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Ocho grupos de la sociedad civil organizada solicitaron este martes, 26 de agosto, al Ministerio Público que abra una investigación por los supuestos sobrecostos y actos de corrupción que salieron a relucir durante la pasada concurrencia de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, y otros funcionarios en la Asamblea Nacional.
Asimismo, pidieron que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorice el inicio de la investigación contra la contralora y ordene su suspensión provisional del cargo.
Torres de Bianchini compareció el 19 y 20 de agosto pasado ante el pleno legislativo para contestar un cuestionario de siete preguntas previamente preparadas y atender otros cuestionamientos de los diputados.
En su intervención, la contralora repitió en varias oportunidades que la ley no la faculta a rechazar un contrato por considerar que hay algún “sobreprecio” en la compra o porque existe un conflicto de interés entre el proveedor y la entidad contratante.
A partir de ese momento, los diputados panameñistas –inicialmente con ayuda del perredista Pedro Miguel González– decidieron promover una resolución para que la CSJ destituya a la funcionaria por ineptitud y negligencia. Sin embargo, los panameñistas –que no tienen mayoría en la Asamblea– no han conseguido el apoyo de sus colegas del PRD, con quienes mantienen un pacto de “gobernabilidad”.
EXIGEN JUSTICIA
Irma Quirós, vocera del nuevo frente denominado “Liga contra la corrupción”, dijo que durante la comparecencia de Torres de Bianchini fue obvia la confesión de irregularidades, por lo que se exige justicia. Pidió a la población tener una actitud más vigilante, en particular ante la escogencia del procurador y contralor de la República.
Diógenes Galván, integrante del Movimiento Independiente por Panamá, remarcó que las distintas organizaciones civiles están pidiendo acciones frente a los señalamientos de la contralora en la Asamblea.
“Hay que investigar la acción de ella [la contralora] y la de todo su equipo de trabajo”, agregó.
En tanto, Angélica Maytín, presidenta ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional, pidió que no queden impunes tantos "actos irregulares que han afectado el pecunio de todos nosotros”. No puede ser posible que se vaya a la Asamblea, se acepten sobrecostos y no ocurra nada, enfatizó. “Hay que acabar con la impunidad”, señaló.
En la conferencia estuvieron representantes del Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Alianza Ciudadana Pro Justicia, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Movin por Panamá, Liga Contra la Corrupción, Asamblea Ciudadana, Asociación Panameña de Derecho Constitucional y el Colegio Nacional de Abogados.


El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Navarro, anunció la tarde de este jueves, 10 de abril, que de ganar las elecciones el próximo 4 de mayo, propondrá a Ángelica Maytin para que sea la directora de la Autoridad de Transparencia e Información Pública.
La propuesta sería hecha, según Navarro, ante la Asamblea Nacional mediante un proyecto para que Maytín, quien preside Transparencia Internacional Capítulo I de Panamá, sea designada en el cargo.
Navarro, quien presentó sus propuestas en la culminación de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2014), justo cuando exponía sobre la democracia indicó que Maytín reemplazaría a la directora que hoy dirige la Autoridad de Transparencia, Abigaíl Benzadón.
“Para mí sería formidable que ella acepte”, recalcó. Ante este anuncio Maytín, quien se encontraba entre el público, manifestó que en su momento evaluará la propuesta de Navarro.
“Es una decisión que se debe tomar cuando es el momento y ahora mismo no es el momento. En este momento me debo a mi organización como presidenta de Transparencia Internacional, le agradezco mucho pero repito no siento que sea el momento de responder...", dijo. Añadió que promover la transparencia es una tarea de todos.
El candidato también hizo énfasis en su iniciativa de que los magistrados, procuradores y el contralor deben ser elegidos por las dos terceras partes de la Asamblea y no por el Ejecutivo, como actualmente se lleva a cabo.
