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Desde la semana pasada, el exfiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo asesora de manera ad honórem al Gobierno de Panamá en su estrategia anticorrupción.
Su primera colaboración con el país será asesorar al Gobierno en los juicios que se llevan a cabo en Italia contra la empresa Finmeccanica y el presunto soborno a autoridades panameñas.
Tras participar ayer en un ciclo de conferencias de la Red Liberal de América Latina (Relial), Moreno Ocampo sugirió crear mecanismos para que los ciudadanos se incorporen frontalmente a la lucha contra la corrupción.
"No solamente hay que combatir la corrupción del pasado, sino hay que saber cómo generar incentivos económicos para que la integridad sea un negocio. En Estados Unidos hay una ley que permite recompenzar a las personas que denuncian fraudes de compañías en contra del Gobierno. (Pero) Para eso se necesitan jueces serios", precisó.
"El mundo está cambiando. Las empresas tienen que darse cuenta que cada vez es más difícil pagar sobornos, porque se va a saber. El que creía que tenía un acuerdo con el presidente, (una vez) cae el presidente, se cae el acuerdo", agregó.
El exfiscal también sugirió incrementar la transparencia del sistema bancario panameño para que el país pueda convertirse en la puerta de entrada de la inversión extranjera de América Latina.
"Panamá es un país que tiene una enorme infraestructura de bancos. Si lograramos un cambio en la percepción del sistema financiero de Panamá (el país) podría ser el punto de entrada de la inversión de América Latina, así como lo es Singapur y Hong Kong para Asia, y Dubai para el mundo árabe", planteó.
Moreno Ocampo fue el fiscal que enjuició a las juntas militares argentinas. Además, es fundador de Transparencia Internacional. Durante su cargo en la Corte Penal Internacional realizó investigaciones contra los ejércitos y autoridades de Uganda, El Congo y Sudán. También realizó la investigación por la matanza de 3 mil ciudadanos en Costa de Marfil.
A continuación, el video con la entrevista completa a Moreno Ocampo.

La misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para elecciones de Panamá de mayo de 2014 recomendó “revisar de forma integral la figura del fiscal electoral”, al presentar el informe final de este proceso.
"Sería positivo realizar una valoración sobre el método utilizado para su designación, así como el establecimiento de controles que garanticen que todas las denuncias, particularmente las que se refieren a la propaganda, sean investigadas y tramitadas, en forma oportuna y éticas", precisó la jefa de esta delegación, Lourdes Flores Nano al presentar el documento.
Flores Nano recomendó además incrementar el control y vigilancia del financiamiento público para fiscalizar en qué se usan los subsidios.
Destacó los retos para las mujeres en el acceso a una participación igualitaria; y la necesidad de realizar reformas al Código Electoral para sancionar a candidatos que no rindan cuentas de sus donaciones.
Pidió también lograr nuevos mecanismos de acceso a la información en donaciones privadas y mayor acceso a las minorías indígenas en las elecciones con materiales en su idioma nativo.
A continuación el texto completo del informe.
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El Ministerio de Salud (Minsa) prohibió a partir de hoy la entrada a Panamá de personas provenientes de Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry.
La medida fue anunciada a través de un comunicado del Minsa, en el marco de las medidas adoptadas para combatir el ébola.
"Como parte de las medidas de prevención que adopta Panamá ante la propagación del virus Ébola en otras naciones, el Minsa anuncia que a partir de la fecha entra en vigencia una restricción de ingreso al país para los pasajeros procedentes de Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry, o que dentro de su agenda de viaje se compruebe que visitaron los países en mención durante los últimos 21 días", indica el comunicado.
"La medida, que forma parte de las acciones que implementa Panamá con el propósito de prevenir la entrada al país de personas afectadas con este padecimiento que ha cobrado la vida de casi 4,500 personas en África occidental, fue discutida con representantes de las aerolíneas que brindan servicios en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y profesionales de la salud. Dicha restricción se mantendrá hasta que las citadas naciones sean declaradas libres del virus ébola", añade la nota oficial.
Las últimas estadísticas públicas de entrada de pasajeros por nacionalidad datan del año 2012.
Cifras de la Contraloría General de la República indican que ese año pasaron por el aeropuerto internacional de Tocumen 47 pasajeros de estos tres países, 11 de ellos de Guinea, 17 de Sierra Leona y 19 de Liberia.
Lea a continuación el correo enviado a los medios de comunicación:
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La subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional ordenó la separación del cargo del magistrado Alejandro Moncada Luna, a quien se le imputan los cargos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos.
También tiene prohibido salir del país y la obligación de permanecer en su residencia. La semana pasada, la subcomisión dictó la aprehensión de dos apartamentos de Moncada Luna en Coco del Mar, por estar vinculados a los hechos que se investigan.
Las juezas autorizaron la conducción obligatoria de Moncada Luna a su casa.
En ausencia de Moncada Luna lo reemplaza su suplente, Abel Zamorano, en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las juezas de garantías son las diputadas Kaytleen Levy, Zulay Rodríguez y Ana Matilde Gómez. Esta última emitió un voto razonado, por considerar que la orden de mantenerse recluido en su domicilio “merece un atenuante”.
Acto seguido, el abogado defensor Sidney Sittón apeló las medidas cautelares que restringen la libertad de su cliente.
“Lo están llevando a un extremo de indefensión”, remarcó.
"Ustedes [las juezas] han sido condescendientes", replicó el diputado Pedro Miguel González, quien fue investido como fiscal del caso.
Las jueces decretaron un receso para estudiar el pedido de Sittón. A su regreso informaron que tal solicitud era improcedente.
El fiscal Pedro Miguel González solicitó el allanamiento de las oficinas de Moncada Luna. La petición fue negada.
Desde enero de 2010, cuando fue nombrado como magistrado a la fecha, el magistrado ha recibido salarios de 571 mil 531 dólares sin deducciones de ley, por lo que a juicio del fiscal, el magistrado debe explicar cómo compró dos apartamentos en Coco del Mar por 1.7 millón de dólares.
El fiscal señala que ha entrevistado a los siguientes testigos para basar sus acusaciones: Ana Beatriz Bouche, exasistente de Moncada Luna; Luis Adolfo Corró, amigo del magistrado; Carlos Fernández Cooke, directivo de Desarrollo Coco del Mar (promotora del PH Santorini); Nicolás Iván Corcione Pérez Balladares, promotor del PH Ocean Sky; José Alejandro Rojas Pardini Santacoloma, ejecutivo de Grupo Corcione y Enrique Antonio Rivera Aguilar, oficial de crédito del Banco Nacional de Panamá (BNP).
Para leer las 10 claves de este caso, haga clic aquí.
HABLA MONCADA LUNA
Luego de la audiencia Moncada habló a los medios de comunicación:
"Se me violaron todas mis garantías. Lo único que faltó fue acusarme de homicidio y tráfico de droga. Voy a presentar todas las pruebas que tengo. Voy a comprobar todos los pagos que he hecho, que son de procedencia lícita. Cuando vean mis pruebas, vamos a aclarar esto. El fiscal me ha acusado sin fundamento. Ha violado la ley. Pidió un allanamiento a mi oficina. Gracias a dios las juezas de garantías no se lo permitieron. Hay un Dios, y ya veremos qué pasa más adelante", precisó.
OBREROS PROTESTAN
A eso de la 1:30 p.m. se presentó un grupo de trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares a las afueras de la Asamblea Nacional para protestar.

El diputado fiscal, Pedro Miguel González, solicitó este sábado nuevos allanamientos para dar con el paradero del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna.
La información fue confirmada por la diputada, Zulay Rodríguez, jueza de garantías de la subcomisión de la Asamblea Nacional.
Luego de reunirse con las otras juezas de garantías, las diputadas Katleen Levy y Ana Matilde Gómez, los nuevos allanamientos fueron aprobados.
Las autoridades intentan dar con el paradero del magistrado de la Corte. Más temprano resultó infructuoso un allanamiento a su residencia.
El diputado González se presentó hoy al apartamento en el sector de Coco del Mar. Al salir González dijo que Moncada Luna no estaba allí.
Agregó que sabía de “otras probables ubicaciones” y que se reuniría con agentes de la Policía Nacional para continuar la búsqueda.
"Tenemos instrucciones de ubicarlo y conducirlo", enfatizó.
Para entender las 10 claves más importantes de este caso, haga clic en el siguiente link.

El diputado fiscal, Pedro Miguel González, solicitó este sábado a la ciudadanía llamar a la Policía Nacional en caso de conocer el paradero del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna.
En declaraciones públicas, González precisó que la Policía tiene la instrucción de ubicarlo, por lo que aplicarán todas las disposiciones que permite la ley.
Parte de esta búsqueda incluye al Servicio Nacional de Migración, añadió.
“Quiero hacer un llamado al magistrado. Cuentan con nuestros teléfonos para que asistan voluntariamente a la Asamblea", precisó el diputado fiscal.
Una vez que se localice al magistrado, se procederá a llevarlo a la subcomisión de garantías de la Asamblea para la audiencia de formulación de imputación.
El pasado 8 de octubre, los diputados de la Comisión de Credenciales, Reglamento y Ética Parlamentaria de la Asamblea admitieron una acción interpuesta contra Moncada Luna.
La denuncia fue presentada por el Colegio Nacional de Abogados y respaldada por la Alianza Ciudadana pro Justicia; en ella se acusa al magistrado de enriquecimiento injustificado.
Para leer las 10 claves más importantes de este caso, haga clic aquí.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, no se encuentra en su apartamento del PH Ocean Sky, de Coco del Mar.
La información fue dada a conocer –en primera instancia– por el primo del magistrado, Gonzalo Moncada, quien acompañó al diputado fiscal Pedro Miguel González en el allanamiento a esta residencia. Luego, González corroboró la ausencia de Moncada Luna en el piso 26 del edificio Ocean Sky.
A su salida del edificio en Coco del Mar, González señaló que la diligencia se desarrolló de manera respetuosa. “Se pudo determinar que no está en el apartamento”, informó. “No hay nadie [en el apartamento aparte del servicio”.
El fiscal añadió que le ha pedido a la Policía Nacional que mantenga la vigilancia en este edificio.
Remarcó que se tiene la instrucción de ubicarlo, por lo que aplicarán todas las disposiciones que permite la ley. Así las cosas, dio a conocer que, como parte de la búsqueda, se coordina también con funcionarios del Servicio Nacional de Migración.
“Quiero hacer un llamado al magistrado. Cuentan con nuestros teléfonos para que asistan voluntariamente a la Asamblea", precisó el diputado fiscal.
Luego de realizar esta diligencia González señaló que se dirigiría a su oficina en la Asamblea Nacional.
La idea de esta acción era llevar al magistrado ante la subcomisión de garantías de la Asamblea que lo procesa por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
Para entender las 10 claves de este caso, haga clic aquí.
(Con datos de Rubén Polanco)

El diputado fiscal, Pedro Miguel González, y miembros de la Policía Nacional, realizan la mañana de este sábado un allanamiento en el apartamento del magistrado Alejandro Moncada Luna.
El apartamento se encuentra en el piso 26 de la torre A del edificio Ocean Sky, en Coco del Mar.
La idea de esta diligencia es llevar al magistrado ante la subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional que lo procesa por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
A su llegada, González dijo que, con la colaboración de la administración del edificio, espera contar con los videos de vigilancia del edificio para conocer sobre la entrada del magistrado.
“Nadie ha tenido contacto con él”, indicó, al tiempo que señaló que el magistrado no está acompañado de sus escoltas, según se ha podido conocer.
González, tal como lo dijo anoche, dijo que no cree que la diligencia que desarrolla esta mañana sea necesaria. En lugar de esto –insistió– el magistrado debe comparecer a la subcomisión de garantías.
Informó que, en caso de que Moncada Luna no se encuentre en su apartamento, seguirán tratando de localizarlo y conducirlo hacia la Asamblea.
Pidió también la colaboración a todos aquellos ciudadanos que pudieran saber sobre su paradero a que se comuniquen con la Policía Nacional.
Al lugar se presentó también el abogado Gonzalo Moncada, primo del magistrado. Dijo a los medios de comunicación que su presencia era como familiar del magistrado; luego subió al piso 26 con el fiscal González.
Anoche, las diputadas Katleen Levy, Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez, juezas de garantías en el proceso, ordenaron la conducción de Moncada Luna a la audiencia durante la cual se tiene previsto imputarle cargos.
(Con datos de Rubén Polanco)

El magistrado del Tribunal Electoral (TE), Eduardo Valdés Escóffery, informó que las elecciones en 15 mesas del circuito 7-1 (Las Tablas, Guararé, Pocrí y Pedasí, en Los Santos) se efectuarán el próximo domingo 16 de noviembre.
La noticia se conoce horas después de que el pleno del TE confirmara su decisión de declarar la nulidad parcial de las elecciones en el circuito 7-1 y la proclamación de Carlos Afú como diputado.
El TE, además, divulgó esta tarde el fallo en que oficializa la anulación de la elección de Afú. (Ver adjunto)
En tanto, el Fiscal Electoral, Eduardo Peñaloza, confirmó que Afú se presentó ayer a la oficina de la Fiscalía Electoral para presentar una denuncia por supuesta utilización de recursos del estado por parte del perredista Obido Díaz.
Añadió que dará el trámite que se le da a todas las denuncias, con la finalidad de determinar si la misma procede o no.
En el video que acompaña esta nota, escuche las declaraciones completas de Peñaloza sobre este tema.

El magistrado del Tribunal Electoral (TE) Heriberto Araúz se acogió este martes al término de 30 días para dar un fallo en la audiencia de impugnación a Héctor Aparicio, de Cambio Democrático, en el circuito 9-2, Veraguas.
Así lo dejó saber Araúz, al término de la audiencia desarrollada en el Tribunal Electoral (Ancón). El proceso acabó a las 2:50 p.m.
Aparicio fue impugnado por Luis Ábrego, candidato a diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD). El perredista Ábrego ha señalado que el expresidente del Legislativo utilizó fondos del Estado para la pasada campaña política.
Los alegatos de la defensa de Aparicio se basaron en que no tiene el control sobre las obras que se hicieron en su circuito en el último año y las cuales fueron realizadas por el Estado.
Agregaron que las obras realizadas ya estaban contempladas en el presupuesto general. A su vez, Aparicio ha sostenido que tiene 20 años de trayectoria como político y que –a diferencia del periodo 2009-2014– siempre ha estado en oposición. Dijo que se ha enfocado en darle solución a la población que representa.
Por otra parte, los abogados del perredista Ábrego enfatizaron que en el último año en el circuito 9-2 se desarrollaron obras por 63 millones de dólares a través del trabajo que realizaron diferentes entidades. Todas estas obras se emprendieron para beneficiar directamente a Aparicio, añadieron.
Por lo tanto, Ábrego ha pedido la nulidad de las elecciones y la inhabilitación de Aparicio para que participe en futuros comicios.