La necesidad de separar las decisiones técnicas de la política y de evitar que el sistema educativo siga siendo un espacio de clientelismo marcó gran parte del debate en el Foro Educación 2026, organizado por La Prensa y la Fundación Banco General.
El encuentro reunió a especialistas, representantes de organismos internacionales, empresarios y actores del sector educativo para analizar los principales desafíos del país en materia educativa. El foro abordó tres ejes centrales: educación, talento y competencias para el futuro; institucionalidad y acuerdos para una educación sostenible; y visión país con prioridades estratégicas.
Uno de los mensajes más contundentes fue expuesto por Julio Escobar, presidente de la Fundación para la Promoción de Excelencia Educativa y CEO de Centauri Technologies, quien advirtió que el Ministerio de Educación (Meduca) ha sido históricamente percibido como un “botín político”, debido a su tamaño y capacidad de nombramientos.
Escobar sostuvo que esta condición lo convierte en un espacio vulnerable a prácticas clientelistas, ya que se trata del mayor empleador del país, con presencia en todas las provincias y comarcas.
Señaló además que el sistema educativo enfrenta un problema estructural: cada administración modifica programas y estrategias, especialmente en materia de formación docente. “Lo predecible es que los programas cambien de una administración a otra”, afirmó.
El especialista comparó esta situación con el “suplicio de Sísifo”, en referencia al esfuerzo constante que no logra consolidar avances duraderos en educación.
Advirtió que la desigualdad educativa profundiza las brechas sociales y aumenta los riesgos tanto para quienes no acceden a una educación de calidad como para quienes sí lo hacen. “Es un problema de todos”, subrayó.
En esa línea, defendió que la vía más efectiva para transformar el sistema es fortalecer la calidad docente. “La ruta más certera, más rápida y de menor costo para mejorar la educación es mejorar a los docentes”, afirmó.
Escobar insistió en que la evidencia demuestra que los estudiantes obtienen mejores resultados cuando son formados por docentes bien preparados, por lo que consideró clave fortalecer la formación inicial desde las universidades.
En la misma línea, propuso crear instituciones técnicas independientes para garantizar continuidad en las políticas educativas, entre ellas un centro de investigación educativa, un instituto de perfeccionamiento docente y un organismo autónomo de evaluación.
A su juicio, estos mecanismos permitirían separar la gestión política de la técnica y evitar la discontinuidad de los programas. “Tenemos que disociar la parte política de la técnica”, enfatizó.
Francisco Trejos, oficial de Educación del Fondo de Naciones Unidas para la Educación (Unicef) y moderador de las consultas impulsadas por el Meduca para la reforma de la Ley Orgánica de Educación, coincidió en la necesidad de blindar el sistema frente a intereses políticos.
Trejos destacó que el proceso de consultas ha contado con una amplia participación de diversos sectores, incluidos diputados, organismos internacionales, gremios docentes, organizaciones civiles y el sector privado.
Añadió que uno de los principales hallazgos es que existen más coincidencias que diferencias entre los actores consultados. Entre las prioridades mencionó la carrera docente, la meritocracia, la evaluación, la inclusión, el currículo, la gobernanza, la infraestructura y el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).
Asimismo, explicó que la nueva normativa debe funcionar como una “ley marco” flexible, capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales. Recordó que la actual ley tiene más de 80 años y fue concebida en un contexto sin internet ni inteligencia artificial.
Trejos también cuestionó la burocracia del sistema y la lentitud en la construcción de escuelas, procesos que pueden tardar entre siete y diez años. Reiteró que la educación no debe ser utilizada con fines políticos y debe basarse en resultados y evidencia.
“La educación no puede seguir siendo un botín político”, subrayó.
Mientras que Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, aseguró que Panamá enfrenta una crisis educativa reflejada en bajos resultados académicos y profundas desigualdades territoriales.
Señaló que nueve de cada diez estudiantes de sexto grado no alcanzan el nivel mínimo en matemáticas, según la prueba ERCE 2024, y que la brecha entre escuelas urbanas y comarcales equivale a casi cuatro años de escolaridad.
Bloise explicó que la propuesta de reforma educativa recoge consensos acumulados durante más de tres décadas de diálogo nacional. Esta contempla ejes como calidad, equidad, infraestructura, formación docente y gestión basada en datos.
También incluye evaluaciones periódicas, actualización curricular, fortalecimiento docente, descentralización y la creación de un instituto nacional de evaluación autónomo.
El diputado defendió la meritocracia como eje del sistema educativo y propuso exámenes de habilitación docente, acompañamiento profesional y formación continua.
“El lugar donde naces no puede determinar el futuro que recibes”, afirmó.
Además, planteó un plan decenal de educación que permita garantizar continuidad más allá de los cambios políticos.
Panamá con brechas y déficit de habilidades
En el bloque de educación, talento y competencias para el futuro, Nivia Rossana Castrellón, mentora de Jóvenes Unidos por la Educación y presidenta de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fudespa), señaló que los bajos resultados educativos están estrechamente ligados a la pobreza, la desnutrición y la falta de acceso a educación inicial.
“La nutrición es el gran enemigo silencioso. Si no les damos de comer, los cerebros no se desarrollan”, expresó.
Advirtió además sobre las desigualdades territoriales y los riesgos que enfrentan estudiantes en zonas apartadas para acceder a sus escuelas.
Durante su intervención, Carmen Sealy de Broce, presidenta del Consejo del Sector Privado Para la Asistencia Educacional (CoSPAE), advirtió sobre la desconexión entre el sistema educativo y el mercado laboral.
“No estamos formando a los jóvenes con las competencias necesarias para ser empleables”, afirmó.
Señaló que persisten debilidades en comprensión lectora, pensamiento crítico y habilidades digitales.
Mariana León, vicerrectora académica y miembro de la junta directiva de Quality Leadership University, alertó sobre la deserción escolar y la crisis de talento. Indicó que Panamá pierde a uno de cada cinco estudiantes en premedia y que solo el 31% accede a la universidad.
“La educación superior sigue siendo un privilegio para pocos”, sostuvo.
Finalmente, María A. Cassino, vicepresidenta asistente de Formación y Desarrollo de Banco General, advirtió que ampliar la cobertura no será suficiente si no mejora la calidad educativa. “Podemos ampliar el sistema, pero si la calidad no mejora, se rompe la promesa educativa”, dijo.
También enfatizó que la colaboración entre empresas, universidades y organizaciones es indispensable para lograr cambios reales en la educación.
Reforma educativa sin consenso total
En el último bloque denominado visión país y prioridades estratégicas, la ministra de Educación, Lucy Molinar, afirmó que la transformación del sistema educativo requiere decisiones firmes, incluso sin consensos totales.
Defendió el uso de evaluaciones como herramienta de gestión y anunció la continuidad de pruebas internacionales como PISA, complementadas con diagnósticos nacionales en español, matemáticas e inglés.
Explicó que en diciembre se aplicarán evaluaciones estandarizadas en todas las materias para contar con un “termómetro real” del aprendizaje.
Sostuvo que la reforma no puede depender únicamente del consenso, ya que existen decisiones estructurales que deben tomarse para corregir fallas históricas del sistema.
También enfatizó la importancia de fortalecer la evaluación docente y mejorar la calidad de enseñanza.
La ministra subrayó que el sistema debe preparar a los estudiantes para la vida, con énfasis en la autonomía, especialmente en el caso de estudiantes con discapacidad.
Criticó modelos de promoción acelerada como “dos años en uno”, al considerar que no garantizan aprendizajes reales.
En materia de innovación, destacó programas de formación docente en tecnología e inteligencia artificial con empresas como Google, Amazon, Intel y Canva.
De igual manera, anunció la mejora de la conectividad en todas las escuelas del país como parte de un proceso de modernización.
Finalmente, defendió la enseñanza basada en proyectos interdisciplinarios y señaló la necesidad de mayor transparencia en la gestión del sistema educativo.
En conjunto, las intervenciones coincidieron en que el sistema educativo panameño enfrenta el reto de romper con prácticas históricas de politización, cerrar brechas estructurales y avanzar hacia reformas sostenidas que garanticen calidad, continuidad y equidad.
