Eliana Morales GilHace 7 añosAl menos $674 mil gastará el Ministerio de Seguridad en la compra de 4 mil 500 pares de botas de selva para el personal del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
Julio E. Linares Franco | Hace 9 añosPanamá, según el contrato, se obligó al pago del 80% del precio de los equipos desde el momento del zarpe de los mismos desde Italia, independientemente si los mismos funcionaran o no (15% de adelanto y 65% al recibir la factura y la guía), además de que nos hicimos responsables de su suerte (pérdida o deterioro) desde ese embarque; si el sistema no funcionaba Panamá solamente retendría el último pago (20%) o menos que eso exigiría la fianza de cumplimiento (10%); Panamá no le adeudaba al vendedor porque aceptamos la cesión de la deuda a un grupo de bancos, libre de toda controversia relativa a la calidad y operación de los equipos; la asignación de los sitios se hizo en Italia en abstracto sin participación panameña y sin conocerse los terrenos, por lo que la mayoría eran lugares inaccesibles y remotos que hacían imposible su construcción; aun así Panamá tenía la obligación contractual de construir las vías de acceso, proveer el suministro de agua y de electricidad; el contrato no especificó el requerimiento de la “detección de lanchas pequeñas utilizadas por los narcotraficantes”, sino embarcaciones a 20 mm de la costa o más (probablemente cruceros, barcos mercantes o acorazados); la cobertura del sistema dejaba enormes huecos a lo largo de 3 mil kilómetros de costa, ya que los 19 radares cubrían una mínima porción del litoral (con un alcance efectivo de cada radar de 32 kilómetros en el mejor de los casos); el mantenimiento y la contratación de personal para esos 19 radares tenía un costo de 10 millones de dólares anuales; los radares no se instalaron dentro del término del contrato (33 meses) y a principios de 2014 se comprueba que los siete instalados no eran capaces de detectar lanchas pequeñas ni a la distancia esperada (solo llegaban si acaso a 10 y 11 mm); el Ministro de Seguridad solo, decide otorgar una prórroga el 17 de junio de 2014 (a dos semanas de la toma de posesión de Varela) dándole vida a un sistema defectuoso, inadecuado e insuficiente y resucitando un contrato vencido; pero lo peor fue que no habiendo pagado el gobierno anterior un solo centavo, ni siquiera el 15% de adelanto, aquel ministro de Seguridad de Martinelli inicia el 14 de mayo de 2014 después de perder las elecciones, la firma de las “gestiones de cobro” a favor del consorcio de bancos y estableciendo como fecha de pago el 29 de julio de 2014 (a los 29 de días de asumir el nuevo gobierno). Lo que implica que comprometió al Estado panameño a pagar a la banca internacional (no a Finmeccanica).
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