Unidad Investigativa

El presidente de la junta directiva de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, y hasta este domingo ministro de Comercio e Industria, Jorge Rivera Staff, justificó el exorbitante monto del mutuo acuerdo para el gerente general Carlos Mosquera.

Henry Faarup Mauad admitió haber sido sancionado dos veces por negligencia en proyectos inmobiliarios. El presidente electo José Raúl Mulino ignora las críticas y aseguró que “no será un periódico el que me dirá a quién voy a poner” en un puesto público.

Se eleva la cantidad de gerentes, directivos y personal allegado al Partido Revolucionario Democrático (PRD) que ha sido favorecido con un mutuo acuerdo por la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), a pocos días del cambio de gobierno.

El Ministerio Público ha recibido 12 denuncias de personas que desconocían que sus nombres estaban en la planilla de la Asamblea y hasta tenían un salario.

Personas que nunca han trabajado en la Asamblea Nacional aparecen en su planilla con jugosos salarios. El Legislativo responsabiliza a la Caja de Seguro Social. Algunos de los afectados preguntan cómo obtuvieron su número de cédula y otros datos.

Además de los exorbitantes salarios e indemnizaciones, en Etesa se han creado múltiples beneficios para funcionarios. ¿Quién le pone freno a estas prácticas?

Los exorbitantes salarios e indemnizaciones que paga la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) no son los únicos privilegios a favor de sus gerentes y ejecutivos. Existe un plan de beneficios, poco conocido, que sería la envidia de cualquier multinacional.

El diputado del Parlamento Centroamericano, Omar Carrizo Castillero, militante del Partido Revolucionario Democrático, obtuvo una concesión minera en este gobierno, para explotar un área de 225 hectáreas en Ocú y Menchaca, provincia de Herrera, hasta el año 2041.

El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano (Parlacen) otorga a sus miembros los mismos “privilegios” e “inmunidades” que tienen los diputados de los congresos o asambleas de sus países de origen.

Ha pasado casi un mes de los comicios generales y todavía la población no sabe quiénes son los diputados que ocuparán las 20 curules que le corresponden a Panamá (22, si se cuenta las asignadas al presidente Laurentino Cortizo y al vicepresidente José Gabriel Carrizo) en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), en el próximo quinquenio. La presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio (JNE), Nivia Castrellón, afirmó que ese ente se encuentra en un proceso de “análisis internos” antes de proceder con la asignación de curules y las proclamaciones correspondientes.

El pasado 5 de mayo, el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Roberto Ábrego, dijo que no había utilizado los beneficios para la importación exonerada de un vehículo Maserati. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Aduanas maneja una versión muy distinta.

Los VII Juegos Juveniles Nacionales 2024, un torneo de ocho días organizado por Pandeportes, tendrán un costo superior a $2.1 millones. Este evento ha generado reclamos de los atletas y denuncias de comerciantes.

En los últimos cinco años, 57 diputados principales y 33 suplentes desembolsaron $5.3 millones en la importación de 116 vehículos para uso personal, aprovechando las exoneraciones de impuestos previstas en el reglamento interno de la Asamblea.

La directora de la Autoridad Nacional de Aduanas, Tayra Barsallo, enfatizó que los ministros de Estado no están autorizados para importar vehículos libres de gravámenes para su uso personal y el de sus familiares dependientes, como equivocadamente indicó la Asamblea Nacional.

Son pocas las ocasiones en las que diputados de gobierno y de oposición se pueden poner de acuerdo en algo. Uno de esos temas es la defensa de los privilegios inherentes al cargo, entre los que se incluye la compra de automóviles exonerados. Ahí desaparecen todas sus diferencias, sin importar los colores de las banderas de sus respectivos partidos políticos.