El Ministerio Público (MP) resaltó este sábado que la denuncia penal que presentó BAC International Bank hace más de un año, para que se investigara la falsificación de unos contratos de cesión de créditos fiscales, podría reabrirse.
En un comunicado divulgado en sus redes sociales, el MP resaltó que la causa fue archivada provisionalmente, “lo cual implica un cierre de carácter transitorio, cuya reapertura puede ocurrir al surgir nuevos elementos en la investigación o ser incorporados por la parte interesada”.
El banco presentó la denuncia el 21 de julio de 2025. Sin embargo, desde el 2 de mayo de ese año, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada ya investigaba la manipulación del sistema e-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI) para apropiarse de créditos fiscales.
El comunicado del MP no indica por qué, si había una investigación en curso, la denuncia penal de BAC no fue incorporada a esa causa. En cambio, fue enviada a una fiscalía distinta, la Metropolitana, donde el fiscal adjunto Salustiano González ordenó su archivo provisional apenas tres meses después.
El MP alegó este sábado que la Fiscalía Metropolitana no pudo comprobar el delito de falsedad denunciado por el banco.
“Realizadas las diligencias correspondientes en el lugar señalado en la denuncia, no se dio con la ubicación de los originales de los documentos alegados como falsos para acreditar el delito denunciado”, señala el comunicado del MP.
#Comunicado | Aclaramos publicación donde se señala que una fiscalía ignoró la denuncia presentada por una entidad bancaria. pic.twitter.com/MphxqkoPek
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 1, 2026
Agrega que, en la otra investigación, la que adelanta la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, ya se han realizado tres operativos: los denominados e-Tax, Publicano y Pandora, este último el más reciente, que derivó en la solicitud de aprehensión de 19 personas, entre funcionarios de la DGI, abogados y testaferros. La mayoría ya fueron imputados y están con medida de detención provisional o domiciliaria.
Esta red habría causado una lesión patrimonial al Estado por un monto aproximado de $40 millones.
