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El magistrado del Tribunal Electoral (TE) Eduardo Vadés decidió acogerse al término de 30 días para fallar sobre el proceso de impugnación contra el diputado proclamado de Cambio Democrático (CD), Omar Castillo, del circuito 2-1 (Penonomé).
Así lo anunció luego de concluir esta tarde la audiencia en la que Castillo se vio cara a cara con el exdiputado panameñista Jorge Iván Arrocha.
Arrocha impugnó a Castillo tras alegar la supuesta utilización de recuros del Estado en campaña.
Durante la audiencia, que inició desde las 8:00 a.m., la defensa de Arrocha, el abogado Olmedo Arrocha, pidió al magistrado Valdés admitir la nulidad de la elección y que a la vez inhabilite a Castillo como candidato a diputado.
De acuerdo a Arrocha, se pudo demostrar de la “existencia de suficiente material probatorio” sobre el uso de fondos públicos durante la pasada campaña electoral.
En tanto, la defensa de Castillo, en este caso los abogados Alejandro Pérez, Hugo y Holanda Polo, desestimaron la aseveraciones del impugnante y pidieron al TE que ratifique la proclamación de Castillo.

Bernabé Pérez salió hoy al paso de las críticas en contra de su candidatura para presidir la Contraloría General de la República.
Dijo, por ejemplo, que la mitad de los panameños están inscritos en un partido político, por lo que no pueden cuestionar la afiliación de un aspirante a la Contraloría. “No pueden descalifcar a la mitad de los panameños”, dijo Pérez miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Explicó que cuando las organizaciones de la sociedad civil dice que la Asamblea Nacional debe elegir a un independiente, él entiende que una persona “independiente” debe ser aquella alejada del Ejecutivo.
Por ello, dijo, su candidatura califica para ser considerada en el pleno legislativo. “Aquí no hay ungidos... las personas que tienen los votos, la experiencia y trayectoria pueden participar... yo inicié mi campaña aquí pasada las elecciones de mayo”, dijo.
El pasado 9 de octubre, miembros de la bancada del PRD eligieron a Pérez como el candidato a contralor.
Vea el video de las declaraciones de Bernabé Pérez.

El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz, se acogió al término de 30 días para emitir un fallo dentro de la audiencia contra la diputada electa del circuito 4-6, Chiriquí, Ana Giselle Rosas de Vallarino, acusada de utilizar fondos del Estado durante la campaña electoral.
Araúz informó que tratará de emitir el fallo antes de estos 30 días. Además, explicó que durante el proceso se le dio oportunidad a todas las partes de presentar sus testigos y alegatos. La audiencia empezó a las 9:00 a.m. y terminó a las 6:20 p.m.
Ana Giselle Rosas de Vallarino fue impugnada por el exdiputado Jorge Alberto Rosas, quien en la pasada campaña fue postulado por el Partido Panameñista.
"Se demostró que se usaron recursos del Estado para candidatos de Cambio Democrático", dijo Jorge Alberto Rosas al culminar la audiencia.
En tanto, Rosas de Vallarino reiteró que pudo comprobar que realizó una campaña “transparente” y que se orquestó una “campaña mediática” para desprestigiarla. Incluso, sus defensores aseguraron que los recursos que utilizó en campaña salieron de su familia.
Un grupo de simpatizantes de la diputada proclamada impugnada la esperó frente al edificio del TE con tamborito. Bailaban y cantaban en son de victoria.

Durante la primera etapa de la audiencia contra la diputada proclamada Ana Giselle Rosas de Vallarino, de Cambio Democrático (CD), que se inició a las 9:00 a.m. de este martes en el Tribunal Electoral, han desfilado varios testigos, tanto a favor como en contra.
Dos testigos que acudieron de la parte impugnante, en este caso el exdiputado Jorge Alberto Rosas, vincularon a Rosas de Vallarino con personas que habrían recibido cheques de la junta comunal de Puerto Remedios.
Alegaron que esas personas eran activistas políticos de Cambio Democrático y que los vieron con la candidata en el circuito 4-6 (Remedios, Tolé, San Félix y San Lorenzo).
En tanto, la defensa de Rosas de Vallarino, Sidney Sitton, hizo varias preguntas a los testigos.
Según el abogado, ninguno pudo establecer que la diputada proclamada utilizó dinero público durante su campaña.
El magistrado ponente Heriberto Araúz decretó un receso al mediodía hasta las 1:00 p.m. cuando vuelve a iniciar la audiencia.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) exigió hoy, 2 de octubre, a la Asamblea Nacional abrir una investigación contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna, por el escándalo de la compra de dos apartamentos por 1 millón 724 mil 200 dólares.
“El magistrado Moncada ha sido señalado por circunstancias que se deben explicar, por lo que exigimos se abra una investigación y que la Asamblea Nacional juegue su papel”, dijo Carlos Pérez Herrera, secretario general del PRD.
Según Pérez Herrera, este caso representa “una imagen negativa y lesiona a la principal institución de justicia del país que se está viendo señalada por actos de corrupción”.
Pidió, a la vez, que los diputados le den la oportunidad al magistrado Moncada Luna de dar su testimonio para aclarar y presentar pruebas que demuestren cómo compró las propiedades sin cometer el delito de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo a la Constitución, le corresponde a la Asamblea Nacional investigar y juzgar a los magistrados de la CSJ.
El CEN también se reunió con diputados que conforman la bancada del PRD en la Asamblea, para discutir, entre otros cosas la elección del Contralor y Procurador de la Nación.
Agrupaciones de la sociedad civil organizada también han pedido la renuncia del magistrado Moncada Luna.

La audiencia para analizar el posible uso de recursos del Estado para proselitismo político por parte del diputado proclamado de Cambio Democrático (CD) Noriel Salerno concluyó esta tarde.
El magistrado sustanciador del Tribunal Electoral (TE) Erasmo Pinilla se acogió al término de 30 días para emitir un fallo.
Salerno fue denunciado por Omar Cornejo, candidato a diputado del Partido Popular por el circuito 2-4 de Aguadulce, provincia de Coclé, quien confía en la decisión que tomará el TE tras la audiencia.
La defensa de Cornejo, el abogado Javier Ordinola pidió la nulidad de las elecciones en ese circuito y la convocatoria de unos nuevos comicios, "porque se comprobó la utilización de recursos del Estado".
En tanto, el fiscal segundo electoral Diego Velásquez pidió al final de la jornada que se desestimara la petición de la nulidad de elecciones porque no se pudo acreditar con pruebas los delitos a los que alegaba Cornejo.
Dijo que si bien los diputados, en este caso Salerno, utilizaron las llamadas partidas circuitales, no hay ilegalidad en ello porque son una "prerrogativa" que tienen los miembros de la Asamblea Nacional.
Durante el juicio, una residente del corregimiento de Pocrí, distrito de Aguadulce, reveló que 15 días antes de las elecciones el entonces diputado y candidato a la reelección por Cambio Democrático (CD) Noriel Salerno, le entregó en sus manos 150 dólares como parte de una "ayuda" que había solicitado con urgencia, a cambio tenía que votar por él.
La joven hizo estas declaraciones bajo juramento en la audiencia contra la proclamación de Salerno como diputado electo, que se celebra hoy en la sede del Tribunal Electoral.
Además, esta lo acusó de acoso sexual. Narró que cuando recibió la "ayuda", en casa de Salerno, este le agarró una mano y le dijo: "Quiero una foto tuya desnuda o en biquini con el dinero".
Ante esta declaración, Salerno prefirió no emitir comentarios. Este fue el testimonio más contundente que se ha escuchado en la primera jornada de la audiencia. "Me pidió a cambio de 150 dólares que votara por él", remarcó la joven.
Hasta ahora han desfilado nueve testigos de los diez que fueron convocados por el impugnante y rival político de Salerno, Omar Castrejo, del Partido Popular.
El padre de la joven también fue testigo. Llegó al auditorio enojado al conocer la situación de su hija.
Dijo que apenas anoche se enteró que su hija declararía haber sido sexualmente acosada. La joven también aseguró que el 2 de mayo (dos días antes de las elecciones) activistas de CD le llevaron a su casa bolsas de alimentos.

A pesar de las múltiples peticiones de diversas organizaciones en relación a que el próximo contralor general de la República debe ser independiente, el diputado perredista Leandro Ávila asegura que tiene el perfil para ocupar ese cargo.
Ávila, quien hace poco era miembro de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo que entiende las críticas en su contra por expresar que quiere reemplazar a la contralora Gioconda Torres de Bianchini, pero que nadie “me puede señalar” de un acto de corrupción.
“Tengo la autoridad para ocupar el cargo y reúno los requisitos constitucionales para ser contralor general”, explicó.
El diputado perredista restó importancia a las descalificaciones por el hecho de pertenecer a un partido político, "porque bajo esa premisa, el día que se diga que quienes forman parte de agrupaciones políticas no pueden hacer tal o cual cosa, entonces habría que prescribir los partidos políticos”.
Según Ávila, de ser electo contralor no toleraría actos de corrupción a ningún gobierno, y si se llegan a detectar irregularidades, hará los correspondientes informes para entregárselos a las autoridades pertinentes.
Hoy, lunes, a las 5:00 p.m., diversos grupos de la sociedad civil manifestarán su oposición frente a la posibilidad de que un miembro de partido político, incluso un diputado, sea electo nuevo contralor general de la República.
El Colegio Nacional de Abogados, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Movimiento Ciudadano Anticorrupción y la Liga Panameña contra la Impunidad y la Corrupción hacen un llamado a las autoridades para que frenen cualquier intento de designar al contralor sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía.
A Gioconda Torres de Bianchini, actual contralora, se le vence su periodo el próximo 31 de diciembre. La Asamblea deberá escoger su reemplazo antes de finalizar el año.

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, presentó nuevamente un proyecto de ley que regula la carrera judicial.
"Este es el mismo documento que presentó la sociedad civil con un grupo de funcionarios judiciales, creo que hace cuatro o cinco semanas.
Nosotros venimos a darle el aval para que se dé el trámite y venimos a presentarlo también... a colaborar con el trámite", dijo Ayú Prado en la Asamblea, tras presentar el documento junto con Harley Mitchell, presidente de la Sala Civil de la CSJ.
Recordó que este proyecto se originó durante la administración de la entonces magistrada Graciela Dixon, luego continuó bajo la presidencia del magistrado Mitchell.
"En enero de este año pedimos una reunión con la junta directiva de la Asamblea de ese entonces [encabezada por el diputado Sergio Gálvez], no se logró.
Le pedimos por escrito que se discutiera en sesiones extraordinarias, pero no se dio. Hoy venimos a insistir", agregó.
La propuesta establece un régimen laboral al personal del Órgano Judicial, aplicable a los ascensos, suspensiones, traslados y destituciones.
Adicional, crea una jurisdicción, con su propio tribunal, para conocer las faltas y aplicar sanciones al personal.
Sobre el apoyo de Ayú Prado y Mitchell, la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, opinó que ambos concurrieron a la Asamblea “como resultado de la presión que existe a lo interno del Judicial por parte de las dos asociaciones de magistrados y jueces”.
Castillo confía en que el proyecto sea aprobado en la Asamblea antes del 31 de octubre, cuando los diputados se acojan a un receso hasta enero.

El fiscal general electoral Eduardo Peñaloza aseguró hoy, 26 de agosto, que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) lo culpan de no brindar su colaboración en resolver las 10 impugnaciones presentadas contra diputados proclamados.
"Se quieren limpiar conmigo y eso no lo puedo permitir", dijo el funcionario en conferencia de prensa desde su despacho.
Explicó que el Código Electoral, en su artículo 431, establece que los procesos de impugnación son de tipo administrativo y que solo le compete el TE ver esos casos.
“A nosotros nos competen las investigaciones de tipo penal. Ellos [los magistrados] tienen que instruir, es responsabilidad de ellos”, agregó.
Además, aseguró que los magistrados tienen las herramientas legales para haber resuelto hace tiempo dichas impugnaciones.
"El magistrado Erasmo Pinilla tiene una campaña [en mi contra]", aseguró.
De acuerdo a Peñaloza, a la fecha solo le han remitido 24 casos de impugnaciones, de esos 10 contra diputados proclamados, 2 contra alcaldes y 12 contra representantes de corregimiento.
En 2009, dijo, se presentaron 29 demandas luego de las elecciones.
COMPRA DE VOTOS
Luego, el fiscal recordó al menos 15 impugnaciones que fueron rechazadas por el Tribunal Electoral de plano en 2009.
“La rechazaron de plano con el argumento de que la compra de votos, el repartir dinero y ofrecer prebendas no era una causal en firme para impugnar una elección”, sostuvo Peñaloza, nombrado por el expresidente Ricardo Martinelli.
“Hoy día ha cambiado el péndulo: los magistrados tienen ahora otra opinión y eso es lo que lo tiene estacando [el proceso] de resolver las impugnaciones”, dijo. "Yo no no recibo órdenes", puntualizó.
A Peñaloza lo han cuestionado por su inacción durante las pasadas elecciones así como su vinculación con el exmandatario por haber sido miembro de Cambio Democrático.

Luego de la participación de miembros de la sociedad civil en el debate de reformas electorales, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional decretó un receso de la sesión hasta el próximo lunes.
Pedro Miguel González, presidente de la comisión, informó que continuarán la discusión la próxima semana “sin prisas”. A la reunión de hoy asistieron miembros del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales al igual que el fiscal electoral Eduardo Peñaloza.
Ante la pregunta de cuál era su posición frente a este proyecto, Peñaloza dijo que “hay que ver... los diputados tienen la función de legislar. Seré respetuoso. Al final ellos tendrán que ver si es conveniente o no introducir [cambios]”.
La propuesta de ley buscaba en un principio hacer efectiva la entrega de credenciales a los diputados que no se señalen en la impugnación de los circuitos plurinominales.
Pero, tras nuevos cambios incorporados al documento, se hace innecesaria la celebración de nuevas elecciones en los procesos que el TE encuentre vicios tras analizar las respectivas impugnaciones.
Se establece entonces que al evitar la posibilidad de hacer nuevos comicios en los circuitos las credenciales se entregarán al candidato que haya obtenido la segunda posición.
Eso quiere decir que, por ejemplo, en los circuitos uninominales la curul le corresponderá al segundo en la votación. En los plurinominales se aplicará el mismo principio según la cantidad de espacios disponibles.