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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy

Hace 3 añosEl diputado y presidente del PRD ha reconocido que antes de ser parte del Órgano Legislativo, era transportista, negocio del que aún sigue usufructuando. En consecuencia, él mismo ha confirmado todo lo publicado por La Prensa, pero la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), para castigar a este medio, utilizó dos argumentos disparatados: el que todos conocemos (sobre el uso de la foto sin permiso) y que la información entregada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre a La Prensa sobre las concesiones a favor del diputado es material confidencial. ¿De dónde sacó esa interpretación la Antai? ¿De cuándo acá las concesiones del Estado a favor de terceros son confidenciales? Si este argumento se aplicara a todos, la Ley de Transparencia no tendría ningún valor y sería un secreto el contenido de todos los contratos y compras del Estado, las concesiones (mineras, de casinos, de fondo de mar, de uso de suelo, del espectro radial y televisivo) y el manejo de la cosa pública. Y, precisamente, sus negocios con el trasporte hacen a este diputado parte interesada en la discusión del proyecto de ley sobre las plataformas digitales de transporte, pues él es prestatario del servicio de transporte público. ¿Por qué la Antai no denuncia este potencial conflicto de interés?

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Hace 3 añosLa sanción impuesta a este medio por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) porque publicó la foto de un diputado sin pedirle permiso, así como información pública concerniente a las concesiones que él ha recibido del Estado para explotar el negocio del transporte público, ha convocado a todos los medios de comunicación en su contra por su pretendido avasallamiento contra la libertad de información. Sin olvidar que un diputado oficialista fue el que desató este torbellino, la Presidencia de la República, lejos de su supuesta defensa de las libertades de los ciudadanos, salió a apoyar la decisión de Antai y pidió que la dejaran actuar al margen de “presiones innecesarias”. Pareciera que los diputados aprobaron la Ley 81 de 2019 sin el ánimo de proteger los datos personales de nadie, sino con el afán de que los funcionarios, con sus interpretaciones disparatadas, la coloquen por encima de la Ley de Transparencia. La Antai no parece haber calculado las consecuencias de su absurda decisión ni el hecho de que ha establecido un antecedente contra el libre ejercicio del periodismo y el derecho de los ciudadanos de pedir y recibir información pública. Es de sabios admitir sus errores; queda por ver qué tan sabia es la dirección de la Antai.

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Hace 3 añosLa absurda decisión de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) ha sido blanco de múltiples críticas de parte de gremios profesionales, periodísticos y cívicos, incluso de políticos, sorprendidos de que, en el afán de complacer al poder de turno, la entidad garante del acceso a la información pública haya pisoteado la razón de ser de su existencia: la transparencia.

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Redacción de La PrensaHace 3 añosLa sanción que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la información (Antai) impuso a este medio por publicar una fotografía del diputado Benicio Robinson (PRD) e información pública proporcionada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre sobre sus cupos de taxis es la peor de las aberraciones de una entidad que vela por la información pública.

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Hace 3 añosEl debate de ideas, proyectos, planes u opiniones es un ejercicio enriquecedor, en especial si se pretende ocupar un cargo de elección, ya que las personas deben estar informadas, con criterios bien formados para hacer su mejor elección. Por ello, es inexplicable que algunos candidatos de libre postulación a la Presidencia de la República se muestren renuentes o indiferentes a discutir sus planes para solucionar los problemas del país.

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Hace 3 añosLa ejecución de un operativo contra una red de presuntos narcos ha sido notablemente reveladora. En primer lugar, varios de los aprehendidos son empleados de instituciones del Estado, contratados por el actual Gobierno y, para más señas, militantes del PRD. Ya no sorprende que en operativos de este tipo sean detenidas personas que “casualmente” pertenecen a este colectivo político o son funcionarios o ambas cosas, con lo que solo podemos imaginar la penetración que tendría el crimen organizado en el Gobierno. Estos “servidores públicos” llevan una vida ostentosa, con cuentas bancarias de seis cifras, automóviles de lujo y apartamentos en exclusivos complejos residenciales. Y todo esto a la vista: ni uno ocultaba un estilo de vida que difícilmente podía justificar y que no correspondía al de un asalariado del gobierno. Pero, ¿alguien en el gobierno notó algo? ¿Acaso alguien alzó la ceja y reportó estas conductas? Y, ¿qué hicieron los actores del sistema financiero? ¿Dónde quedó la política de conocer al cliente? Y, por último, pero no menos grave, ¿cuál fue el rol en todo esto de la Unidad de Análisis Financiero o la Superintendencia de Sujetos no Financieros? Más preguntas que respuestas.

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Hace 3 añosEsta semana, algunos diputados protagonizaron una pintoresca escena en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que nos confirmó el uso de fondos públicos en las campañas electorales de aquellos que buscan la reelección, a través de becas y auxilios que concede el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). Por más que algunos lo nieguen, lo que dicen los políticos se contradice con sus acciones. El uso de las becas del Ifarhu a cambio de votos no es nuevo ni tampoco lo es repartir bolsas con alimentos, materiales de construcción, cargos o contratos con el Gobierno. Todo eso atenta contra la pureza del sufragio, pero sin consecuencias para los responsables, pues tenemos una Fiscalía Electoral tan muerta y enterrada como las promesas de campaña del PRD. El colmo es que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) no haya encontrado nada malo –ni siquiera conflicto de interés– en que miembros del partido gobernante, familiares o allegados hayan recibido auxilios económicos no reembolsables del Ifarhu. Tímidamente, la Antai sugirió hacer algo a futuro, pero en las actuaciones pasadas no hay nada cuestionable. Así creen conjurar un escándalo más.

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Hace 3 añosLa empresa de tecnología electoral Dominion Voting Systems llegó a un acuerdo extrajudicial con Fox News y Fox Corp., luego de que estas la acusaran de fraude en los comicios en los que Donald Trump perdió frente al hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Aunque Dominion pedía $1,600 millones por el daño causado a su reputación, el acuerdo fue por casi la mitad. Este proceso fue interesante para los medios de comunicación, incluidos los locales, pues fue un juicio civil, no penal, y porque la empresa demandante pudo probar que la cadena –abierta simpatizante de Trump– sabía que estaba divulgando información falsa, como parte de la narrativa creada sobre un fraude electoral inexistente. Es decir, la cadena actuó con malicia, requisito en Estados Unidos para condenar a un medio. En nuestro país, la mayoría de los juzgadores no considera la real malicia en sus sentencias, pese a que es aplicable en Panamá por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la aplicaran, el demandante debería demostrar que el periodista o medio que le calumnió o injurió sabía que lo que informaba era falso. Y eso es, precisamente, lo que hacen medios afectos a políticos: divulgar mentiras negligentemente, con el afán de hacer daño a aquel que se interponga en el camino del amo.

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Hace 3 añosEl conflicto de interés, pese a que lo sanciona la Constitución y la ley, es una de las situaciones más toleradas por este gobierno. Hay innumerables ejemplos de funcionarios que hacen negocios con el Estado, directamente o a través de intermediarios: familiares cercanos, allegados, testaferros, sociedades. El último caso reconocido por la Contraloría General de la República y el procurador de la Administración, es el de un director ejecutivo de la Presidencia que arrienda locales comerciales en Chitré a la Dirección de Asistencia Social (DAS). En junio de 2021, este medio informó que la DAS rentaría locales pertenecientes al funcionario de la Presidencia, pero, pese al evidente conflicto de interés, se procedió al alquiler de manera directa, sin importar la prohibición constitucional y legal. La Presidencia, haciendo gala de una ignorancia fingida, dice ahora que el director de la DAS realiza consultas para determinar si hay o no conflicto de interés. ¿Y a quién más tiene que consultar, si ya la Contraloría y la Procuraduría de la Administración se pronunciaron coincidiendo en que sí lo hay? Sencillamente, una vez más, quieren pisotear la Constitución y la ley. No hay otra forma de decirlo.

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Hace 3 añosEl 2 de junio de 1976, Don Bolles, reportero del diario The Arizona Republic, fue asesinado cuando su homicida hizo estallar el carro que abordaba. Bolles investigaba actos de corrupción y, en solidaridad, 40 periodistas de 28 diarios estadounidenses se unieron para continuar su labor. En 1977, la alianza divulgó una serie de 23 capítulos y el libro The Arizona Project, exponiendo la corrupción y el crimen organizado en ese estado. Hoy, una iniciativa similar se lleva a cabo tras el asesinato del periodista colombiano Rafael Moreno, quien, sabiéndose objetivo del crimen organizado, compartió su investigación con reporteros de la organización Forbidden Stories. Moreno fue asesinado el 16 de octubre de 2022 en una región bajo el control del Clan del Golfo. A la semana siguiente, 30 periodistas se unieron para continuar su trabajo y ahora, seis meses después, 32 medios publicaron sus hallazgos sobre empresas mineras en Colombia y la probable malversación de recursos públicos. Como Moreno, periodistas de muchos países salvaguardan sus investigaciones gracias a la herramienta SafeBox Network para continuarlas en caso de asesinato. Pronto, matar un periodista no evitará que la verdad se conozca en todo el mundo.

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