Luisa Napolitano es la gerente de la Zona Libre de Colón (ZLC) y también prima hermana de los empresarios Félix Fallabella y Ramón Carretero. Fue nombrada por el presidente José Raúl Mulino, quien también designó a Edwin Pitty Madrid —quien hasta junio de 2024 era el director comercial del Grupo Carretero— como embajador de Panamá en Cuba, país con el que las empresas de Ramón Carretero tienen una larga relación comercial.
Solo un mes después de que el actual embajador de Panamá en Cuba presentara cartas credenciales ante el gobierno de la isla, el embajador cubano en Panamá, Víctor Cairo Palomo, y el agregado comercial de su embajada, Rafael Batista, visitaron a la gerente general de la ZLC para conversar sobre “temas de interés comercial entre la Zona Libre de Colón y áreas comerciales de Cuba”. Justo lo que hace Carretero en Cuba: comerciar.
A su vez, la gerente ha recibido la visita, en varias ocasiones, del amigo personal de su primo Fallabella, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, quien no esconde su cercanía con el también proveedor de las fuerzas de seguridad del Estado panameño, que precisamente comanda Ábrego. Fotografías de ambos pueden encontrarse en las cuentas del ministro, así como en las de la institución que dirige, donde, además, también aparece otro amigo inseparable de Fallabella y Ábrego: el abogado colonense Michael Soto Movilla.
Abogados: amigos y empleados
Soto Movilla renunció el 17 de enero de 2020 como agente residente de JPM Int., una sociedad que pertenecía al ciudadano panameño Anthony Martínez Meza, detenido en Dubái el 9 de noviembre de 2022, tras una larga investigación en Europa que lo vinculó a una red de traficantes de cocaína proveniente del puerto de Manzanillo, en Colón. Martínez Meza es o era considerado uno de los mayores traficantes de droga en Europa.
A su vez, Edwin Pitty Madrid —quien despacha como diplomático en Cuba— es agente residente en cuatro empresas vinculadas a Fallabella, de acuerdo con una certificación de la Secretaría General de la Procuraduría de la Nación, entregada semanas atrás por el propio Fallabella a La Prensa. Según la certificación, ni Fallabella ni esas empresas han sido investigadas por el Ministerio Público.
Se trata de las sociedades Ultratech International Enterprises, S.A., International Munitions & Explosive, S.A. (Inmunex), Mil Spect International, Corp. y Max Gear, Inc., sociedad esta última de la que Pitty Madrid fue removido apenas días atrás, el 20 de noviembre de 2025, documento que fue notariado cuatro días después, el 24 de noviembre.
Max Gear, Inc. ha sido favorecida por el Ministerio de Seguridad en por lo menos dos ocasiones (octubre y noviembre pasados) para ser contratada para proveer uniformes y botas a los agentes policiales, por casi $7 millones. La sociedad conservaba como agente residente al embajador Pitty cuando, en octubre pasado, se recomendó su contratación, que, por cierto, no tuvo competencia de ninguna otra empresa.
En esa ocasión, una comisión de la Policía Nacional emitió un informe de 11 páginas en el que declaró que Max Gear cumplía con los requisitos del acto y acordó su contratación. Sin embargo, el acto fue anulado y se convocó un nuevo proceso en el que se favoreció nuevamente a Max Gear, luego de que, según la Policía Nacional, ninguna de las otras tres empresas participantes cumplía con las múltiples especificaciones técnicas de los uniformes que pedía la institución.
Un bufete diversificado
Las relaciones de varios de los protagonistas de estas entregas periodísticas alcanzan tres gobiernos, al menos: el de Ricardo Martinelli (2009-2014), el de Laurentino Cortizo —y especialmente con el vicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo— (2019-2024) y ahora con la administración de José Raúl Mulino, que termina el 30 de junio de 2029.
Hay varios ejemplos en las entregas anteriores y hay más en esta. Por ejemplo, de la misma firma en la que labora Michael Soto Movilla, abogado del bufete Moreno & Arjona Bureau, en el que es socio Alejandro Moreno Velásquez, hermano de Pecheche Moreno, salieron casi al mismo tiempo dos abogados para la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). El primero fue Rodolfo Stanziola Sierra, cuyo nombre empezó a verse en decisiones de ese organismo el 4 de junio de 2024.
El segundo fue Luis Donadío Santamaría, cuyo primer documento firmado como miembro de esa junta fue en julio de 2024.
De acuerdo con fuentes internas del PRD, este abogado también formó parte del equipo que trabajó codo con codo con Julio Spiegel, cuñado y jefe de campaña del exvicepresidente y luego candidato presidencial del PRD en 2024, Gaby Carrizo.
Donadío también trabajó cerca de Carrizo en la llamada “torre de control” o Secretaría de Metas de la Presidencia, donde ejercía labores de asistente.
A su vez, el abogado Stanziola, según las mismas fuentes, trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Era el enlace con la comisión de nombramientos, por lo que, según la fuente, tenía directa y total relación con la persona que manejaba las designaciones en el gobierno de Cortizo: Nadia del Río.
La seguridad del Estado y Fallabella
El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, es otro cercano de Fallabella, como lo es el ministro Ábrego.
Fernández fue nombrado por Mulino en julio de 2024. En abril pasado, fue filmado junto a Ábrego y Fallabella en una fiesta por la celebración del LXXXVIII aniversario del Día del Policía, en el antiguo hotel Trump —hoy JW Marriott Panamá, en Punta Pacífica—, exclusiva para policías y sus esposas.
Fernández también ha sido fotografiado con varios de los que asistían a las reuniones de la casa de Obarrio. Por ejemplo, con el exministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, y el financista Pecheche Moreno (que viajó con el presidente Mulino a Costa Rica junto con Fallabella, el 18 de abril de 2024). En esa fotografía, tomada durante una fiesta, también aparece el actual secretario general de la Policía Nacional, Ricardo “Richi” López, fotografiado cuando compartía con Pecheche y el que eventualmente sería su jefe, Jaime Fernández.
Otro foco de atención del grupo es el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Joaquín Franco hijo, por ejemplo —esposo de Gianna Levy Napolitano, sobrina de Luisa Napolitano, gerente general de la ZLC y prima hermana de Fallabella— es el vicepresidente comercial del aeropuerto, un puesto clave, pues desde este cargo se controlan todas las concesiones que hace la terminal aérea.
Un pasado de negocios... y problemas
Aunque hoy todo parece estar marchando sobre ruedas, en el pasado no todo fue color rosa.
Las cuatro empresas que Fallabella logró que el Ministerio Público certificara como no investigadas, empero, fueron mencionadas en reportajes que este medio publicó meses después de haber terminado la presidencia de Martinelli.
Las menciones de estas compañías —vinculadas a Roberto Carretero y a Félix Fallabella— tenían que ver con la venta de, al menos, $60 millones en mercancías, la mayoría de forma directa.
Las ventas se hicieron al Ministerio de Seguridad y al Programa de Ayuda Nacional (PAN), incluida una a la Presidencia, de $15 millones, dinero con el que se compraron 65 mil granadas lacrimógenas y sus lanzadores, 324 mil proyectiles de gas pimienta, mil luces de bengala, 900 máscaras antigás y 5 mil granadas de humo, todo destinado a la Unidad de Control de Multitudes (UCM) de la Policía.
Cuestionado el entonces ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, sobre esa compra, la justificó argumentando que la UCM carecía de equipos.
Vea aquí la nota titulada “Carretero vendió millones de dólares en pertrechos militares”
La sombra de Odebrecht
Los problemas con el Estado panameño de Roberto Carretero —el primo hermano de Fallabella— también han dejado profundas huellas.
Este miembro de la familia Carretero fue mencionado por la Fiscalía Especial Anticorrupción en los esquemas de coimas de Odebrecht, a través de una sociedad de Islas Vírgenes Británicas, denominada Jiu Shun International Co. Ltd.
En las cuentas bancarias de esta sociedad arribaron centenares de miles de dólares de empresas pertenecientes a la Caja 2 de Odebrecht, una red de sociedades de cartón —nacionales y extranjeras— usadas para pagar coimas a funcionarios locales y extranjeros. Roberto Carretero era socio en Jiu Shun, con 15 mil acciones, pero el socio mayoritario —con 35 mil acciones— era su hermano Ramón Carretero, propietario de empresas que recibieron cientos de millones de dólares en contratos del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Como se puede ver, Fallabella no es de los que esconde sus amistades ni relaciones, especialmente si están en el poder. El empresario parece disfrutar ser fotografiado públicamente con sus amigos y familiares encumbrados, como puede verse en imágenes con el presidente Mulino, el ministro Ábrego, el jefe policial Jaime Fernández, con su prima, la gerente general de la ZLC, Luisa Napolitano, e incluso con políticos extranjeros, como el presidente de Costa Rica o los embajadores de Estados Unidos en Panamá.
La Prensa envió el pasado 20 de noviembre cuestionarios sobre los temas tratados en las cuatro entregas periodísticas publicadas hasta ahora, pero se negaron a responder el presidente José Raúl Mulino; el empresario Félix Fallabella; el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el abogado Michael Soto Movilla, la gerente general de la ZLC, Luisa Napolitano, y el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty Madrid.
