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La audiencia para analizar el posible uso de recursos del Estado para proselitismo político por parte del diputado proclamado de Cambio Democrático (CD) Noriel Salerno concluyó esta tarde.
El magistrado sustanciador del Tribunal Electoral (TE) Erasmo Pinilla se acogió al término de 30 días para emitir un fallo.
Salerno fue denunciado por Omar Cornejo, candidato a diputado del Partido Popular por el circuito 2-4 de Aguadulce, provincia de Coclé, quien confía en la decisión que tomará el TE tras la audiencia.
La defensa de Cornejo, el abogado Javier Ordinola pidió la nulidad de las elecciones en ese circuito y la convocatoria de unos nuevos comicios, "porque se comprobó la utilización de recursos del Estado".
En tanto, el fiscal segundo electoral Diego Velásquez pidió al final de la jornada que se desestimara la petición de la nulidad de elecciones porque no se pudo acreditar con pruebas los delitos a los que alegaba Cornejo.
Dijo que si bien los diputados, en este caso Salerno, utilizaron las llamadas partidas circuitales, no hay ilegalidad en ello porque son una "prerrogativa" que tienen los miembros de la Asamblea Nacional.
Durante el juicio, una residente del corregimiento de Pocrí, distrito de Aguadulce, reveló que 15 días antes de las elecciones el entonces diputado y candidato a la reelección por Cambio Democrático (CD) Noriel Salerno, le entregó en sus manos 150 dólares como parte de una "ayuda" que había solicitado con urgencia, a cambio tenía que votar por él.
La joven hizo estas declaraciones bajo juramento en la audiencia contra la proclamación de Salerno como diputado electo, que se celebra hoy en la sede del Tribunal Electoral.
Además, esta lo acusó de acoso sexual. Narró que cuando recibió la "ayuda", en casa de Salerno, este le agarró una mano y le dijo: "Quiero una foto tuya desnuda o en biquini con el dinero".
Ante esta declaración, Salerno prefirió no emitir comentarios. Este fue el testimonio más contundente que se ha escuchado en la primera jornada de la audiencia. "Me pidió a cambio de 150 dólares que votara por él", remarcó la joven.
Hasta ahora han desfilado nueve testigos de los diez que fueron convocados por el impugnante y rival político de Salerno, Omar Castrejo, del Partido Popular.
El padre de la joven también fue testigo. Llegó al auditorio enojado al conocer la situación de su hija.
Dijo que apenas anoche se enteró que su hija declararía haber sido sexualmente acosada. La joven también aseguró que el 2 de mayo (dos días antes de las elecciones) activistas de CD le llevaron a su casa bolsas de alimentos.
Giancarlo Terán, uno de los imputados en la investigación que adelanta el Ministerio Público (MP) por el supuesto uso de recursos estatales para la operación de un call center, se presentó hoy, viernes 12 de septiembre –por segunda vez en esta semana– a la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
Esto, como parte de la declaración de indagatoria de la investigación por la supuesta instalación del centro de llamadas en el que se hacía campaña política a favor del partido Cambio Democrático (CD) con fondos de la Asamblea Nacional.
Terán estuvo acompañado por su representante legal Yocehil González, quien expresó que su defendido se presentará ante la fiscal para aclarar los acontecimientos que ha expuesto públicamente.
Por su parte, Terán se limitó en decir que su presencia en la fiscalía era solamente para aclarar lo antes dicho en los medios.
El pasado 8 de septiembre Terán fue ubicado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial en la residencia de su madre y llevado a la fiscalía para que rindiera declaración indagatoria por cargos contra la administración pública.
No obstante, Terán se acogió al artículo 25 de la Constitución, que establece que “nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
La investigación empezó luego de que Terán revelara que el call center, ubicado en un edificio de la Avenida Balboa, funcionaba con fondos de la Asamblea y que era manejado por la exdirectora del Servicio Nacional de Migración María Cristina González y del exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah.
