Nueve años después de admitir pagos ilícitos en el caso Blue Apple, constructoras como Meco, Bagatrac, Rodsa e Ingeniería REC siguen contratando con el Estado y acumulan millones de dólares, ya sea mediante licitaciones o a través de contrataciones directas por estado de emergencia, especialmente en el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La costarricense Constructora Meco ejecuta la ampliación del Corredor de las Playas, un proyecto de $228.4 millones. Este monto concentra buena parte de las adjudicaciones registradas en los primeros meses de 2026.
En 2025, la empresa también figuró entre las favorecidas con 17 contratos directos otorgados en apenas dos días —11 y 12 de febrero— por $10.6 millones, bajo la figura de emergencia ambiental, para la rehabilitación de caminos y la construcción de zarzos en la comarca Ngäbe Buglé.
El vínculo de Meco con Blue Apple no es insignificante. Su dueño y apoderado, el costarricense Carlos Cerdas, admitió a la fiscalía anticorrupción haber pagado unos $9.4 millones en sobornos, a cambio de agilizar trámites y desembolsos por avance de obra, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Los pagos se hacían a través de una sociedad canasta denominada Blue Apple Services, Inc., y correspondían a un porcentaje que oscilaba entre el 5% y el 10% del valor bruto de sus contratos con el MOP, en concepto de “ayuda política”.
Carlos Cerdas suscribió en 2017 un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción que, entre otros beneficios, contempló la no imputación de cargos en su contra.
No fue su único caso judicial. El empresario fue detenido en 2021 en el marco del caso “Cochinilla”, una investigación por presuntos sobornos en contratos de obras públicas en Costa Rica. Por este caso, debió pagar una fianza cercana a los $5 millones para evitar la prisión preventiva y se le impuso el uso de un brazalete electrónico como medida cautelar. El proceso penal en ese país aún no concluye y se mantiene en trámite, en contraste con Panamá, donde la empresa que dirige continúa ejecutando contratos públicos millonarios.
Contratos, poder y rumba
El esquema se repitió con otras empresas.
Bagatrac acumuló $42.8 millones en 14 contratos con el MOP en 2025, de los cuales $8.9 millones fueron adjudicados de forma directa invocando emergencia ambiental.
Su presidente, Alberto Jurado, al igual que Cerdas, confesó el pago de coimas por casi $3 millones en Blue Apple. Al igual que Cerdas, Jurado suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía, lo que le permitió acceder a beneficios procesales a cambio de aportar información sobre el esquema.
A pesar de estos antecedentes, ha sido electo en dos ocasiones consecutivas —desde 2019— como representante de corregimiento de Tijeras, en el distrito de Boquerón, Chiriquí, por la libre postulación.
La dualidad entre su rol político y empresarial, sumada a su confesión de pago de coimas, no ha limitado su acceso a contratos públicos.
Durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), Bagatrac acumuló más de $219 millones entre 2021 y 2023, según un informe del MOP. Varias de las órdenes de proceder de estos contratos fueron entregadas personalmente por Cortizo. Una investigación de este medio reveló, además, que Bagatrac fue donante de la campaña presidencial de Cortizo por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), en 2019.
El Código Electoral vigente al momento de las elecciones de 2019 no prohibía que empresas contratistas del Estado realizaran donaciones a campañas políticas. La normativa permitía estos aportes siempre que fueran reportados al Tribunal Electoral, lo que abría la puerta a que compañías con contratos públicos financiaran candidaturas.
En la actual administración de José Raúl Mulino, en noviembre de 2024, el MOP solicitó a la Asamblea Nacional la aprobación para traslados de partida por unos $24 millones a favor de Bagatrac. En esas mismas fechas también pidió el aval para pagar $37 millones a Constructora Meco.
El pasado 19 de marzo, Jurado —a quien todos llaman “Beto Bagatrac”— fue abanderado en la cabalgata en honor de San José, en Chiriquí. Como buen abanderado de la festividad, hizo un despliegue de fuegos artificiales, se trepó en una tarima y, al son de música típica, bailó junto a la cantante Sandra Sandoval.
Jurado también figura en varias sociedades anónimas junto a la alcaldesa de Boquerón, Jesenka Espinosa Ríos, quien confirmó en su hoja de vida haber sido gerente general de Bagatrac entre 2007 y 2019.
Contratos bajo excepción
En la misma línea de contrataciones directas aparece Constructora Rodsa.
En noviembre pasado recibió un contrato del MOP por más de $12 millones, invocando el estado de emergencia ambiental, para la ampliación del cauce del río Tonosí, en Los Santos. En enero de este año se firmó el acta final de aceptación de los trabajos.
Bajo ese mismo mecanismo, un mes antes se le adjudicó otro contrato por cerca de $260 mil por parte del Ministerio de Ambiente, para el mantenimiento y operación del vertedero de Macaracas, también en Los Santos.
Rodsa también fue favorecida con unos $7 millones en traslados de partida solicitados por el MOP en noviembre de 2024.
Durante la administración de Cortizo, la empresa acumuló más de $118.1 millones en asocio con Ingeniería y Remodelaciones Civiles.
El presidente de Rodsa, Juan Alexis Rodríguez, confesó haber realizado pagos a funcionarios del MOP en concepto de “ayuda política” en el caso Blue Apple. No obstante, Rodríguez contó en la fiscalía que a él, en lugar de exigirle pagos por el 5% del valor de sus contratos, le pidieron entre el 8% y el 10%.
Según consta en la investigación, los movimientos efectuados de las cuentas de Blue Apple Services Inc. en tres bancos reflejan que esta sociedad recibió $39.6 millones, en su mayoría correspondientes a desembolsos emitidos por Rodsa y Meco.
Rodríguez también alcanzó un acuerdo de colaboración eficaz, lo que derivó en el archivo de la causa en su contra bajo la figura de “ruptura procesal”. A cambio, proporcionó información que permitió identificar a otras empresas vinculadas al entramado, según consta en la vista fiscal del caso.
Pese a que los principales contratistas implicados —Meco, Bagatrac y Rodsa— admitieron haber pagado millones de dólares en sobornos dentro del esquema, no existe un registro público detallado que permita conocer cuánto devolvió cada empresa al Estado de manera individual. Las autoridades han informado la recuperación global de al menos $20 millones en efectivo y $5 millones en bienes.
Más beneficiados
Otra firma que admitió pagos en Blue Apple es Ingeniería REC, que recientemente obtuvo un contrato por $14.8 millones —por encima del precio de referencia— con la Autoridad Nacional de Aduanas para la construcción de un centro de control de frontera en Guabito, Bocas del Toro.
Su representante legal, Eduardo Di Bello, admitió a la fiscalía haber realizado pagos vinculados al esquema. La investigación detectó un cheque por más de $805 mil hacia la estructura financiera y, como parte de un acuerdo, devolvió $1.3 millones al Estado.
En la pasada administración, la empresa obtuvo, además, un contrato por más de $152 millones en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Por el caso Blue Apple, la juez penal Baloisa Marquínez dictó sentencia condenatoria en noviembre de 2023 contra siete personas, incluyendo al exministro de Obras Públicas, Federico Suárez, y al expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), Riccardo Francolini.
La sentencia de la juez Marquínez fue confirmada en 2024 por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
Sin embargo, la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública, y el Código Penal no establecen una inhabilitación automática para empresas vinculadas a actos de corrupción, lo que ha permitido que aquellas cuyos directivos han confesado continúen contratando con el Estado.
A pesar de que en los últimos años se han presentado iniciativas legislativas para prohibir esta práctica —incluyendo propuestas de inhabilitación permanente—, estas no han prosperado o permanecen estancadas en la Asamblea Nacional.
Mulino anunció en diciembre pasado que en enero presentaría una reforma profunda a la Ley de Contrataciones Públicas —a la que calificó como un “desastre” que genera corrupción—, hasta la fecha no se ha presentado un anteproyecto de ley ante la Asamblea. El propio mandatario indicó que la propuesta sería llevada primero al Consejo de Gabinete y posteriormente al Legislativo, pero por ahora el tema no ha sido abordado formalmente.
