Las debilidades del sistema electrónico e-Tax y la existencia de una red criminal que operaba desde las entrañas de la Dirección General de Ingresos (DGI) fueron reveladas el 2 de mayo de 2025, gracias a una denuncia anónima de dos páginas presentada ante el Ministerio Público.
El contenido de la nota resultó tan potente y revelador que fue anexado a la carpetilla del caso y se constituyó en una de las líneas de investigación de mayor relevancia en el proceso, en el que ya hay una treintena de imputados e incluso dos sentenciados por delitos que van desde el blanqueo de capitales hasta corrupción y delitos contra la fe pública.
La fuente puso el foco de sus revelaciones en el Departamento de Cuenta Corriente de la DGI, cuyo jefe directo era Eduardo Silvestre López y donde laboraban las funcionarias Betzy Rodríguez Alvarado e Irene Cumbrera Aguilar.
Los tres están imputados por la fiscalía. Silvestre ha brindado colaboración, admitiendo la existencia de la red y aportando explicaciones sobre el modus operandi, aunque aún carece de un acuerdo de colaboración validado por un juez. Fuentes ligadas a la investigación informaron que Rodríguez también estaría cooperando en esta etapa del proceso.
La fuente denunciante identifica a Eduardo Silvestre y a Betzy Rodríguez como los principales “cabecillas” de la operación de defraudación fiscal, junto a dos tramitadores que describió como “mafiosos”, con conexiones en todos los departamentos de la DGI. En la denuncia se advertía que la red estaba borrando cuentas individuales millonarias (incluso de hasta $8 millones), anulando declaraciones, aplicando pagos a los RUC equivocados o alterando cesiones de créditos fiscales, entre otras anomalías.
De fiesta en Nickelodeon
Esta red estaba conformada por funcionarios con años de trayectoria en la DGI.
Silvestre, por ejemplo, ingresó a la DGI primero como funcionario temporal, en 2008, y luego, cuatro años después —en 2012— obtuvo la permanencia. Como jefe de Cuentas Corrientes de la DGI, percibía ingresos de $4,000 al mes. A su vez, Rodríguez y Cumbrera se desempeñaban como analistas de cuentas, con salarios de $750 y $775 mensuales, respectivamente.
La fuente denunciante narró a los fiscales que Rodríguez mantenía un nivel de gastos muy difícil de justificar con un ingreso de apenas $750. Informantes dijeron a La Prensa que Rodríguez, para evitar ser investigada, involucró a su hija Milena, haciéndola abrir cuentas bancarias donde depositaba el dinero de sus actividades ilícitas.
Hasta el momento, la hija de Rodríguez no figuraría como imputada por el Ministerio Público. No obstante, la persona que presentó la denuncia aseguró que Milena constituyó una sociedad anónima con el propósito de tratar de justificar ante las entidades bancarias las enormes sumas de dinero que recibía de su madre, pues su cuenta personal fue bloqueada en varias ocasiones, precisamente por los movimientos inusuales de fondos, alejados de su perfil y que no podía justificar.
En la denuncia, la fuente precisa que el año pasado Rodríguez compró —en efectivo— varios vehículos nuevos en reconocidas agencias de automóviles en Panamá Oeste, así como dos inmuebles en Chitré y una finca en Parita, provincia de Herrera.
Quizás lo más impresionante de las excentricidades de Rodríguez sea el hecho, siempre según la denuncia, de que llevó de vacaciones a una treintena de familiares al hotel Nickelodeon de Punta Cana, un exclusivo balneario de República Dominicana.
¿Quiénes están bajo la lupa?
Los nombres de Eduardo Silvestre, Betzy Rodríguez e Irene Cumbrera están en la lista de los funcionarios de la DGI que tenían acceso al sistema electrónico en el que se realizaron las anulaciones, divisiones de pagos y ajustes en el e-Tax 2.0. También tenían acceso Margie Caballero Brown, Lupo González, Vielka Sáez Cano, Daira Itzel López Castra, Migdalia Quirós, Addies Castillo, Elodia Yamileth De León Julio, Juana Chong Hernández, Ninoska Herrera Acevedo y Sinia Sánchez Pinto.
Todos ellos realizaron trámites de créditos de pagos no aplicados a otros RUC, los cuales fueron analizados en una auditoría interna realizada por la DGI, cuyos resultados se presentaron el 9 de octubre de 2025. Silvestre, Rodríguez, Castillo, De León, Chong, Herrera y Sánchez Pinto también figuran entre quienes realizaron los trámites clasificados como “anulaciones”.
La auditoría interna inició con los ajustes aplicados en concepto de retención de Impuesto de Transferencia Bienes Corporales Muebles e Inmuebles (ITBMS) en concepto de compensación-cesión, a favor del contribuyente Bac International Bank (Panamá), Inc., que comprende desde el año 2022 hasta el 19 de mayo de 2025.
El banco respondió a La Prensa que coopera con las investigaciones y admitió que adquirió los créditos fiscales, actuando de buena fe.
Bonay y canastas
Pronto, la auditoría se extendió a otras sociedades. La metodología utilizada abarcó el uso del e-Tax 2.0, el sistema utilizado para administrar los tributos de cada uno de los contribuyentes de impuestos.
El informe de auditoría fechado el 9 de octubre fue elaborado por Malena Magallón y Lisabell Guerra, supervisora y jefa, respectivamente, de la Sección de Agentes de Retención del Departamento de Recaudación de la DGI.
Ese mismo día, Guerra remitió un memorando a Amado Barahona, jefe del Departamento de Fiscalización Tributaria de la DGI, en el que pone la lupa sobre las sociedades Bonay International Holding, S.A. y Bonay International Investments Inc., que están relacionadas a las cesiones de crédito donde el beneficiario final es BAC International Bank.
Bonay International Holding y Bonay Investments Inc. eran las titulares de las cuentas canastas utilizadas por la red para depositar los dineros sustraídos ilegalmente.
Bonay International Holding es una sociedad inscrita el 20 de junio de 2011 y tiene como sus directivos y dignatarios a Cira Elizabeth Marín (presidenta), Abraham Ferro Montilla (tesorero), Kelving Alexis Ríos Montilla (secretario) y Ana Chiquinquirá Mejías Puentes (subtesorera). La mayoría de estos nombres se repite en la otra sociedad: Cira Marín, presidenta; Kelving Ríos, secretario, y Abraham Ferro, director.
Las dos sociedades tienen el mismo agente residente: Apriori Abogados y Asesores, una firma creada en 2021 que tiene como socios a Jercovick Joyner y Madelaine Idalis Rojas De León.
Cira Marín y Jercovick Joyner también han sido imputados.
