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La subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional ordenó la separación del cargo del magistrado Alejandro Moncada Luna, a quien se le imputan los cargos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos.
También tiene prohibido salir del país y la obligación de permanecer en su residencia. La semana pasada, la subcomisión dictó la aprehensión de dos apartamentos de Moncada Luna en Coco del Mar, por estar vinculados a los hechos que se investigan.
Las juezas autorizaron la conducción obligatoria de Moncada Luna a su casa.
En ausencia de Moncada Luna lo reemplaza su suplente, Abel Zamorano, en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las juezas de garantías son las diputadas Kaytleen Levy, Zulay Rodríguez y Ana Matilde Gómez. Esta última emitió un voto razonado, por considerar que la orden de mantenerse recluido en su domicilio “merece un atenuante”.
Acto seguido, el abogado defensor Sidney Sittón apeló las medidas cautelares que restringen la libertad de su cliente.
“Lo están llevando a un extremo de indefensión”, remarcó.
"Ustedes [las juezas] han sido condescendientes", replicó el diputado Pedro Miguel González, quien fue investido como fiscal del caso.
Las jueces decretaron un receso para estudiar el pedido de Sittón. A su regreso informaron que tal solicitud era improcedente.
El fiscal Pedro Miguel González solicitó el allanamiento de las oficinas de Moncada Luna. La petición fue negada.
Desde enero de 2010, cuando fue nombrado como magistrado a la fecha, el magistrado ha recibido salarios de 571 mil 531 dólares sin deducciones de ley, por lo que a juicio del fiscal, el magistrado debe explicar cómo compró dos apartamentos en Coco del Mar por 1.7 millón de dólares.
El fiscal señala que ha entrevistado a los siguientes testigos para basar sus acusaciones: Ana Beatriz Bouche, exasistente de Moncada Luna; Luis Adolfo Corró, amigo del magistrado; Carlos Fernández Cooke, directivo de Desarrollo Coco del Mar (promotora del PH Santorini); Nicolás Iván Corcione Pérez Balladares, promotor del PH Ocean Sky; José Alejandro Rojas Pardini Santacoloma, ejecutivo de Grupo Corcione y Enrique Antonio Rivera Aguilar, oficial de crédito del Banco Nacional de Panamá (BNP).
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HABLA MONCADA LUNA
Luego de la audiencia Moncada habló a los medios de comunicación:
"Se me violaron todas mis garantías. Lo único que faltó fue acusarme de homicidio y tráfico de droga. Voy a presentar todas las pruebas que tengo. Voy a comprobar todos los pagos que he hecho, que son de procedencia lícita. Cuando vean mis pruebas, vamos a aclarar esto. El fiscal me ha acusado sin fundamento. Ha violado la ley. Pidió un allanamiento a mi oficina. Gracias a dios las juezas de garantías no se lo permitieron. Hay un Dios, y ya veremos qué pasa más adelante", precisó.
OBREROS PROTESTAN
A eso de la 1:30 p.m. se presentó un grupo de trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares a las afueras de la Asamblea Nacional para protestar.



El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, presentó nuevamente un proyecto de ley que regula la carrera judicial.
"Este es el mismo documento que presentó la sociedad civil con un grupo de funcionarios judiciales, creo que hace cuatro o cinco semanas.
Nosotros venimos a darle el aval para que se dé el trámite y venimos a presentarlo también... a colaborar con el trámite", dijo Ayú Prado en la Asamblea, tras presentar el documento junto con Harley Mitchell, presidente de la Sala Civil de la CSJ.
Recordó que este proyecto se originó durante la administración de la entonces magistrada Graciela Dixon, luego continuó bajo la presidencia del magistrado Mitchell.
"En enero de este año pedimos una reunión con la junta directiva de la Asamblea de ese entonces [encabezada por el diputado Sergio Gálvez], no se logró.
Le pedimos por escrito que se discutiera en sesiones extraordinarias, pero no se dio. Hoy venimos a insistir", agregó.
La propuesta establece un régimen laboral al personal del Órgano Judicial, aplicable a los ascensos, suspensiones, traslados y destituciones.
Adicional, crea una jurisdicción, con su propio tribunal, para conocer las faltas y aplicar sanciones al personal.
Sobre el apoyo de Ayú Prado y Mitchell, la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, opinó que ambos concurrieron a la Asamblea “como resultado de la presión que existe a lo interno del Judicial por parte de las dos asociaciones de magistrados y jueces”.
Castillo confía en que el proyecto sea aprobado en la Asamblea antes del 31 de octubre, cuando los diputados se acojan a un receso hasta enero.



