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El subsidio electoral que se da dentro de los partidos políticos para la capacitación de las mujeres es sumamente bajo. Así lo manifestó la diputada perredista Zulay Rodríguez, quien se reunió este viernes, 5 de septiembre, con representantes del Foro de Mujeres de Partidos Políticos.
Según la diputada, el 10% destinado para este fin no siempre llega a las mujeres que militan en partidos políticos, ya sea como precandidatas en primarias o en los comicios generales.
Al no tener recursos económicos se están perdiendo potenciales mujeres que pudieran salir como representantes de corregimientos, alcaldesas o diputadas, enfatizó.
Ante esta situación, Rodríguez dijo que se aspira a que esta cifra pase de un 10% a un 50% y que el dinero realmente llegue a las mujeres.
Por su parte, Lorena González, del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, dijo que se busca dar asesoría ante una iniciativa de ley “acorde a la realidad de las mujeres que es distinta a la de los hombres que participan en política”.
Solo el 7.53% de las candidaturas principales a puestos de elección popular en el país, en partidos políticos e independientes, incluye mujeres. Las cifras indican que 662 de un total de 8 mil 792 candidaturas corresponden al sexo femenino.
Estos datos fueron contabilizados y actualizados por el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos en la antesala de las pasadas elecciones generales a partir de datos oficiales del Tribunal Electoral.
(Vea el video que acompaña esta información)

Por primera vez durante su administración, el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, convocó a una rueda de prensa en la sede de la entidad en Bella Vista.
Peñaloza no llamó a los medios para revelar las investigaciones que realiza, sino para quejarse de la manera como lo presiona el Tribunal Electoral (TE) y en especial su presidente, Erasmo Pinilla.
“Vamos a tener que comenzar a salir un poco más a los medios, porque se ha montado una campaña de cosas de que no tengo responsabilidad”, dijo. “Pinilla ha venido con una campaña desde que le contesté una carta muy irrespetuosa, porque yo no soy subalterno del TE. El fiscal electoral no recibe órdenes del TE”, acotó.
Peñaloza se refirió a la carta que le envió Pinilla en diciembre de 2013, en la que le solicitó su presencia para una reunión en el salón de reuniones de la sala de acuerdos del tribunal, a fin de tratar temas relacionados con el quehacer electoral.
“Yo no recibo órdenes, la Fiscalía Electoral es una entidad independiente, no dependemos de los magistrados del TE. Boris Barrios (su antecesor) también tuvo los mismos problemas por defender la institucionalidad y la independencia”, expresó el funcionario.
Este diario intentó conseguir una reacción de Pinilla, pero fue imposible hasta el cierre de la presente edición.
Sobre los procesos actuales de impugnación, el fiscal indicó que la institución que dirige solo investiga “delitos penales, no decisiones administrativas como son las impugnaciones”.
“Yo tengo que esperar que lleguemos a la fase procesal de la audiencia, que con las pruebas y demás tener una opinión objetiva”, explicó Peñaloza, quien reveló que le han remitido 24 casos de impugnaciones, 10 de ellos contra diputados, 2 contra alcaldes y 12 contra representantes de corregimiento.
Peñaloza expuso un supuesto caso en el que Pinilla puso “en sueño eterno en su despacho” un expediente que debía ser resuelto con prontitud. “Esta es una de las actuaciones de muchas que podemos sacar a la luz pública. Si me investigan, también hay méritos para hacerlo a Pinilla”, agregó.
También indicó que está dispuesto a someterse a una comparecencia ante la Asamblea Nacional, tal como lo hizo la contralora general, Gioconda Torres de Bianchini.
“Cuando uno actúa en apego a la ley y a la Constitución, nada debemos de temer”, indicó.
Frase parecida a la que dijo Torres de Bianchini a su salida del Palacio Justo Arosemena: “duermo bien, y el que duerme bien es porque va con la ley”.

El fiscal general electoral Eduardo Peñaloza aseguró hoy, 26 de agosto, que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) lo culpan de no brindar su colaboración en resolver las 10 impugnaciones presentadas contra diputados proclamados.
"Se quieren limpiar conmigo y eso no lo puedo permitir", dijo el funcionario en conferencia de prensa desde su despacho.
Explicó que el Código Electoral, en su artículo 431, establece que los procesos de impugnación son de tipo administrativo y que solo le compete el TE ver esos casos.
“A nosotros nos competen las investigaciones de tipo penal. Ellos [los magistrados] tienen que instruir, es responsabilidad de ellos”, agregó.
Además, aseguró que los magistrados tienen las herramientas legales para haber resuelto hace tiempo dichas impugnaciones.
"El magistrado Erasmo Pinilla tiene una campaña [en mi contra]", aseguró.
De acuerdo a Peñaloza, a la fecha solo le han remitido 24 casos de impugnaciones, de esos 10 contra diputados proclamados, 2 contra alcaldes y 12 contra representantes de corregimiento.
En 2009, dijo, se presentaron 29 demandas luego de las elecciones.
COMPRA DE VOTOS
Luego, el fiscal recordó al menos 15 impugnaciones que fueron rechazadas por el Tribunal Electoral de plano en 2009.
“La rechazaron de plano con el argumento de que la compra de votos, el repartir dinero y ofrecer prebendas no era una causal en firme para impugnar una elección”, sostuvo Peñaloza, nombrado por el expresidente Ricardo Martinelli.
“Hoy día ha cambiado el péndulo: los magistrados tienen ahora otra opinión y eso es lo que lo tiene estacando [el proceso] de resolver las impugnaciones”, dijo. "Yo no no recibo órdenes", puntualizó.
A Peñaloza lo han cuestionado por su inacción durante las pasadas elecciones así como su vinculación con el exmandatario por haber sido miembro de Cambio Democrático.




La petición del presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, de suspender la discusión y consultas del proyecto de ley 8 que propone reformas electorales para resolver las impugnaciones, fue recibida con beneplácito por la sociedad civil, pero con aprehensiones por parte de diputados que integran la Comisión legislativa de Gobierno.
Valderrama, en una conferencia de prensa a la que apareció hora y 15 minutos después de la convocatoria y sin sus vicepresidentes, Benicio Robinson y Alfredo Pérez [ambos miembros del Partido Revolucionario Democrático], manifestó que su pedido se basa en que “no existen las condiciones para lograr un consenso entre las partes sobre la modificación del Código Electoral”.
Indicó que su solicitud intenta que “no se repitan errores cometidos en la pasada administración, donde no se respetaron los consensos alcanzados entre los partidos políticos y la sociedad civil”.
Durante la segunda sesión de consultas del proyecto en la Comisión de Gobierno se registraron manotazos y fuertes discusiones entre diputados de Cambio Democrático (CD) y el presidente de esa instancia, el perredista Pedro Miguel González, proponente de la iniciativa.
“Estoy seguro que el diputado Pedro Miguel González comparte que no debe haber una reforma sin el aval de los integrantes de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE)”, expresó Valderrama.
Señaló que el fin es que todos los cambios a la Ley Electoral sean llevados a la CNRE, para que en 2015 se presente un proyecto único que tenga el consenso de todos los sectores.
Sociedad civil apoya
El pedido de Valderrama tuvo eco en la sociedad civil.
El abogado Javier Ordinola, en nombre del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, destacó que la acción de Valderrama es sana porque en un régimen democrático, como debe ser, lo que se apruebe en la Asamblea debe ser el resultado de consensos.
En tanto, Maribel Jaén, coordinadora de esta agrupación, coincidió con Ordinola en que el pedido del presidente del Legislativo busca lograr mayor acuerdo sobre el tema.
polémica
El proyecto reforma los artículos 342 y 347 del Código Electoral para anular a los candidatos que se le compruebe la causa de la impugnación y se le entregaría la credencial al que resultó el segundo más votado en las pasadas elecciones.
La iniciativa estipula la entrega de las credenciales a los candidatos proclamados que están directamente impugnados en los circuitos plurinominales
En total nueve diputados proclamados de CD han sido impugnados por supuesto uso de recursos estatales en sus campañas. Otros cinco tienen retenidas sus credenciales por impugnaciones en sus circuitos electorales.
comisión responde
El presidente de la Comisión de Gobierno, Pedro Miguel González, advirtió de que la decisión de suspender la discusión de un proyecto no es del presidente de la Asamblea, sino de los miembros de la instancia legislativa.
Anunció que someterá el pedido de Valderrama a consideración de la bancada del PRD y luego ante los miembros de la Comisión.
Manifestó que suspenderá las consultas programadas para el lunes, pero reiteró su defensa al proyecto. Además, consideró que es el momento oportuno para debatir la reforma que resolverá el tema de las impugnaciones.
“Notamos mucho titubeo en el Partido Panameñista y auguro un mal futuro si el resto de las decisiones se toma de esta manera”, afirmó González
En tanto, el diputado del PRD y vicepresidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, también defendió el proyecto y negó que sea inconsulto.
Recordó que el objetivo es “salvar” a los diputados que ganaron en los plurinominales y no son objeto de impugnaciones.
Por su lado, Zulay Rodríguez, diputada comisionada de Gobierno, dijo que dará su opinión el lunes cuando la bancada del PRD tome una decisión.
Mientras que su colega panameñista y secretario de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Quirós, manifestó que el pedido de su copartidario Valderrama es “positivo”, pero la suspensión del debate es decisión de los comisionados.
CD pide retiro
Fernando Carrillo, diputado de CD, se mostró satisfecho con el pedido de Valderrama, aunque aclaró que la iniciativa debió “morir en su cuna”, porque fue prohijado de manera ilegal, ya que en la comisión estaban los suplentes, cuyos principales legislaban en la Comisión de Credenciales y eso lo prohíbe el Reglamento Interno.
Carrillo sostiene que el proyecto debe de ser retirado por su proponente, para que nadie vuelva a revivirlo.
(Con información de Yahir Leis)
El Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales informó en un comunicado que “de aprobarse el proyecto de reformas electorales, se estaría cayendo en las mismas prácticas que atentaron contra la institucionalidad, cuestionadas a administraciones anteriores por la sociedad panameña”. El Foro Ciudadano hizo un llamado a todos los partidos políticos para que “sean eliminadas las viejas y malas prácticas, y se renueven sobre la base de una nueva cultura ética”. En este sentido, esta instancia denunció que la institucionalidad se encuentra “debilitada por las ansias de llegar al poder y de mantenerse en él a cualquier costo”.
Solicitó a la Fiscalía Electoral y a las instituciones que tienen el deber de aportar elementos probatorios dentro de los procesos de impugnación, para que cumplan con su trabajo como lo establece la ley, de modo que los procesos que se desarrollan en los tribunales puedan resolverse de manera expedita y superar la situación en la que se encuentra la justicia electoral.
Por otro lado, sostuvo que con estas reformas tampoco se resolverían las causas reales de los problemas ya identificados y analizados por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, como la falta de transparencia, la falta de control del financiamiento privado y el uso de recursos públicos por parte de los partidos políticos, “que es lo que en el fondo ha generado el número inusitado de impugnaciones” que han producido un clima de inquietud en la ciudadanía.
YAHIR LEIS ALVARADO