sería víctima de la rampante impunidad que reina en Panamá. Cientos de millones de dólares fueron canalizados a diputados del período 2009-2014 que, a su vez, terminaron en juntas comunales remotas, donde, incluso, el rastro del dinero se perdía, aunque se pudo determinar que gran parte de esos fondos fueron dilapidados. Este caso pone en evidencia las serias falencias del Ministerio Público para perseguir el delito. Urgen cambios para llevar a los acusados a la justicia; impedir a toda costa la impunidad y la falta de dinero para nombrar auditores y otros especialistas. Por eso necesitamos elegir a verdaderos políticos y no a ladrones vestidos de saco y corbata.

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Hace 4 añosEl fracaso de esta administración para promover el turismo una vez terminada la pandemia es alucinante. Hasta había un “gabinete turístico” que nos preguntamos qué hizo durante los meses de confinamiento y encierro, pues no fueron capaces de elaborar un plan para reactivar el sector ahora que ha pasado lo peor de la pandemia respiratoria. No hay coordinación ni estrategias; nada se ha logrado por la iniciativa gubernamental, salvo por la inercia. A la fecha, la ocupación hotelera no supera el 60%. No son esas leoninas leyes de incentivos fiscales las que pondrán en marcha el turismo. Se necesita imaginación, creatividad y una buena dosis de voluntad para hacer las cosas. Tenemos 5 mil habitaciones de hotel cerradas y esa inversión parece importarle poco al Gobierno, que permanece con los brazos cruzados mientras esta industria pierde competitividad. Panamá necesita aumentar el flujo de turistas, pues es una importante forma de recuperar la economía, pero la incompetencia es tal que todo indica que este año tampoco se recuperaran los niveles prepandemia. Ya hemos visto cerrar prestigiosos hoteles, porque, sencillamente, este problema –en época preelectoral– es insignificante para políticos y funcionarios de turno. Total, los turistas no votan.

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Hace 4 añosLa ignorancia de las autoridades locales es cada día más evidente. Sus conocimientos de la ley y la Constitución, incluso, de la legislación municipal, son escasos y actúan –cada vez con más frecuencia– en atención a sus criterios personales, sin considerar –ni mucho menos respetar– el orden legal y constitucional del país. Sus absurdas órdenes para limitar la presencia de los ciudadanos en las playas viola flagrantemente disposiciones sobre libertad de tránsito y de movilización. Las razones pueden ser entendibles, pero no por eso tienen derecho a violentar la libertad de los ciudadanos, cuando lo que deben hacer es mejorar su protección. No tienen por qué pisotear la Constitución en aras de evitar situaciones de riesgo para la sociedad. Pareciera que la manera en que han decidido enfrentar la delincuencia, es impidiendo la circulación y mandando a todo mundo para su casa. Por cierto, ¿cuál es el rol de la Policía en esta situación? En el país sobran los comisionados y subcomisionados (supuestamente hay casi 300), pero ni uno es capaz de implementar un plan (al menos uno que sí sirva...) para atacar la criminalidad, sin restringir las libertades. Eso, lejos de ser una solución, es crear otro problema y no solo innecesario, sino también legal. Esta es su responsabilidad y para eso se le paga bien: para proteger y servir.

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Hace 4 añosEl Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha dispuesto en cuatro años (lo que prácticamente equivale al gobierno de Cortizo) de casi $75 millones para “auxilios económicos”. La cifra, aunque elevada, no llamaría tanto la atención, si no fuera porque el director del Ifarhu no tiene que dar explicación ni rendir cuentas sobre estas ayudas. Y la Corte Suprema avaló con un fallo esta sinvergüenzura, luego de negarle a este medio una petición de hábeas data para conocer los nombres de los beneficiados de los auxilios económicos no reembolsables del Ifarhu. La Corte se convirtió en tapadera del mal uso del dinero del Estado, como lo hemos visto en recientes publicaciones sobre el Ifarhu. ¿Cómo saber si esos $75 millones se usaron con buen criterio? ¿Cómo vigilar a los que manejan nuestro dinero? ¿Qué esconden los magistrados con esta sentencia? ¿Temen ver nombres de familiares en ese listado? Si es así, ¿de qué vale pagar una educación en las mejores universidades del mundo, si lo hacen con dinero cuestionable e inmerecido? Eso es sembrar semillas de corrupción. Si el presidente de la República debe rendir cuenta de las partidas discrecionales, ¿por qué el director del Ifarhu no? Así de podrido huele todo esto.

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Hace 4 añosEn su informe a la Nación del pasado lunes, el presidente de la República insistió en que las soluciones al problema financiero del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS) deben salir de la mesa del diálogo. Fue todo lo que dijo, pese a que todo el país esperaba mucho más que remitir el problema a un diálogo estancado desde hace meses; cuyos miembros no se reúnen y cuyo coordinador carece de legitimidad. Proyecciones hechas en base a los números proporcionados por la CSS revelan que las reservas de este programa –que paga las pensiones y jubilaciones de más de 200 mil personas– se acabarán antes de finalizar el año. El presidente parece ignorar que, si bien el Gobierno no es el dueño de la institución, las repercusiones que tendrá su dejadez afectarán no solo a su gobierno, sino a todo el país, provocando zozobra e incertidumbre, porque seguramente la paz social desaparecerá ante la presencia de miles en las calles, reclamando no solo el dinero de sus pensiones y jubilaciones, sino un arreglo definitivo a este problema, que también tiene consecuencias para las nuevas generaciones cotizantes de la CSS. ¿Cuándo reaccionarán ante este gravísimo problema?

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