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TEMA: Hoy por Hoy

Hoy por Hoy: Cuentas claras, arcas oscuras. La trama millonaria que sacude a Panamá

Hace 2 añosLa reciente investigación que revela cómo una abogada vinculada a la Contraloría General de la República ha amasado una fortuna millonaria en un corto lapso deja en evidencia un problema de fondo en la administración de los recursos públicos. La sociedad panameña no puede tolerar que aquellos encargados de vigilar y proteger el erario lo utilicen para beneficio personal, traicionando la confianza depositada en ellos. El patrimonio de la nación es sagrado, y su gestión debe ser transparente y honesta. Este escándalo demanda una reacción inmediata y contundente por parte de las autoridades. No basta con la indignación pública, es necesario que se inicien investigaciones profundas que determinen las responsabilidades y se impongan las sanciones correspondientes. Las superficiales respuestas del contralor y la abogada en cuestión solo sirven para avivar la desconfianza y alimentar la sospecha de que este no es un caso aislado, sino parte de un sistema más amplio de corrupción y enriquecimiento ilícito. Panamá no puede permitirse que sus instituciones caigan en el descrédito. Es hora de que los encargados de velar por la transparencia y el buen uso de los fondos públicos den un paso al frente, respondan a las interrogantes y asuman las consecuencias de sus actos. La impunidad no puede seguir siendo la norma. La justicia debe prevalecer, y es imperativo que los responsables de este bochornoso episodio rindan cuentas ante la ley y la sociedad. Es momento de que se restablezca la confianza en las instituciones, y eso solo se logrará con acciones firmes y claras. Panamá exige respuestas y justicia, y no se conformará con menos.

Hoy por Hoy: Corrupción intolerable, el Estado no debe ser cómplice

Hace 2 añosLa reciente votación en la Comisión de Economía y Finanzas que rechazó el proyecto de ley para impedir que empresas corruptas contraten con el Estado es un retroceso inaceptable. Ignorar la corrupción en las contrataciones públicas perpetúa la impunidad, socava la confianza ciudadana y deja en manos de aquellos que ya han demostrado su falta de ética el manejo de recursos que son de todos. Hemos sido testigos de cómo la corrupción destruye instituciones y proyectos esenciales, generando sobrecostos, obras mal ejecutadas y, en última instancia, un daño irreparable al bienestar común. Permitir que empresas con antecedentes ilícitos sigan participando en licitaciones públicas es una afrenta al principio de transparencia y una señal de que, en el ámbito político, los intereses privados siguen imponiéndose sobre el interés público. Es imperativo fortalecer los mecanismos de control y cerrar cualquier puerta a quienes han defraudado al Estado. La integridad no puede ser negociable en la administración pública. Esta batalla no es solo por la legalidad, sino por la dignidad de un país que no debe tolerar la corrupción ni en sus empresas ni en sus gobernantes.

Hoy por hoy: La sombra del contralor, ¿defensa institucional o escudo personal?

Hace 2 añosLa reciente reacción del contralor ante la noticia de una exfuncionaria convertida en millonaria, supuestamente por buscar equilibrio contractual para proveedores del Estado, evidencia serias deficiencias en el ejercicio de sus funciones. En lugar de velar por los recursos públicos, el contralor ha optado por defender a su excolaboradora, generando más dudas que respuestas. Es el mismo contralor que promovió cambios en la ley de la Contraloría para incrementar su ya considerable discrecionalidad, y que ha avalado algunos de los escándalos más notorios de la administración pasada. Este comportamiento plantea serias interrogantes sobre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Solo queda esperar que el brazo de la justicia alcance a todos aquellos que, teniendo la responsabilidad de fiscalizar, eligieron mirar hacia otro lado, ya sea por omisión o complicidad. Panamá no puede permitirse otro contralor que anteponga los intereses de sus allegados a la obligación constitucional de proteger el patrimonio del Estado. La ciudadanía merece una Contraloría que cumpla con su deber, no una que sirva como escudo para quienes buscan enriquecerse a costa del país.

Hoy por Hoy: Grietas legales, cómo la discrecionalidad alimenta la corrupción

Hace 2 añosLa discrecionalidad en la gestión pública es un incentivo para la corrupción. Cuando las decisiones dependen del criterio o capricho de los funcionarios, se socava la transparencia y se permite el abuso. Aunque los tramitadores no se alimentan directamente del erario, su presencia perpetúa un sistema injusto en el que solo quienes tienen conexiones acceden a oportunidades. El problema también radica en los procedimientos de la Contraloría para el refrendo y pago de contratos, muchas veces opacos y sujetos a interpretaciones arbitrarias. Esto permite que mafias y funcionarios inescrupulosos exploten la discrecionalidad, beneficiando a unos pocos en detrimento del bienestar común. Es urgente revisar y fortalecer los mecanismos de control y supervisión para eliminar estas grietas que facilitan el abuso de poder. Las reformas deben establecer procesos claros y transparentes que limiten la discrecionalidad y garanticen el acceso equitativo a los recursos del Estado. Solo así se podrá recuperar la confianza en las instituciones y construir un sistema más justo. De no tomar acciones concretas, el país seguirá perdiendo recursos y oportunidades, afectando la calidad de vida y la estabilidad económica. La lucha contra la corrupción requiere un compromiso real para cerrar las brechas que permiten su proliferación.

Hoy por Hoy: El saqueo silencioso en la Unachi

Hace 2 añosLa Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ha caído en una espiral de irregularidades e inmoralidades que no pueden seguir siendo toleradas. Es inconcebible que, en una institución pública financiada por los contribuyentes, se paguen salarios que superan los $14,000 mensuales a figuras como la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, una cifra que sobrepasa incluso al rector de la Universidad de Panamá y al presidente de la República. Lo más alarmante es que estos salarios exorbitantes se otorgan a discreción de la propia rectora, quien parece utilizar su posición para premiar a quienes le son leales y castigar a quienes no lo son. Esto no solo es insólito, sino profundamente inmoral. Es imperativo que se revisen estos salarios de una vez por todas, ya que la Unachi se ha convertido en un refugio de privilegios y favores políticos que traiciona la misión académica de la institución. Que un profesor en esta universidad gane más que el mandatario del país es una afrenta al sentido común y a la equidad en la distribución de los recursos públicos. Basta de impunidad: es hora de limpiar esta cuna de fueros y privilegios.

Hoy por hoy: La sombra de Daniel Ortega en Panamá

Hace 2 añosEl asilo político otorgado al expresidente Ricardo Martinelli por el régimen de Daniel Ortega coloca a Panamá en una posición diplomática complicada. Mientras el presidente José Raúl Mulino asegura en medios internacionales que su gobierno respeta el derecho al asilo y que no intervendrá en ese proceso, las acciones de Martinelli desde la embajada de Nicaragua en Panamá revelan un desafío a la diplomacia panameña. La pasividad en la toma de decisiones frente a un personaje que continúa interfiriendo políticamente desde suelo diplomático contrasta con la supuesta neutralidad del gobierno. Esta situación subraya las dificultades de manejar relaciones con un régimen que ha sido condenado internacionalmente por violaciones sistemáticas de los derechos humanos. No se trata solo de un problema de política exterior; es un espejo que obliga a los gobiernos de la región a enfrentar los riesgos de ser complacientes con regímenes autoritarios, poniendo en juego su compromiso con la defensa de los valores democráticos.

Hoy por hoy: Los lingotes y las excusas sin fin: ¿Cuánto más soportará el sistema?

Hace 2 añosUna exdiputada, acusada de apropiarse ilegalmente del oro de un cliente, ha sido citada en cuatro ocasiones para enfrentar cargos de blanqueo de capitales, prevaricato, estafa y asociación ilícita, pero jamás ha asistido a las audiencias. Envía certificados médicos de clínicas inexistentes, según la fiscalía, o manda a sus abogados, lo que demuestra que conoce perfectamente el proceso. Si realmente quisiera cumplir con la ley, ya se habría presentado, aunque fuera de manera virtual. Su ausencia constante revela no solo su desprecio por la justicia y falta de valor, sino también la incapacidad del sistema para hacer cumplir la ley. ¿Acaso la asistencia a las audiencias es voluntaria? ¿Por qué no hay una acción efectiva por parte de la justicia? ¿Miedo o complicidad? Este tipo de artimañas desgasta la credibilidad del sistema judicial y refuerza la percepción de impunidad en el país.

Hoy por hoy: El precio de la energía, el alto costo de la incompetencia

Hace 2 añosEs imperativo que los ciudadanos mantengamos una vigilancia constante sobre las negociaciones que involucran a las generadoras y distribuidoras de energía. La lamentable realidad es que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), cuya misión debería ser proteger los intereses de los ciudadanos, durante el quinquenio pasado parece haber trabajado en beneficio de ciertos generadores. Esto constituye un ejemplo patente de cuando una gestión irregular y la incompetencia administrativa erosionan la calidad de vida de la población. El reciente anuncio del secretario de Energía, Juan Urriola, sobre una potencial demanda de nulidad en contra del contrato de generación que afectó los intereses de los clientes de Ensa, ilustra la gravedad de la situación. La negligencia en la supervisión ha permitido que más de 500 mil usuarios pudiesen enfrentar un aumento exorbitante en el costo de la electricidad, acumulando más de 33 millones de dólares en sobrecostos hasta el momento. Estas acciones irresponsables no solo afectan las tarifas eléctricas, sino que también socavan la estabilidad del mercado energético. La ciudadanía no puede permanecer pasiva ante estos abusos; es hora de exigir transparencia y responsabilidad de las instituciones que deberían servirnos, no empobrecer nuestras vidas en beneficio de unos pocos.

Hoy por hoy: Consecuencias de la toma de decisiones cuestionables en el sector energético

Hace 2 añosEs innegable que la principal responsabilidad de cualquier gobierno es proteger los intereses del pueblo, garantizando su bienestar por encima de cualquier beneficio particular. Cuando un gobierno desatiende esta obligación, no solo traiciona su razón fundamental de ser, sino que pone en duda sus verdaderas motivaciones. Lo actuado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) es un ejemplo claro de esta desatención. La decisión de forzar a ENSA a adquirir energía en condiciones desfavorables no solo afecta a más de 500 mil clientes, sino que, además, expone al país a un aumento injustificado en los costos de la electricidad. Este tipo de decisiones suscita preguntas sobre las prioridades reales de quienes detentan el poder y si están actuando verdaderamente en nombre del bien común. Un gobierno que no vela por los intereses colectivos corre el riesgo de perder su legitimidad, pues se convierte en un instrumento de intereses privados, desvirtuando su propósito y traicionando la confianza de la población que, en última instancia, es a quien debe servir y proteger.

Hoy por hoy: desidia administrativa, el costo de la inacción en el sistema de salud

Hace 2 añosLa desidia y falta de compromiso de las autoridades han costado más que tiempo: han costado vidas. El programa de trasplantes de corazón en Panamá, una esperanza que una vez brilló con el esfuerzo conjunto público y privado de profesionales comprometidos, ha sido abandonado bajo la administración del todavía director de la Caja de Seguro Social. ¿Cómo se explica que en un país donde el primer trasplante fue realizado hace casi una década, hoy el sistema de salud ni siquiera garantice la continuidad de un programa vital? La Ciudad de la Salud, que prometía transformar la atención médica, es ahora un reflejo del fracaso de la administración de Enrique Lau Cortés. No se trata solo de infraestructuras vacías; es una traición al pueblo panameño. La falta de pago de compromisos adquiridos por la Caja, la burocracia y la apatía han condenado a los pacientes a una espera inhumana. No hay tiempo que perder. Las vidas de los enfermos no son una moneda de cambio para la negligencia política. Es urgente una reforma profunda del sistema de salud que garantice el acceso a tratamientos que devuelvan esperanza y vida. ¡Los enfermos han esperado demasiado!

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