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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó esta mañana el proyecto de ley 56 sobre el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2015.
El presupuesto asciende a $19,566.4 millones, $1,803 millones más que el aprobado en la ley del año anterior.
El titular de la cartera, Dulcidio de la Guardia, dijo que "el presupuesto está enfocado en cumplir con los pilares del plan de gobierno" de Juan Carlos Varela, que tiene como objetivos principales reducir el costo de la canasta básica para lo que "se ha duplicado el presupuesto de inversiones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario", incrementar los niveles de seguridad en los barrios, proveer de sanidad básica y mejorar las condiciones de vivienda, transporte y educación.
El presupuesto se elaboró sobre la base de un crecimiento económico en términos reales de 6.5% y una inflación de 4.3%.
El producto interno bruto (PIB) nominal ascenderá a $52,565 millones y el déficit fiscal será de $1,049 millones, el equivalente al 2% del PIB, exactamente el límite que marca la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para el próximo año. Los ingresos corrientes del sector público ascenderán a $12,662 millones.
Los ingresos tributarios totalizarán $8,900 millones y se espera, dijo el ministro, que se dé una correlación directa entre la evolución de los ingresos tributarios y el crecimiento económico.
Por el contrario, se prevé una disminución de los ingresos no tributarios del 7% en comparación con el presupuesto modificado de 2014. Esto es producto de una caída de 17% en los dividendos de las empresas del Estado, que pasarán de $990 millones en 2014 a $826 millones en 2015.
En el lado de los gastos, al funcionamiento del Estado se destinarán $9,410 millones, un 48% del total, a inversiones $7,819 millones (40%) y al servicio de la deuda $2,337 millones, un 12% del total.
El servicio de la deuda experimenta un aumento del 64.1% en comparación con 2014 producto de la amortización prevista del bono Panamá 2015, que vence el próximo año.
La mayor parte de los diputados que hicieron uso de la palabra mostraron su desacuerdo por cómo ha procedido el Ejecutivo con el recorte de gastos para el cierre de 2014, ajuste por $590 millones que hará que el déficit fiscal no se eleve más.
Lamentaron que la comisión encargada de aprobar el presupuesto de la Nación no fue informada ni consultada sobre el recorte anunciado.
El presidente de la comisión, el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, recordó que, aunque existe un pacto por la gobernabilidad, el Partido Panameñista es minoría en la comisión.
Las vistas presupuestarias, en las que cada institución del Estado sustentará sus cuentas ante la comisión de presupuesto, comenzarán el próximo 23 de septiembre y se extenderán hasta el 23 de octubre.

El Consejo Económico Nacional (Cena) aprobó en la mañana de hoy un aporte del Ministerio de Economía y Finanzas al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) por 32 millones de dólares.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, explicó que se trata de una partida que ya estaba presupuestada y que, por lo tanto, no tiene que ver con los aportes adicionales que debe definir el Gobierno antes de anunciar la nueva tarifa eléctrica. Al respecto, señaló que su oficina sigue haciendo los estudios adicionales que solicitó el presidente Juan Carlos Varela.
De esta forma, el Ejecutivo aplaza una decisión que tendrá un impacto en el precio de la tarifa eléctrica y, eventualmente, los precios que pagan los consumidores por bienes y servicios.
El Cena avaló además una asistencia humanitaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 200 mil dólares para atender los problemas de contaminación en las provincias centrales, principalmente en el río La Villa. De la Guardia explicó que se trata de un aporte no reembolsable.

Todas las oficinas –sean públicas o privadas– tendrán que apagar los aires acondicionados de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. a partir de este jueves, 10 de abril, anunció el Gobierno Nacional, como parte de un nuevo paquete de medidas para evitar un posible desabastecimiento de energía.
En ese mismo horario, las empresas privadas dedicadas al comercio y la industria están en obligación de utilizar sus plantas de autogeneración.
Adicional, cuando estén operando los aires acondicionados, éstos se deben ajustar a una temperatura no menor a 24 grados centígrados.
Se exceptúa de estas medidas a los centros educativos y de salud, y el Metro de Panamá.
Las nuevas medidas preventivas se suman a las que ya están vigentes, desde el pasado 17 de marzo: Encender los acondicionadores una hora después de la hora de entrada y apagarlos una hora antes de finalizar la jornada, en todas las oficinas gubernamentales, y apagar los letreros luminosos de 10:00 p.m. a 6:00 a.m., tanto públicos como privados, exceptuando a los hospitales, farmacias y servicios de seguridad pública.
El gerente de Etesa, Fernando Marciscano, advirtió que si esas medidas preventivas no surten efecto, se acordarán cortes de energía “después de Semana Santa”.

El administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, ha dado un plazo de una semana para concretar el principio de acuerdo al que han llegado la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) para retomar las obras del tercer juego de esclusas, paradas desde el pasado 5 de febrero.
“Estas negociaciones tienen que concluir para el próximo martes. Si no, tendremos que tomar otro rumbo. Si por alguna razón se cae (el acuerdo), no va a ser por nosotros y por lo tanto tendríamos que hacer un movimiento hostil”, dijo Quijano ante el pleno de la Asamblea Nacional.
El administrador anunció que en los últimos días se habían resuelto prácticamente todos los aspectos que distanciaban a la ACP y al consorcio, y que, ayer, en una conversación de más de una hora con los máximos representantes de las empresas también se habría encontrado una salida para el último punto de discordia: el repago de los $748 millones adelantados por la ACP.
La salida al conflicto pasa por el aporte de $100 millones de cada parte, el pago al consorcio de la cuenta pendiente de diciembre y la conversión en un préstamo de la fianza de cumplimiento de $400 millones.
Pactados los términos con GUPC, que reanudaría las obras en días, falta que la aseguradora Zurich American dé el visto bueno a su participación en el plan. De manera paralela, el consorcio llevaría sus reclamaciones por sobrecostos por las tres instancias reconocidas en el contrato.
En un pleno prácticamente vacío en el que la mayoría de los diputados eran suplentes, el administrador del Canal reconoció un atraso en la culminación de los trabajos, afectados por una crisis que ya se prolonga por cerca de un mes y medio.
“Los dos meses de baja actividad, más estas dos semanas de cero producción nos pueden llevar a terminar la obra en diciembre de 2015”, demora que supondría un lucro cesante para la ACP de $95.3 millones.
Aunque la ACP podría haber rescindido el contrato desde el día 5 de febrero, cuando se paralizó por completo la obra, Quijano insistió en la necesidad de mantener la “cabeza fría” para evitar un conflicto legal de años y posibles repercusiones para el Canal.
Esta posibilidad, no obstante, "sigue encima de la mesa", a expensas de que se termine de cerrar el acuerdo.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Luis Ford, dijo que los trabajos de ampliación del Canal de Panamá culminarán en el último trimestre de 2015, independientemente de si la obra la concluye Grupo Unidos por el Canal (GUPC) o si, por el contrario, es culminada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Ford hizo estas declaraciones al término de una reunión con el administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, que explicó a la directiva del gremio el estatus de las negociaciones con el consorcio.
Según el contrato, la fecha de entrega era octubre de 2014. En el transcurso de la obra se reconoció un atraso de nueve meses, que llevaría la culminación de la obra a junio de 2015. GUPC detuvo por completo los trabajos el pasado 5 de febrero, justo cuando terminó, sin éxito, el último protocolo de negociación entre las partes.
Antes, el consorcio había ido ralentizando paulatinamente y en las últimas semanas trabajaba a un 25% de su capacidad.
Sobre la negociación con GUPC, Ford manifestó que las partes ya habrían llegado a un "consenso" que, no obstante, todavía debe ser aprobado por Zurich American, depositaria de una fianza de $400 millones que se haría líquida para inyectar recursos a la obra.

El administrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, anunció que el consorcio encargado de la construcción del tercer juego de esclusas ha dado instrucciones a sus empleados y contratistas para paralizar por completo, en el Atlántico y en Pacífico, el principal proyecto de la ampliación del Canal de Panamá.
“Hoy ejecutaron su amenaza”, declaró Quijano en una multitudinaria rueda de prensa.
Cuestionado sobre los mecanismos que tiene la ACP para asumir la obra, Quijano dijo que “a partir de ahora se inicia un cuidadoso proceso de toma de decisiones" en el que se actuará "con la cabeza fría, a pesar de tener el corazón caliente".
En la medianoche de ayer venció el último plazo que se habían dado las partes para llegar a un acuerdo y resolver la crisis, suscitada por la insolvencia de Grupo Unidos por el Canal (GUPC).
Quijano señaló que "la distancia entre las partes se mantuvo demasiado grande principalmente porque las pretensiones de GUPC atentaban contra Panamá y el Canal".
Por su parte, GUPC envió en la mañana de hoy un duro comunicado en el que culpa a la ACP de la ruptura de las negociaciones.
El consorcio advierte de que están en “riesgo inminente” 10 mil puestos de trabajo y de que "sin una solución inmediata, ACP y el Canal de Panamá enfrentarán años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado al proyecto al borde del fracaso".
En concreto, y citando estimaciones de la afianzadora del proyecto, Zurich American, GUPC habló de un retraso en la obra de entre tres y cinco años, situación que "dejará una sombra continua sobre la ACP y el Canal de Panamá", y causará un "impacto sobre los puertos y las empresas de toda América y el mundo que han realizado inversiones y planes en base al proyecto de expansión". Quijano, no obstante, dijo que "todavía se puede salvar la obra para 2015, con o sin GUPC".
Rotas las conversaciones y ante la falta de liquidez del consorcio, que alega sobrecostos en la obra por $1,600 millones, GUPC enfrenta la "incapacidad inmediata" para pagar a subcontratistas de Panamá y de otros países.
A pesar del tono del comunicado, GUPC deja abierta la posibilidad de un acuerdo que, desde su punto de vista, "ofrece el único camino para terminar el Canal con prontitud y eficiencia".
De igual modo, Quijano dijo que mantiene abierta la puerta para un eventual acercamiento, aunque también reconoció que se ha desgastado la confianza entre las partes.
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La Autoridad del Canal de Panamá exigió hoy, miércoles, a Grupo Unidos por el Canal, el consorcio a cargo de la construcción del tercer juego de esclusas, reanudar los trabajos en el proyecto, tal como lo establece el contrato, reveló un comunicado enviado por la entidad que administra la vía marítima.
Agregó que después de dos semanas de negociaciones, durante las cuales los niveles de producción bajaron a 25%, casi todas las actividades han cesado.

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, definió a Panamá como la puerta de América para la llegada de empresas e inversiones del resto del mundo. En la inauguración del IX Encuentro Empresarial Iberoamericano, el mandatario presentó las ventajas del sistema logístico panameño, con puertos y aeropuertos renovados para una economía que crecerá alrededor del 9% este año.
El mandatario panameño se dirigió también a los empresarios presentes en el encuentro y los instó a involucrarse en la política porque “los cambios se hacen desde dentro”.
En la inauguración intervino también Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias, que destacó el estrechamiento de lazos en la comunidad iberoamericana y el cambio que ha experimentado América Latina en los últimos años, una región en ascenso, políticamente estable y económicamente próspera".
No obstante, ante la coyuntura actual de desaceleración económica y la competencia mundial, señaló que la "regionalización es la única respuesta posible a este proceso de globalización" y deseó un empuje "más intenso" de la integración regional, una de las grandes asignaturas pendientes del continente.
Además de la integración, el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, resaltó la necesidad de duplicar la inversión en infraestructuras, mantener la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica, capacitar el recurso humano, elevar la productividad y continuar la reforma de los Estados.
Por su parte, el presidente del Consejo Empresarial de América Latina, Samuel Urrutia, destacó la necesidad de trabajar en la integración, el emprendimiento y la educación para mantener un crecimiento sostenible cuando la coyuntura regional de desaceleración.
El Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebra como antesala de la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, reúne en la capital panameña a presidentes de Gobiernos, de entidades multilaterales y de grandes empresas de la región.
En el video que acompaña esta información vea la llegada del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.