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El diputado suplente Ricardo Martinelli Linares, imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales por los casos Odebrecht y Blue Apple. Foto cortesía

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Mónica PalmHace 1 año¿CHANTAJE? Mientras el mundo cristiano celebraba la resurrección de Jesucristo, Martinelli invertía su tiempo intentando convencer a la bancada de Realizando Metas (RM) de que lo ayude a evadir el castigo por uno de sus pecados. O sea, que escojan a Barrabás. En un mensaje divulgado en Instagram, “instruyó” a los 15 diputados de RM a que defiendan y voten a favor del proyecto de ley que lo libraría de ir a prisión, el cual fue rechazado en primer debate y que ahora Camacho amenaza con aprobar a la brava ante el pleno legislativo. Martinelli también prometió “trabajar” en armonía con el presidente Mulino “una vez se haya aprobado el proyecto de amnistía”. Pero, ¿y si esa propuesta legislativa no pasa? ¿Acaso la población no podrá vivir en paz si la Asamblea no aprueba el proyecto que él quiere?
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Mónica PalmHace 1 añoPLÁCEMES. El canciller Javier Martínez Acha no será un tipo muy risueño, pero sin duda esta semana la suerte le ha sonreído. Para empezar, estaba lejos -primero en Honduras y luego en Perú- cuando estalló el escándalo del acuerdo firmado con el secretario de Estado, Pete Hegseth. Luego, ese mismo conflicto terminó resolviendo (a su favor) la guerra de baja intensidad que mantenía con Carlos Ruiz Hernández, su vicecanciller hasta el pasado miércoles. Además, gracias a un fallo de la Corte Suprema, su hermano Valentín Martínez Vásquez ya no tendrá que cumplir la condena de 80 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso. Que disfrute los buenos momentos ahora, que ya viene el embajador Kevin Marino Cabrera.
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Mónica PalmHace 1 añoNECIO. En Ciudad Gótica, el mal no descansa. Y en la Asamblea, tampoco. El rechazo del proyecto de amnistía “política” en la Comisión de Gobierno podría no ser el final de esta historia, sino más bien el comienzo, ya que Camacho -valiéndose de la revocatoria de la condena de Valentín Martínez- anunció que solicitará que el pleno legislativo revoque esa decisión y lo apruebe. Camacho no logró que cuatro diputados (uno de ellos militante de CD) lo apoyaran en la Comisión de Gobierno, pero ahora pretende convencer a 36. Si se sale con la suya y finalmente liberan a los condenados y procesados en los casos New Business, Odebrecht y Blue Apple, no sería difícil imaginar que luego hagan lo mismo con los pandilleros, asaltabancos, estafadores y ladrones, ya que esos delitos son tan políticos como el lavado de dinero.
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Mónica PalmHace 1 añoIRONÍA. Camacho ya debería estar retirando los carteles que dicen “Free Martinelli”, después del bofetón que recibió el proyecto de ley de amnistía política durante su discusión en primer debate. Según él, la propuesta buscaba “combatir la corrupción” y, cándidamente, aseguró que “no hay ningún proceso que diga que Martinelli se ha robado un real”. Como si semejante afirmación no fuera lo suficientemente risible, luego compartió una reflexión que dejó a más de uno ojiplático: “Mis principios y mis valores no se acomodan dependiendo de si la persona me simpatiza o no”. Si una persona dice eso, lo lógico es que actúe en consecuencia. Pero si quien lo dice es un adlátere de Martinelli, seguramente está practicando aquello que asegura repudiar.
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Mónica PalmHace 1 añoMOTÍN. Más que un país, Panamá últimamente se parece más a una competencia de lucha libre que se salió de control. Es como una inmensa reyerta donde siempre hay alguien arremetiendo contra alguien. El blanco de la embestida de ayer fue nada menos que el contralor Anel Flores, por una horda de funcionarios de la Asamblea, molestos porque ahora se les pagará cada quincena con un cheque y no por ACH. En medio de esta marabunta, la dirigencia de la Asociación de Servidores Públicos Legislativos impidió a gritos que el pleno sesionara (so pretexto de que no se podía llevar a cabo la transmisión por televisión), aunque había quórum reglamentario, y se declaró “en paro”. Es como si nos amenazaran a todos los panameños con hacernos un favor.
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El presidente José Raúl Mulino, su esposa Maricel y el canciller Javier Martínez Acha, en el Concurso Nacional Oficial del Caballo Peruano de Paso, celebrado en Mamacona, Lima.

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Mónica PalmHace 1 añoHOUSE OF CARDS. El proyecto de ley de amnistía “política” se ha erigido como un intento de golpe de Estado técnico, cuya ejecución estaría dividida en temporadas, como si se tratara de una serie de Netflix. La primera consistiría en la exculpación: tocar al asilado con su varita legislativa para eliminarle la condena de prisión, la multa y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. La segunda, perseguir políticamente al actual inquilino de Las Garzas para procesarlo y, eventualmente, expulsarlo del cargo. Recordemos que este país no tiene vicepresidente.
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Mónica PalmHace 1 añoBURLA. Seis sindicatos del Canal han denunciado que el buque M/M Henry J. Kaiser, de la Armada estadounidense, se negó a ondear la bandera panameña durante su tránsito el 19 de marzo pasado, incumpliendo así una obligación establecida en el artículo 34 del Reglamento para la Navegación en Aguas del Canal de Panamá. ¿Cuándo nos vamos a hacer respetar en nuestro propio territorio?
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Mónica PalmHace 1 añoLECCIÓN. Parece mentira (y ojalá así lo fuera...), pero con la visita de Pete Hegseth ha ocurrido lo mismo que con la de Marco Rubio: Panamá y Estados Unidos emitieron comunicados distintos sobre la reunión de cada uno con José Raúl Mulino. Con Hegseth, la Presidencia de la República circuló una “declaración conjunta” en la que Mulino y el secretario estadounidense reconocen la soberanía “irrenunciable” de Panamá sobre su Canal. No obstante, cuando el Departamento de Defensa reprodujo ese texto en inglés, eliminó las referencias a la soberanía panameña y, de paso, anunció que la ACP adquirió el compromiso de reconocer compensaciones a Estados Unidos (“First & Free”, le llaman). Ya tendríamos que irnos acostumbrando a estos manejos. Pareciera que cada secretario viene con un comunicado redactado incluso antes de su reunión con Mulino.
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Mónica PalmHace 1 añoMANDATO. Noriel Arauz está como los fantasmas: sin dejarse ver. Nadie sabe nada de él. Arauz participó en la sesión de la junta directiva de la AMP cuando se adoptó la decisión de prorrogar la concesión de PPC y revisar las tarifas por movimiento de contenedores, y también estaba al frente de la institución encargada de ejecutar esa orden. Sin embargo, solo cumplió lo que le dio la gana, porque las tarifas, cuatro años después, son las mismas. ¿Por qué? Ahora que el tema está de moda, ojalá a alguien se le ocurriera realizar una auditoría de cumplimiento a la AMP en relación con sus obligaciones.
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Mónica PalmHace 1 añoSE BUSCA. El contralor Anel Flores apuntó sus cañones hacia la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que, el 23 de junio de 2021, autorizó la prórroga automática del contrato de PPC. En caso de que usted no recuerde quiénes la conformaban ese día, estos son sus nombres: Carlos García Molino, Jorge Luis Almengor, Patricia Velásquez, Julio De La Lastra y Juan Diego Reyna. También, con un tono más escandaloso, la integraba José Alejandro Rojas Pardini, quien, a la vez, fungía como representante del Estado panameño en la junta directiva de PPC, como si fuera una moneda con dos caras y sin sello. Gerardo Solís, que participó en la sesión como contralor, informó que la auditoría determinó que PPC cumplía con las obligaciones “básicas” del contrato. ¿Básicas? ¿Qué se supone que significa eso? ¿Acaso había otras obligaciones que no cumplía? De hecho, reconoció que PPC no entregó $82 millones, pero lo justificó diciendo “que las empresas no están obligadas a repartir dividendos”, según consta en el acta de la sesión de ese día. También recomendó que el Estado vendiera sus acciones, “y con eso la AMP se quita el dolor de cabeza de estar fiscalizando esa parte de la actividad de la empresa”. ¿Qué tan buena le habría parecido esa genialidad si las acciones fueran suyas? Y el que resultó un verdadero crack fue De La Lastra, quien señaló que la gente pensaba que el contrato de PPC era por 25 años, pero que se equivocan, que estaba pactado por 50, “y ahora lo que nos toca es renovarlo a la segunda fase, que son los 25 años adicionales”. No conforme con eso, dijo que se “tenía” que renovar, “nos guste o no nos guste”. Parece que lo importante era que le gustara a PPC.

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