Canchas que nunca se construyeron o quedaron inconclusas, pese a múltiples adendas de tiempo y pagos anticipados por millones de dólares, son parte de las denuncias presentadas por el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) ante el Ministerio Público por presunto peculado en perjuicio del Estado.
Hasta ahora, Pandeportes ha presentado denuncias para que se investiguen las irregularidades en al menos cuatro proyectos que suman poco más de $9.7 millones, pero que, tras modificaciones y adendas, terminaron costando más de $14.3 millones, lo que representa un incremento cercano al 47% respecto al monto inicial.
Los contratos fueron adjudicados entre 2018 y 2019, en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), Entonces Pandeportes estaba bajo el mando de Mario Augusto Pérez González. No obstante, fue en la siguiente administración, la de Laurentino Cortizo (2019-2024), que se modificaron los contratos (con adendas de tiempo y de dinero) y se acumularon las anomalías.
Uno de los directores de Pandeportes en aquella época era Héctor Brands, hoy detenido por presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Según una auditoría, en las cuentas bancarias ligadas a Brands se acumularon depósitos por unos $28 millones, un monto que no ha podido ser justificado hasta ahora.
En total, en el gobierno de Cortizo hubo tres directores en Pandeportes: Eduardo Cerda, Brands y Luis Arce.
Con la llegada del administrador Miguel Ordoñez, se han presentado cuatro denuncias entre abril y diciembre de 2025, para que se investiguen los contratos de construcción de una cancha sintética para la escuela Estela Sierra en Arraiján; del estadio Rico Cedeño en Chitré; de un complejo deportivo en Las Palmas, Veraguas, y de un campo de béisbol en San Lorenzo en Chiriquí.
En las cuatro denuncias se describe lo que parece un mismo patrón: anticipos de hasta el 20% pagados a contratistas, obras abandonadas y fondos que no retornaron al Tesoro Nacional, aun cuando algunos contratos fueron cancelados por la vía administrativa.
‘0% de avance’
Lo que debió ser una cancha sintética para los estudiantes de la escuela Estela Sierra, en Arraiján, es hoy un terreno baldío. Ocho años después de haberse adjudicado el contrato, no hay absolutamente ningún avance en el proyecto.
El contrato fue otorgado en 2018 al Consorcio PMES, S.A. y Asociados (Topoingeniería, S.A.) por $555,263.45, con un plazo de ejecución de ocho meses. Pandeportes desembolsó un anticipo de poco más de $111 mil, conforme a lo pactado en el contrato.
Una revisión de La Prensa al Registro Público revela que PMES fue suspendida por la Dirección General de Ingresos (DGI) en abril de 2023 por morosidad en el pago de la tasa única, mientras que Topoingeniería quedó suspendida en mayo de ese mismo año tras la renuncia de su agente residente.
Antes de la adjudicación del contrato, en mayo de 2015, la abogada Nadia del Río Fernández —que fue asistente ejecutiva de Cortizo en el Ministerio de la Presidencia— actuó como presidenta ad hoc de Topoingeniería, cuando la sociedad realizó cambio de directores y dignatarios. Posteriormente, inscribió los cambios en el Registro Público, pagando $365 para alterar el turno y agilizar su publicación.
Consultada sobre su participación en Topoingeniería, Del Río respondió a través de su abogada, Marcela Araúz. Indicó que actuó como presidenta ad hoc “por el fallecimiento del entonces presidente de la sociedad, José Luis López Navarro”, y que su intervención fue “estrictamente formal y puntual”, limitada a una sola acta para “actualizar la representación legal de la sociedad y adecuar el régimen accionario conforme a la normativa aplicable”.
Afirmó que su vínculo con Topoingeniería fue “únicamente profesional, durante el periodo 2015 a inicios de 2017”, y subrayó que “no fue socia, directora, dignataria permanente, agente residente, administradora, beneficiaria, contratista ni tomadora de decisiones”, ni participó “en consorcios, contrataciones públicas o ejecución de obras”.
Sobre el contrato con Pandeportes, señaló que “nunca fue miembro de Topoingeniería ni participó como abogada en el acto público”, y que el procedimiento fue publicado en octubre de 2017, “cuando ya no mantenía relación profesional con la sociedad”. Aseguró que tuvo conocimiento del consorcio y del contrato “únicamente a partir de la información que ustedes señalan”. De paso, señaló que “las decisiones sobre la ejecución de fianzas, la resolución contractual o la imposición de sanciones pudieron haberse iniciado bajo la administración del presidente Juan Carlos Varela, lo cual no ocurrió”.
PMES, registrada en junio de 2017, estuvo integrada por Ramón Ramírez Landrau, como presidente y tesorero, y Gian Carlo Pezzotti, como secretario. Este último presentó su renuncia en julio de 2023, aunque el trámite no fue procesado debido a que la sociedad ya se encontraba suspendida. En el documento de renuncia se indica que el declarante desconocía quiénes eran los accionistas o beneficiarios finales de la sociedad.
Topoingeniería, por su parte, fue inscrita en mayo de 2010. Su junta directiva la conforman Óscar López Navarro (q.e.p.d.), presidente; Fátima García, secretaria, y Luis Cáceres, tesorero.
Aunque una resolución de junio de 2024 señala que estas sociedades fueron inhabilitadas por dos años, ninguna aparece registrada con esa condición en el listado de Panamá Compra.
Un informe técnico de Pandeportes fechado en marzo de 2023 concluyó que la obra se encontraba en total abandono, lo que motivó la presentación de la denuncia en abril de 2025.
El Rico Cedeño: adendas y sobrecostos
Del grupo de contratos demandados, el de mayor cuantía corresponde al Estadio Rico Cedeño, en Chitré, adjudicado en 2019 al Consorcio Rico Cedeño, conformado por Enobras, S.A. e Ingeniería Segura, S.A. El proyecto fue adjudicado en $5.4 millones, pero seis adendas después estaba en $10.5 millones.
El plazo original de ejecución, que era de 12 meses, se extendió a más de 62 meses. En paralelo, el monto contractual se incrementó en un 94%, casi duplicando el valor inicial.
Según la denuncia, la obra quedó abandonada y los fondos desembolsados no fueron devueltos al Estado.
Durante su gestión, Brands aprobó dos de las seis adendas. Una de ellas autorizó el primer incremento, por más de $1.8 millones, elevando el contrato a $7.3 millones. Una quinta adenda, que amplió el plazo y sumó otros $3.2 millones, fue firmada por Luis Denis Arce, quien reemplazó a Brands en el cargo y se desempeñaba como subsecretario general de Pandeportes desde 2019.
Pese a las quejas por retrasos e incumplimientos, Ordóñez autorizó una séptima adenda por trabajos adicionales superiores a $1 millón. No obstante, un análisis jurídico interno determinó que ese incremento elevaría el contrato a un 114.3% sobre el monto original, superando el límite que permite la Ley de Contrataciones Públicas.
El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), al rechazar pretensiones del Consorcio Rico Cedeño, advirtió que el incremento del 94% del valor original del contrato “vulnera el principio de legalidad”.
Enobras, S.A., registrada en junio de 2017, realizó un cambio de directores el 16 de enero pasado, designando a José Azcárate Bustos como presidente y secretario, y a José Azcárate Reyes como tesorero.
Mientras que Ingeniería Segura, inscrita en julio de 2008, tiene como directores y dignatarios a Carlos Segura, presidente; Yassira Cruz de Segura, vicepresidenta; Linette Segura, secretaria, y Diane Segura, tesorera.
Consultado por La Prensa, Carlos Segura aseguró que la empresa “nunca” participó en la ejecución de la obra y que su presencia en el consorcio fue únicamente como “acompañamiento logístico”.
Pandeportes inhabilitó a ambas empresas por tres años, a partir de octubre pasado, para contratar con el Estado.
La Prensa consultó a Andreina Del Valle, gerente de proyecto del Consorcio Rico Cedeño, sobre la denuncia presentada por Pandeportes y la posición de la empresa socia Ingeniería Segura. Del Valle indicó que el consorcio “se encuentra impedido de emitir declaraciones públicas o comentarios” sobre los señalamientos, por instrucciones de sus abogados. Añadió que mantendrán “absoluta reserva” hasta que el proceso concluya.
Dos proyectos, una misma caja
Otro expediente revela un esquema similar: dos contratos distintos, dos consorcios con nombres diferentes, pero las mismas empresas y un resultado idéntico: obras abandonadas.
Servicori, S.A. y Agopla participaron juntas en dos contratos adjudicados por Pandeportes que, en conjunto, superan los $3.7 millones.
El primero corresponde al Consorcio Las Palmas, al que en 2018 se le adjudicó un contrato por $2.6 millones para la construcción de un complejo deportivo en Las Palmas, Veraguas. La orden de proceder fue emitida el 9 de noviembre de 2018 y la obra debía completarse en 10 meses. Un informe técnico de octubre de 2021 determinó que apenas alcanzaba un 14% de avance y se encontraba en abandono total. Para colmo, no consta que se haya reclamado la fianza de cumplimiento.
Pandeportes desembolsó un anticipo de $550,164.60 en diciembre de 2018, monto que —según la denuncia— no fue devuelto. La empresa perdió el contrato en marzo de 2022.
Adjuntos
Suspension Servicori 2025.pdfUn patrón similar se repitió con el Consorcio San Lorenzo, que tenía un contrato por más de $1.1 millones para construir el campo de béisbol mayor de San Juan, en el distrito de San Lorenzo, Chiriquí. Tras recibir un anticipo de $239,691.77, la obra tenía apenas 7% de avance. En mayo de 2022, el consorcio perdió el contrato y quedó inhabilitado para licitar con el Estado por tres años.
En cuanto al estatus de estas sociedades, Servicori, S.A., constituida en 2013, figura suspendida en el Registro Público desde mayo de 2025, tras acumular tres años consecutivos de morosidad en el pago de la tasa única.
En tanto, Agopla, inscrita en 2017, fue suspendida en 2022 por morosidad, aunque regularizó su situación ante la DGI en diciembre de 2023. En agosto de 2025, la sociedad cambió su razón social a Preconserv.
Adjuntos
Cambio de nombre de Agopla.pdfServicori ni Agopla, ni los consorcios bajo los cuales participaron, figuran en el listado de inhabilitados de Panamá Compra.
La Prensa intentó obtener la versión de ambas empresas llamando a los números consignados en contratos y documentos oficiales, pero estos se encontraban fuera de servicio.
