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Esta semana, algunos diputados protagonizaron una pintoresca escena en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que nos confirmó el uso de fondos públicos en las campañas electorales de aquellos que buscan la reelección, a través de becas y auxilios que concede el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). Por más que algunos lo nieguen, lo que dicen los políticos se contradice con sus acciones. El uso de las becas del Ifarhu a cambio de votos no es nuevo ni tampoco lo es repartir bolsas con alimentos, materiales de construcción, cargos o contratos con el Gobierno. Todo eso atenta contra la pureza del sufragio, pero sin consecuencias para los responsables, pues tenemos una Fiscalía Electoral tan muerta y enterrada como las promesas de campaña del PRD. El colmo es que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) no haya encontrado nada malo –ni siquiera conflicto de interés– en que miembros del partido gobernante, familiares o allegados hayan recibido auxilios económicos no reembolsables del Ifarhu. Tímidamente, la Antai sugirió hacer algo a futuro, pero en las actuaciones pasadas no hay nada cuestionable. Así creen conjurar un escándalo más.

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