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TEMA: Opinión
Sábado Picante
Sábado picante: De prioridades y ¿casualidades?
Hace 1 añoEn febrero pasado, el presidente José Raúl Mulino y su canciller, Javier Martínez Acha, autorizaron aumentar el gasto de alquiler de locales y oficinas de la Embajada de Panamá en España, de $5 mil a $10 mil al mes, mientras que el gasto de funcionamiento pasó de $14 mil 500 a $37 mil mensuales.
Hoy por hoy: El secuestro del turismo
Hace 1 añoBocas del Toro, que ya vio morir su principal motor económico con el colapso de la industria bananera, enfrenta ahora la amenaza de perder su segunda fuente de ingresos: el turismo. La reciente agresión y retención de una turista estadounidense en uno de los múltiples bloqueos que azotan la provincia no solo es alarmante: es inaceptable. Marchar y protestar es un derecho humano que debe ser protegido. Pero bloquear el acceso a comunidades enteras, o peor aún, privar de la libertad a una persona, no es protesta: es delito. El daño es profundo. Años de esfuerzo para posicionar a Bocas como un destino turístico sostenible y generador de bienestar se vienen abajo con un solo video que muestre a una extranjera retenida a la fuerza. Esas imágenes le dan la vuelta al mundo y espantan inversiones, cruceros y visitantes. La violencia desvirtúa cualquier causa. La protesta se convierte en chantaje. Y Bocas, que ya ha perdido tanto, no puede darse el lujo de perderlo todo.Independientes
Las fisuras de la coalición Vamos: ¿un nuevo amanecer o el ocaso de una alianza?
Hace 1 añoHoy por hoy: ¿Quién enseña el rigor?
Hace 1 añoLa Universidad de Panamá quedó en el centro de una trama que combina opacidad, sobrecostos y posibles delitos financieros. El contrato para construir el Centro Regional Universitario de San Miguelito, firmado por el rector Eduardo Flores y modificado con seis adendas, terminó beneficiando a un consorcio cuyos fondos habrían sido desviados a cuentas ligadas al diputado Raúl Pineda, su hijo Abraham Rico Pineda y otros implicados en la Operación Jericó. Flores ahora se deslinda: dice que desconocía lo ocurrido y reconoce que la principal universidad del Estado no tiene capacidad técnica para evaluar los reclamos que justificaron elevar el costo del proyecto de $65.9 millones a casi $85 millones. La adenda que validó ese aumento fue elaborada por la firma de una exasesora del contralor Gerardo Solís. Pero una universidad no puede escudarse en su fragilidad institucional para convalidar decisiones que comprometen recursos públicos. Si no se robustece su capacidad de gestión y fiscalización, seguirá siendo presa fácil de intereses externos. La educación superior no se salva con discursos. Transparencia, rigor y control: eso también se enseña, y sobre todo, se practica.