Contador público. Jubilado. Ganadero. Así se presentó Lupo González ante el juez de garantías durante la audiencia de imputación de cargos por la operación Pandora.
La investigación del Ministerio Público busca establecer cómo una red integrada, presuntamente, por funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), abogados y tramitadores habría manipulado el sistema e-Tax 2.0 para generar créditos fiscales irregulares que luego eran cedidos a terceros.
De Lupo González se ha hablado poco o casi nada dentro de la trama de los llamados créditos fiscales brujos. Pero su nombre es ampliamente conocido en el mundo de las auditorías bancarias.
En este caso, su nombre aparece de forma reiterada en el expediente ampliado de Bonay International Holding, S.A., una empresa intermediaria que, según la investigación, habría sido utilizada como pantalla dentro del sistema e-Tax 2.0 de la DGI para desviar y recibir saldos de créditos fiscales ficticios o alterados.
En este esquema, González habría intervenido en tres fases: análisis de solicitud, verificación de requisitos y corrección de pago, etapas clave dentro del trámite de acreditación y cesión de créditos fiscales.
El exfuncionario ocupaba el cargo de auditor II, con un salario mensual de $3,500. Antes de incorporarse a la DGI trabajó durante más de 20 años en la banca local. Fue gerente ejecutivo de Auditoría Interna del Banco Nacional de Panamá y, previamente, desempeñó la misma función en un banco privado.
A pesar de su experiencia en control interno, los registros incorporados al expediente y elaborados por el Departamento de Fiscalización Tributaria de la DGI muestran que González intervino en la validación de saldos que la investigación considera aparentemente irregulares.
En la lista de documentos asociados al proceso, González figura como responsable de nueve registros consecutivos de “corrección de pago”, realizados bajo la actividad de “análisis de solicitud”.
Para los investigadores, esta secuencia documenta parte del mecanismo utilizado para modificar los registros de pago de los contribuyentes dentro del sistema.
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Además, los registros muestran que también habría gestionado mensajes relacionados con la transferencia de saldos de créditos fiscales desde la cuenta de Bonay International hacia otros números de identificación tributaria (NIT).
El documento también detalla que bajo su usuario se habrían realizado múltiples ajustes sobre las cuentas, varios de ellos por montos reducidos, que modificaban gradualmente los saldos finales de la empresa. Según la investigación, este tipo de operaciones podría responder a una estrategia de fragmentación para evitar alertas automáticas del sistema de recaudación.
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Aunque González fue nombrado de forma permanente como auditor II en 2022, según su historial laboral, los registros del sistema de la DGI muestran intervenciones atribuidas a su usuario desde el 16 de junio de 2021. Su actividad se mantuvo de forma constante en los registros de auditoría del sistema hasta el 7 de marzo de 2025.
Lupo González tiene la medida cautelar de arresto domiciliario.
