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Las acciones de la contralora Gioconda Torres de Bianchini volvieron a marcar la agenda ayer. En la mañana, cerca de 10 agrupaciones de la sociedad civil organizada pidieron que la Asamblea Nacional remita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un informe detallado de la actuación “negligente e infractora” de la funcionaria, luego de su exposición ante el pleno.
En la tarde, la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) anunció la creación de una comisión que redactará una resolución sobre la comparecencia de la funcionaria en el Legislativo. La delegación estará integrada por el asesor de la bancada, el exdiputado Jerry Wilson; el diputado Ausencio Palacios y sus colegas Zulay Rodríguez y Crispiano Adames.
La sociedad civil fue más allá. Annette Planells, del Movimiento por Panamá, solicitó que el informe sea remitido a la Procuraduría General de la Nación para el análisis de todas las denuncias de sobrecostos y contrataciones fraudulentas que se dieron a conocer en las sesiones legislativas.
Planteó que el Ministerio Público está en la obligación de iniciar investigaciones.
Por su parte, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que es necesario que la CSJ autorice el inicio de una investigación penal contra Torres de Bianchini y ordene su suspensión provisional en el cargo, para lograr esclarecer los hechos.
Castillo recalcó que a partir de ayer están en estado de alerta.
La sociedad civil anunció, además, que presentará una denuncia penal por las infracciones a los deberes del servidor público en que supuestamente ha incurrido Torres de Bianchini.
La noche del miércoles 20 de agosto, último día de la comparecencia de la contralora en la Asamblea, el diputado panameñista Luis Barría habló de impulsar una resolución para que la CSJ sancione a la funcionaria por “negligencia notoria e ineptitud”.
El jefe de bancada del PRD, Leandro Ávila, rechazó la propuesta y argumentó que la Asamblea no tiene competencia para ello.
¿Apoyarán ahora la iniciativa del panameñismo? Durante el anuncio de ayer, Raúl Pineda, diputado que actuó como vocero de la bancada, dijo no poder adelantar la posición del PRD, por lo que se tendrá que esperar la redacción final del borrador de resolución.
Adelantó que el recurso que presentarán al panameñismo debe “cumplir con lo que diga la ley, y lo que el pueblo panameño espera”.
En tanto, el partido oficialista también tiene su comisión. Está integrada por los diputados José Antonio Domínguez, Luis E. Quirós y Luis Barría.
Una vez logren consenso, las dos bancadas presentarán un solo texto. “Esperamos que esta misma semana se llegue a un acuerdo”, informó Barría.
El tema de la contralora ocasionó una nueva grieta en la maltrecha relación entre el PRD y el Panameñista, que ya tenía fisuras por las diferencias en torno al proyecto de ley que propone reformas al Código Electoral.
El reemplazo de Torres de Bianchini, a quien se le vence su período el 31 de diciembre próximo, es otro de los aspectos que según fuentes consultadas genera pugna entre los dos partidos.
Los nombres que el panameñismo propone no son del agrado del PRD. Este partido considera que debe elegir contralor por tener 22 diputados en la Asamblea, mientras que su aliado 12. Pero los oficialistas muestran los puños y recuerdan quién tiene el poder en el Ejecutivo.

Ocho grupos de la sociedad civil organizada solicitaron este martes, 26 de agosto, al Ministerio Público que abra una investigación por los supuestos sobrecostos y actos de corrupción que salieron a relucir durante la pasada concurrencia de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, y otros funcionarios en la Asamblea Nacional.
Asimismo, pidieron que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorice el inicio de la investigación contra la contralora y ordene su suspensión provisional del cargo.
Torres de Bianchini compareció el 19 y 20 de agosto pasado ante el pleno legislativo para contestar un cuestionario de siete preguntas previamente preparadas y atender otros cuestionamientos de los diputados.
En su intervención, la contralora repitió en varias oportunidades que la ley no la faculta a rechazar un contrato por considerar que hay algún “sobreprecio” en la compra o porque existe un conflicto de interés entre el proveedor y la entidad contratante.
A partir de ese momento, los diputados panameñistas –inicialmente con ayuda del perredista Pedro Miguel González– decidieron promover una resolución para que la CSJ destituya a la funcionaria por ineptitud y negligencia. Sin embargo, los panameñistas –que no tienen mayoría en la Asamblea– no han conseguido el apoyo de sus colegas del PRD, con quienes mantienen un pacto de “gobernabilidad”.
EXIGEN JUSTICIA
Irma Quirós, vocera del nuevo frente denominado “Liga contra la corrupción”, dijo que durante la comparecencia de Torres de Bianchini fue obvia la confesión de irregularidades, por lo que se exige justicia. Pidió a la población tener una actitud más vigilante, en particular ante la escogencia del procurador y contralor de la República.
Diógenes Galván, integrante del Movimiento Independiente por Panamá, remarcó que las distintas organizaciones civiles están pidiendo acciones frente a los señalamientos de la contralora en la Asamblea.
“Hay que investigar la acción de ella [la contralora] y la de todo su equipo de trabajo”, agregó.
En tanto, Angélica Maytín, presidenta ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional, pidió que no queden impunes tantos "actos irregulares que han afectado el pecunio de todos nosotros”. No puede ser posible que se vaya a la Asamblea, se acepten sobrecostos y no ocurra nada, enfatizó. “Hay que acabar con la impunidad”, señaló.
En la conferencia estuvieron representantes del Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Movin por Panamá, Liga Contra la Corrupción, Asamblea Ciudadana, Asociación Panameña de Derecho Constitucional y el Colegio Nacional de Abogados.


