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El expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, quien está en Panamá, informó que se presentó una solicitud de fianza de excarcelación del exasambleísta de su país Tito Galo Lara Yépez, detenido en junio pasado y a la espera de ser extraditado a Quito.
En mayo pasado, Lara Yépez perdió su derecho de asilo en Panamá, otorgado en octubre de 2013, luego de que la Cancillería, basada en documentación remitida por Ecuador, revocó el beneficio al constatar “nuevos elementos procesales que dan certeza de la existencia de delitos comunes y no a una persecución política”.
El exparlamentario –que recientemente fue trasladado a la cárcel La Joya- es requerido en su país para que cumpla una condena de 10 años por complicidad en un triple homicidio.
En una conferencia de prensa en Panamá, Gutiérrez aseguró que Lara Yépez sí es un “perseguido político” del mandatario Rafael Correa, a quien el encarcelado político ha vinculado en “20 casos [denunciados] de corrupción”.
Según Gutiérrez, a Lara Yépez se le debe brindar refugio y pidió a las autoridades panameñas reconsiderar la decisión de retirarle asilo.
La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores suspendió los trámites de extradición luego de que los abogados del ecuatoriano presentaron ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 524 del Código Procesal Penal que trata sobre el procedimiento y posterior decisión de una solicitud formal de extradición por parte de la Cancillería. Gutiérrez gobernó Ecuador de 2003 al 2005, con su partido, el Sociedad Patriótica.
Lara Yépez fue asambleísta por ese partido en representación de la provincia de Los Ríos.
(Con información de Elio Nuñez)

La detención que ordenó la Procuraduría General de la Nación al exasambleísta ecuatoriano Tito Galo Lara Yépez, de 46 años, y que fue concretada el pasado lunes en Soná, provincia de Veraguas, fue declarada legal por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Esta decisión se dio ayer al concluir una audiencia de control de legalidad de la detención y estuvo a cargo de los magistrados José Ayú Prado, Luis Mario Carrasco y Wilfredo Sáenz.
Lara Yépez fue puesto a órdenes de la Cancillería de Panamá, que desde hoy miércoles, tiene 45 días para decidir si accede a la extradición del exdiputado solicitada por el Gobierno de Ecuador el pasado 21 de mayo.
Dos días antes, Panamá revocó el asilo territorial que había dado a Lara Yépez en octubre de 2013.
sin prueba de refugio
Tras deliberar por 40 minutos, el magistrado ponente José Ayú Prado dio el veredicto, indicando que a Lara Yépez no se le habían violado sus derechos.
Entre los fundamentos de los magistrados está el hecho de que la orden de detención la emitió una autoridad competente y que la pena de muerte no es aplicable en la condena que se le impuso en Ecuador.
Javier Quintero, abogado de Lara Yépez, pidió que se declarara ilegal la detención.
Los magistrados no analizaron la solicitud de refugio que dijo haber pedido Lara Yépez, debido a que no se presentó ningún documento que probara esa petición.
Lara Yépez tuvo oportunidad de hablar ante los magistrados en la audiencia. Con voz quebrada reiteró que en Ecuador lo estaban esperando para asesinarlo, porque es un perseguido político del gobierno de Rafael Correa.
Otra audiencia
Hoy miércoles se llevará a cabo otra audiencia en la Sala Penal para decidir la petición hecha por Quintero de que le devuelvan los bienes decomisados a Lara Yépez al momento de su captura.
Greta Marchosky, fiscal de Asuntos Internacionales de la Procuraduría de la Nación, informó que al momento de ser detenido, el exdiputado tenía tarjetas de crédito, $914 en efectivo, seis celulares y una tableta.
La funcionaria negó que el caso tenga matiz político y señaló, además, que al exdiputado no le aplica el beneficio de refugio porque el delito es grave.
El canciller panameño Francisco Álvarez De Soto presentó ayer una denuncia penal en la Procuraduría de la Nación, por amenazas en su contra a raíz de la revocatoria del asilo al exasambleísta ecuatoriano Tito Galo Lara Yépez.
El canciller llegó a las 11:30 a.m. acompañado por una funcionaria de Asesoría Legal. Álvarez De Soto se reunió con la procuradora de la Nación, Ana Belfon, y el secretario general Ramsés Barrera.
Barrera explicó que el canciller dijo haber recibido amenazas a través de una cuenta de la red social Twitter y a través de una persona (no mencionó nombre) en un canal de televisión local. En la denuncia no señala nombres, pero advierte que el irrespeto vino de un extranjero. Como pruebas aportó documentos e imágenes que copió en su computadora.
Elio Núñez
