La investigación por el fraude con los créditos fiscales en la Operación Pandora dejó al descubierto una red integrada por funcionarios de la Dirección General de Ingresos, abogados, tramitadores y ejecutivos del mundo financiero, que habría encontrado la forma de manipular movimientos tributarios reales para convertirlos en créditos fiscales fraudulentos, generando un hueco de al menos $40 millones al Estado.
Además, el caso vulneró de forma directa la institucionalidad tributaria y afectó la credibilidad de la DGI, según advierte la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en su artículo La Cámara Opina, en el que exige una respuesta contundente ante este caso.
El gremio pide que se sancione a los responsables y, a la vez, que se recupere la confianza y credibilidad en instituciones como la DGI y se desmantelen todas las redes criminales.
“Hay que desmontar las redes, recuperar cada dólar, proteger a quienes actuaron de buena fe, corregir las vulnerabilidades y sancionar a quienes resulten responsables. Sin privilegios. Sin encubrimientos. Sin excusas (...) Caiga quien caiga”, expresa el gremio dirigido por Aurelio Barría Pino.
La Cámara de Comercio expone que la investigación sobre los créditos fiscales ilegítimos en el sistema e-Tax ya no admite lecturas suaves.
Menciona que la auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI) concluyó que al menos $36.01 millones de los $42.4 millones utilizados por un solo banco para compensar impuestos entre 2022 y 2025 serían improcedentes e ilegítimos.
“Cuando los registros del Estado pierden confiabilidad, también se debilitan la seguridad jurídica, la inversión y la confianza en Panamá”, advierten los empresarios.
La Cámara de Comercio alertó que el caso va más allá de una afectación a los fondos públicos, pues empresas y personas pudieron haber sido engañadas mediante documentos y registros con apariencia de legalidad, mientras que otros participantes pudieron conocer el origen irregular de los créditos.
El gremio señaló que también persiste la incertidumbre sobre la verdadera situación tributaria de contribuyentes cuyos pagos habrían sido alterados o utilizados dentro del esquema, por lo que instó a la DGI a reconstruir cada operación, identificar a las víctimas y a los posibles responsables, y aclarar la condición fiscal de cada persona o sociedad afectada.
“Si el sistema e-Tax fue manipulado para eliminar trazabilidad, alterar pagos reales y fabricar créditos con apariencia legítima, no estamos ante una falla menor. Estamos ante una vulneración directa de la institucionalidad tributaria”, indica.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá propuso reforzar la cultura de integridad tanto en el sector público como en el privado, mediante programas de cumplimiento, códigos de ética efectivos, canales seguros de denuncia, controles cruzados y sanciones reales.
El gremio también planteó fortalecer la seguridad digital con controles de acceso estrictos, auditorías independientes, alertas automáticas y sistemas que permitan identificar quién modifica un registro, cuándo lo hace y desde dónde. Advirtió que “la transformación digital sin seguridad es una puerta abierta al fraude”.
