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Las actividades por los 111 años de la separación de Panamá de Colombia, el 3 de noviembre de 1903, arrancaron a las 5:15 a.m. con alegría y festejos.
Las tradicionales dianas, con las bandas sonoras de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y el Servicio Nacional de Fronteras, amenizaron la madrugada alrededor del Palacio de Las Garzas, en San Felipe.
La pareja presidencial de Juan Carlos Varela y Lorena Castillo aprovecharon el regocijo alrededor y comenzaron a bailar al son de la música que les tocaran.
La vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, se unió al baile con su esposo, Omar Alvarado, quien permaneció siempre muy cerca de ella a lo largo de todas las celebraciones. Entre sonrisas, movieron sus caderas al ritmo de “La chica de los ojos café”, del cantante panameño de reggae Renato.
A un lado también los acompañó el expelotero de las Grandes Ligas Carlos Lee. Era un ambiente de fiesta.
A las 7:30 a.m., las actividades patrióticas se trasladaron hasta la iglesia Catedral, donde el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, celebró el Te Deum.
El arzobispo recomendó reconocer que somos una sociedad enferma, con una urgente necesidad de sanar y salvar el alma nacional.
“Una de las más graves enfermedades que padecemos es tanta corrupción, que como un cáncer ha invadido todo el cuerpo social, que nos hace ver lo bueno como malo y lo malo, bueno. Estos son antivalores que debemos enfrentar”, resaltó.
Otro gran mal que destacó Ulloa fue la escandalosa pobreza causada por la iniquidad e injusticia social.
“Cuidemos el ejemplo que damos. Cuidado, porque con lo que hoy hagamos o dejemos de hacer estaríamos gestando seres egoístas y perversos en lugar de patriotas”, dijo el religioso.
Por su parte, el obispo de David, José Luis Lacunza, tras los desfiles en Chiriquí, instó a la clase política, en especial a la Asamblea Nacional, a escoger a las mejores personas para los cargos de contralor y procurador de la Nación.
Lacunza dijo que espera que se elija al mejor y que los diputados sean capaces de superar las componendas, el clientelismo y las argucias politiqueras, y que se estén por encima de los intereses partidistas.
En respuesta a Ulloa, el presidente Varela dijo: “yo creo que es un mensaje muy claro. Toda consolidación de un sistema democrático pasa por la corrección fraterna, por corregir los errores y asegurar que se dé la justicia, buscando siempre el bien común de los demás y no solo el castigo a quien cometió la falta”, declaró el mandatario.
Sostuvo que este llamado a la clase política es el de servir a los demás. “Esa debe ser la única razón en la vida pública y es nuestro compromiso: luchar por eso todos los días y a toda hora”, señaló.
Acompañado por su esposa y su vicepresidenta, los ministros de Estado y directores de entidades estatales, Varela felicitó a los panameños en estos 111 años de vida republicana, y en breve caminata, bajo un sol radiante, se dirigió al edificio sede del Consejo Municipal de Panamá, donde participó en la sesión solemne por la fecha.
ESCENARIO
Los actos del 3 de noviembre continuaron con la izada de la bandera por parte del mandatario, y el canto del himno nacional.
Varela entregó el pabellón al abanderado del día 3 de noviembre, el vendedor ambulante Bladimir Hernández, que encabezó el desfile.
Desde el balcón del Palacio de las Garzas, el presidente recibió los aplausos de las autoridades y del público.
El sonar de los instrumentos musicales de la Banda Republicana marcó el inicio de los desfiles en honor al 3 de noviembre a las 9:40 a.m.
Una de las pocas delegaciones que no tenía relación con los colegios ni las autoridades de seguridad que participaron en el desfile fue la del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), cuyos integrantes gritaron consignas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz, Luis Mario Carrasco y Víctor Benavides, quienes emitieron un fallo que permitió la liberación de Rogelio Ramos, acusado por el homicidio del obrero Osvaldo Lorenzo.
Allí se dio el inesperado saludo del exsecretario general del Suntracs Genaro López, quien alzó su mirada al balcón donde estaba Varela y lo saludó con su mano derecha arriba. La primera dama no paraba de aplaudir, mientras que el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, ni siquiera volteó.
Inmediatamente después del Suntracs, una pequeña delegación de la Coordinadora Comunal de Panamá Norte pidió al Presidente que bajara del balcón a recibir una nota con algunas peticiones.
El Presidente accedió y recibió la carta en la que este grupo pide que se les garantice viviendas dignas a las comunidades Las Malvinas Sector 8 de febrero, Altos de la Esperanza, las Colinas de San Juan, Villa Suira, La Esmeralda de San Vicente y Nuevo Chagres, zonas en las que aseguran vivir desde hace más de 15 y 40 años.
DESDE LA CINTA
Los que no estuvieron muy satisfechos con la organización del desfile fueron los miembros de la banda Búho de Oro, a la que tocó desfilar ayer junto con otras bandas independientes a lo largo de una cinta costera que no contó con una presencia significativa de autoridades oficiales.
A eso de la 1:00 p.m., los participantes de esta banda tuvieron un fuerte intercambio de palabras con al menos seis agentes de la Policía, que les ordenaron romper filas, ya que el tiempo programado para su actuación había finalizado. Pese a la acción oficial tomada, otras bandas, entre ellas la denominada Centenario, continuó desfilando.
Los quejosos consideraron que la Policía les coartó su derecho e rendir homenaje a la patria. Indicaron también que el Gobierno no les permitió lucir los símbolos patrios en sus uniformes.
“Señores, por favor, respeten las fiestas patrias, ustedes se deben a esto”, cuestionó a la Policía uno de los músicos de la Búho de Oro.
La vocera del Ministerio de Educación, Aracellys Leoteau, explicó que las condiciones del desfile habían sido comunicadas a los medios previamente y eran de conocimiento público.
(Con información de Yahir Leis y Demetrio Ábrego).
>>> Fuerza pública, sin despliegue militar
A diferencia de años anteriores, cuando la fuerza pública y su despliegue militar encabezaban los desfiles patrios, este año fueron las delegaciones estudiantiles las que protagonizaron los eventos efectuados en el Casco Antiguo y la cinta costera.
Más de 100 grupos estudiantiles y bandas independientes participaron ayer en los desfiles, que este año el Ministerio de Educación (Meduca) organizó en una única ruta dividida en dos zonas.
A las 9:40 a.m. comenzó la movilización en el parque Simón Bolívar (Casco Antiguo), donde el abanderado del 3 de noviembre fue Bladimir Hernández, un comerciante informal.
Para Hernández fue un honor recibir el pabellón nacional de manos del presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Oriundo de la provincia de Veraguas, Hernández tiene dos hijos, uno de 23 años que estudia medicina y otro de 16 años que cursa la secundaria.
El entusiasmo se apoderó del público cuando las bandas estudiantiles interpretaban la pieza musical Patria, del autor panameño Rubén Blades. Mientras, las empolleradas, batuteras, cuadros de honor y las bandas de guerra marchaban para rendir honor a la patria al ritmo de las tonadas.
Uno de los colegios que más llenó de emoción al pasar frente al palco presidencial fue el Javier, alma máter del mandatario y de varios ministros de Estado.
De acuerdo con la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez, los desfiles se desarrollaron con civismo y respeto. Resaltó que el Meduca verificó que las escuelas cumplieran con las normativas impuestas, entre estas, el largo de las faldas de las jóvenes y que las tonadas fueran las adecuadas.
En lo que respecta al tema sanitario, las autoridades inspeccionaron 171 expendios de comida ambulantes y fijos.
Preliminarmente, los inspectores de la Regional de Salud del área Metropolitana sancionaron a 69 locales y verificaron a 117 manipuladores de alimentos, de los cuales 18 estaban sin el carné obligatorio.
YARITZA GRICEL MOJICA

Los presidentes de Panamá, Juan Carlos Varela y de Colombia, Juan Manuel Santos, acordaron reactivar el proyecto de interconexión eléctrica, el cual se encuentra paralizado desde la pasada administración del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
El anuncio fue hecho ayer por ambos mandatarios, tras un encuentro bilateral en el Palacio de las Garzas, durante una visita oficial del presidente Santos a nuestro país.
“Hemos llegado a conclusiones muy importantes, como reactivar la interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia, lo que le dará seguridad energética a nuestro país y contribuirá al paso de energía producida en Colombia al resto de Centroamérica”, anunció el presidente Varela.
Los planes para la construcción del proyecto de interconexión formalizados en 2009 durante la administración de Martín Torrijos (2004-2009) tienen como fin la construcción de una línea de transmisión eléctrica, con una potencia eléctrica entre 300 MW y 400 MW. La misma tendría una longitud aproximada de 280 kilómetros en territorio panameño y atravesaría la provincia de Darién. En total serían 590 kilómetros, los otros 310 kilómetros se construirían en Colombia.
Según informó el presidente Varela tras su encuentro con Santos, ya se estableció un cronograma para el inicio y la culminación del proyecto de interconexión que se espera pueda ser concluido en 2018.
Retraso
El gobierno del presidente Martinelli descartó oficialmente, en agosto de 2013, el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia por la supuesta “falta de recursos” y que requería una inversión de al menos $500 millones. El propio mandatario Martinelli anunció en su momento que su gobierno prefería invertir en un proyecto de ampliación de la red de distribución que abastece de electricidad a la capital panameña.
Diversos sectores políticos y de la sociedad civil cuestionaron la decisión del gobierno pasado e incluso en la Asamblea Nacional fue presentada una denuncia contra Martinelli por la supuesta comisión del delito de corrupción de servidores públicos, por presuntamente retrasar el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia y la línea tres de transmisión eléctrica por tener supuestos intereses en el sector. La denuncia fue archivada por la Asamblea pasada a pocos días de que culminara su gobierno.
La obra, que debió terminarse en 2012, tenía como objetivo que Panamá lograra obtener energía más barata producida en el país vecino con la posibilidad de ofrecer a los usuarios tarifas más bajas.
Un estudio titulado “Competitividad Global de Energía 2012” revela que Colombia es uno de los países con la energía más competitiva de todo el mundo, con alta presencia de las hidroeléctricas y termoeléctricas (a base de gas, carbón y combustibles).
Proyecto de importancia: Santos
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, precisó, por su parte, que la interconexión eléctrica es un tema de una gran importancia para los dos países.
“Colombia está muy interesado en acelerar este proyecto que Panamá también necesita y quedamos en darle un seguimiento para que se desarrolle a la mayor brevedad posible”, precisó.
Informó que ya se han hecho las preguntas y consultas específicas a las personas vinculadas a este proyecto, y según el cronograma presentado en octubre de este año deben surtirse unos trámites específicos de unas licencias y unos estudios que se tienen que hacer.
Estos estudios tardarían un año adicional, es decir, que en octubre de 2015 se daría un paso importante para abrir el proceso de construcción. “A lo que aspiramos es que a comienzos del año 2018 podamos ya tener conectado Panamá con Colombia”, afirmó.
seguridad
La seguridad fronteriza también fue un tema de conversación. El presidente Varela señaló que se seguirán afianzando las relaciones de cooperación entre las fuerzas policiales de ambos países, y felicitó a su homólogo colombiano por los avances del diálogo por la paz con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Incluso el gobernante panameño le propuso al presidente Santos su disposición de incorporarse a replantear la estrategia de seguridad de Panamá con base en los resultados de ese diálogo de paz.
“La cooperación de la Policía de Colombia y los estamentos de seguridad de Panamá siempre ha sido algo muy positivo y vamos a consolidar esa cooperación para poder cumplir con ese objetivo”, sostuvo Varela, quien resaltó la designación de seis oficiales de carrera en la dirección de los entes de seguridad para consolidar esos esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y la seguridad en la frontera.
En tanto, Santos dijo que el tema de la seguridad fronteriza seguirá uniendo a ambas naciones y reconoció la colaboración de las autoridades panameñas para combatir a los enemigos.
Turismo y comercio
En cuanto a turismo y comercio, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que Colombia está dispuesta a prestar ayuda a Panamá con la Unidad de Inteligencia Financiera que ha desarrollado y que ha sido de gran utilidad para Colombia en su lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado.
En Panamá, representantes del gobierno de Varela han planteado la necesidad de reestructurar la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ya que “no cumple su función y se utiliza políticamente”, según ha dicho el gerente del Banco Nacional de Panamá, Rolando De León.
Santos dijo que lo que se busca es fomentar cada vez más las relaciones comerciales entre empresarios de ambos países y aprovechar el potencial turístico de colombianos que pueden venir a Panamá y de panameños que puedan ir a Colombia.
Para Varela, parte de las conversaciones con su homólogo colombiano se centraron en establecer una mayor conectividad de las ciudades de Colombia hacia los aeropuertos de Panamá y más prontamente la conectividad de ciudades de Colombia con el aeropuerto de Río Hato.
Varela manifestó que el proyecto de renovación de la ciudad de Colón tiene como uno de sus objetivos atraer el turismo, ayudando a la conectividad con la ciudad colombiana de Cartagena.
Agenda
El presidente Santos llegó al Palacio de las Garzas a las 11:00 a.m. y tras un saludo protocolar junto con el presidente Varela dialogaron sobre diversos temas.
La agenda prosiguió con una reunión entre empresarios colombianos y panameños en la Casa Amarilla de la Presidencia. De allí Santos, junto Varela y delegaciones de ambos países, voló hacia el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez de Río Hato.
Las autoridades panameñas ignoran el paradero de la exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia María del Pilar Hurtado, informó el presidente de la República, Juan Carlos Varela.
En una breve conferencia de prensa, tras un encuentro con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, quien hizo una visita oficial, Varela, al referirse el reiterado pedido de extradición de Pilar Hurtado hecho por el Gobierno colombiano, manifestó que “Panamá actuará apegado a las leyes del país y a los convenios vigentes entre ambos países”. Aunque el gobernante panameño reiteró que el fallo de la Corte Suprema le suspendió el estatus de asilada política a Pilar Hurtado y de que en estos momentos no tiene un estatus migratorio vigente en Panamá, afirmó que “su destino no es conocido en estos momentos por nuestras autoridades”.
Explicó que el tema es manejado por la Cancillería local, que estará en comunicación con su par de Colombia para tratar el tema.
Hurtado está imputada en su país por un caso de escuchas ilegales cuando dirigía el DAS, durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
En tal sentido, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, informó que le reiteró a su colega Varela la solicitud para que se extradite a Hurtado y pueda presentarse ante la justicia.
“Le expliqué que en Colombia no hay perseguidos políticos; eso es algo que quiero reiterar, que en Colombia no existe ninguna persecución política, ni por parte del Gobierno, ni mucho menos de la justicia colombiana”, precisó.
Manifestó que, en su país, el ciudadano requerido por la justicia lo está porque es acusado de cometer algún ilícito.
Gustavo A. Aparcio O.

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, confirmó ayer que antes de finalizar su mandato, el 30 de junio próximo, otorgará indultos a políticos y reducción de pena para reos.
“Siempre hay indultos más que todo para periodistas, políticos y personas que han sido injustamente acusadas sin ningún juicio, sin ninguna apreciación”, señaló.
Al ser cuestionado sobre los nombres de los que serán beneficiados con el indulto respondió: “hay de todo un poquito”.
La confirmación de Martinelli de que dará indultos coincidió con sospechas que tenían los opositores, en el sentido de que se preparaba una medida para beneficiar a allegados al gobierno.
justifican medidas
En las dos últimas semanas fuentes legislativas de la oposición mencionaron las intenciones de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional de decretar una amnistía o un indulto por el Ejecutivo para algunos políticos involucrados en supuestos actos de malos manejos de recursos del Estado.
En este sentido, el jefe de la bancada del partido Cambio Democrático (CD), Fernando Carrillo, manifestó que la aprobación de una ley de amnistía no había sido analizada en el partido.
No obstante, el diputado aseguró que una ley de amnistía sí sería necesaria por que aquí lo que viene es “una cacería de brujas a mansalva”.
“Ya hay muchas señales que lo indican, y no recuerdo que se hayan dado situaciones similares en ningún período de gobierno. Ojalá estemos equivocados en esa percepción. No creo que sea adecuado que el Presidente electo dedique su tiempo a perseguir a políticos”, indicó el diputado Carrillo.
es un Descaro
Aurelio Barría, exdirigente de la desaparecida Cruzada Civilista que luchó contra la dictadura de Manuel Noriega, calificó como un descaro la posibilidad de que el presidente Ricardo Martinelli pretenda eximir o proteger con un indulto a sus allegados que estén implicados en la mala administración de las partidas circuitales y en cuanto acto de corrupción se ha denunciado.
“Esto es querer poner el parche antes de que salga el grano”, advirtió Barría.
Diez diputados de CD están siendo investigados por el Tribunal Electoral, debido al presunto uso de dinero estatal a través de partidas circuitales y fondos desviados a juntas comunales para sus campañas políticas en las elecciones pasadas.
El abogado y excontralor de la República Alvin Weeden recordó que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los indultos otorgados por la expresidenta Mireya Moscoso, al final de su mandato en 2004, y expresó que habrá que esperar que el Presidente anuncie los nombres de los indultados.
Weeden manifestó que es inquietante que el Presidente “esté más preocupado en darle impunidad a su propia gente a siete días de irse del gobierno”.
“Evidentemente no puede dar indulto a personas que están dentro de un proceso, los beneficiados tienen que tener una condena en firme”, explicó el jurista.
Solo delitos políticos
Constitucionalistas consideraron que la figura del indulto no cabe para los delitos comunes, sino más bien para los delitos políticos.
El artículo 184 de la Constitución en su numeral 12 establece como una de las atribuciones del Presidente de la República: “Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes”.
La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño, ponente en el fallo que declaró inconstitucionales los indultos dados por la expresidenta Moscoso, manifestó que la figura del indulto debe darse con una condena en el caso de delitos políticos, no sobre condenas por delitos comunes.
“Lo que el Presidente puede hacer en delitos comunes es rebajar la pena o dar libertad condicional”, indicó.
Antecedentes
En el primer indulto dado por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, el 11 de mayo de 2010 a través del Decreto Ejecutivo 465, benefició a 47 personas.
La medida favoreció a Rafael Caicedo y a Máximo Espinosa Moscoso, dos agentes de la Policía Nacional que habían sido condenados en 2008 a pagar 41 meses de prisión por la comisión de los delitos de lesiones personales con resultado de muerte y contra la libertad individual en perjuicio de Bennet Mauricio Bell.
El otorgamiento de indultos se ha convertido en una tradición que los mandatarios salientes cumplen a pocas horas de abandonar el cargo. En algunos casos han sido polémicos y en otros, revocados.
En septiembre de 1995, siendo presidente encargado, Tomás Gabriel Altamirano Duque otorgó indultos a 139 personas, incluyendo al excoronel Marco Justine, acusado de un peculado de más de $20 millones de dólares al Banco Nacional de Panamá.
Luego, en 1999, dos días antes de abandonar el cargo, el presidente Ernesto Pérez Balladares indultó a 35 ciudadanos, incluyendo a su ministro de Obras Públicas, Luis Blanco.
Cuatro días después, la presidenta entrante Mireya Moscoso revocó la medida.
Pero antes de salir del palacio, en 2004, Moscoso benefició a 183 personas con un indulto, que incluyó al anticastrista Luis Posada Carriles y a 62 periodistas. La medida fue revocada por la Corte Suprema de Justicia.
El último día de su mandato, el 30 de junio de 2009, Martín Torrijos dio 20 indultos, incluyendo a Bruno Bemporad Maestre, implicado en el caso de la quiebra del caso Banaico.
Carlos Alberto Vargas
Frente al anuncio del Presidente de la República de que dará indultos, incluso a políticos, diversos constitucionalistas coincidieron en que esta figura no es aplicable a personas señaladas por delitos comunes, y menos aún si no han sido condenadas en un proceso judicial.
Según el constitucionalista Miguel Antonio Bernal, en los delitos comunes que, a su juicio, han sido perpetrados por algunos políticos y todos los que han tocado dinero del Estado que no podían llevarse, no cabe la figura del indulto.
Bernal precisó que ya hay varios fallos de la Corte Suprema de Justicia que establecen muy claramente que el indulto no cabe para delitos comunes, y se da una vez que se haya ejecutoriado un proceso y la sentencia debida.
“Lo que quieren es buscar algún tipo de excusas para evitar que el Tribunal Electoral sancione debidamente a todos estos ladrones. A esta gente hay que procesarla como lo que es: ladrones en mayúscula, sostenida y en negrita”, enfatizó Bernal.
En tanto, el también constitucionalista Rigoberto González indicó que tanto la figura del indulto, que la decreta el Presidente de la República, como la amnistía, que la decreta la Asamblea Nacional, se dan por delitos políticos. Si se está frente a conductas delictivas, estos recursos no proceden.
Expresó que en el caso de los diputados acusados por el uso indebido de fondos públicos en la pasada contienda electoral, de ninguna forma califica como delito político ni para ser indultado ni para ser amnistiado.
Por su parte, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda de Troitiño manifestó que la finalidaddel indulto no es para generar impunidad frente a actos de corrupción.
Señaló que el artículo 184 de la Constitución Política es claro y establece que esta figura de indulto es para proteger a personas que por sus posiciones ideológicas pudieran ser perseguidas, y no para beneficiar a personas señaladas por delitos comunes.
Gustavo A. Aparicio O.
