Brazaletes electrónicos tipo Relialert XC3 para privados de libertad, cuyo alquiler por $1.6 millones fue adjudicado de manera directa por el Ministerio de Gobierno a Sprintico Corp., pese a inconsistencias en el expediente y cuestionamientos sobre la contratación. Foto tomada del Ministerio Público.
Ereida Prieto-BarreiroHace 1 añoEl Ministerio de Gobierno (Mingob) adjudicó de manera directa un contrato para el alquiler de 500 brazaletes electrónicos por $1.6 millones a Sprintico Corp., apenas horas después de cancelar una adjudicación –muy cuestionada– que favorecía a la misma compañía.
Panorámica de las residencias ligadas a José Gabriel Carrizo, en El Coco, Penonomé. Al fondo, los establos y el picadero. LA PRENSA/Alex Arosemena
Rolando Rodríguez B.Hace 1 añoLa Contraloría ordenó el secuestro de bienes de exvicepresidente Carrizo por una concurrencia de hasta $1.3 millones, pero excluye propiedades clave en Penonomé y Costa del Este.
Ahora la Contraloría exige el nombre completo de quien desee acceder a la información pública del Scafid, así como su cédula y correo electrónico.
LP/Elysée Fernández
Rolando Rodríguez B.Hace 1 añoEl contralor Anel Flores limitó el uso del sistema Scafid, herramienta clave para la fiscalización ciudadana, reduciendo el libre acceso a la información del Estado.
Eliana Morales GilHace 1 añoEl exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo, defendió su gestión al frente del Ejecutivo (2019-2024) y afirmó que actuó “con responsabilidad, honradez y respeto por la ley”.
Héctor Valdés Carrasquilla, exalcalde de San Miguelito.
LP/Archivo
Eliana Morales GilHace 1 añoLa trayectoria del exalcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, está marcada por auditorías, procesos judiciales archivados y acusaciones de malversación y clientelismo. La Contraloría le secuestró bienes tras detectar irregularidades.
En la combinación de imágenes se aprecia al contralor Anel Flores (Izq.) y al ministro de Salud, Fernando Boyd. LP
Mónica PalmHace 1 añoLa Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana –capítulo panameño de Transparencia Internacional– presentó una denuncia administrativa para que se investigue por qué la Contraloría General de la República y el Ministerio de Salud (Minsa) pagaron por la prestación de unos servicios de limpieza hospitalaria que estaban acordados en un contrato sin validez.
La Corte Suprema de Justicia revisará los nuevos poderes dados al contralor general de la República. LP Isaac Ortega
Juan Manuel DíazHace 1 añoUna advertencia de inconstitucionalidad contra la resolución No. 3126-2025, del 23 de septiembre de 2025, que permite al Contralor General de la República la aplicación de medidas cautelares, entre las se encuentran decretar secuestros y suspender salarios, fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia.
El presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier Alexis Del Rosario Franco (izq.) y contralor Anel Flores. Cortesía/Contraloría
Ohigginis Arcia JaramilloHace 1 año Horas antes, el presidente de la República, José Raúl Mulino, respaldó el reglamento que permite al contralor aplicar secuestros.
Ohigginis Arcia JaramilloHace 1 añoLas declaraciones del mandatario se dan luego de que organizaciones como Apede y exmagistrados calificaran como 'ilegal' e 'inconstitucional' el nuevo reglamento de la Contraloría que permite los secuestros.
Giulia De Sanctis, presidenta
Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Cortesía
Ohigginis Arcia JaramilloHace 1 añoEl gremio empresarial advierte que esta disposición excede las competencias legales del organismo, vulnera el debido proceso y podría generar conflictos con la separación de poderes.