El futuro del vapeo en Panamá entró en debate en una subcomisión de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Ayer, los diputados comenzaron a analizar tres proyectos de ley que van desde la prohibición total de los cigarrillos electrónicos hasta la regulación de su uso, importación y comercialización.”
Tras escuchar a representantes del sector salud, organizaciones civiles y gremios empresariales, la mayoría de los participantes coincidió en la necesidad de crear una mesa técnica para evaluar las tres propuestas con base en evidencia científica.
El primero de ellos es el proyecto de ley 263, que propone prohibir el uso, la importación y la comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, como cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, contengan o no nicotina.
Para conocer todos los detalles, lea aquí el proyecto de ley:
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7810.pdfEl segundo, el proyecto 347, plantea modificar la Ley 13 del 24 de enero de 2008 para incluir la prohibición del uso de dispositivos electrónicos de administración de nicotina en espacios públicos y privados.
Aquí puede leer el proyecto de ley completo:
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7929.pdfEl tercer proyecto, el 467, busca regular el uso, la comercialización, la publicidad, la calidad y la seguridad de los sistemas electrónicos de administración de nicotina. También abarca bolsas para consumo oral, productos de tabaco calentado para inhalación, líquidos de vapeo y dispositivos similares sin nicotina. Además, propone modificar artículos de la Ley 45 de 1995 y establecer otras disposiciones relacionadas.
Revise aquí el proyecto de ley:
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8120.pdfDurante la reunión de la subcomisión, los representantes de la sociedad civil y autoridades compartieron sus perspectivas sobre los proyectos, aportando al análisis de la regulación del vapeo en Panamá.
Debate entre prohibición y regulación
El primero en intervenir fue el director regional de la organización Crime Stoppers Panama, Alejo Campos, quien expuso sus planteamientos sobre el proyecto de ley 263. A su juicio, las decisiones regulatorias que se adopten en torno a los cigarrillos electrónicos podrían determinar si este mercado queda bajo el control del Estado o del crimen organizado, que —según señaló— ya utiliza y se aprovecha de Panamá, al igual que de otros países de la región, para sus operaciones.
Campos sostuvo que el debate no debería centrarse únicamente en permitir o prohibir estos dispositivos. Explicó que, cuando el Estado prohíbe completamente un producto que tiene demanda real entre adultos, el mercado no desaparece, sino que pasa a manos del comercio ilícito.
Añadió que, en algunos países donde los vapeadores han sido prohibidos, el mercado ilegal ha crecido rápidamente, lo que ha terminado financiando organizaciones criminales y redes de contrabando.
El representante de Crime Stoppers advirtió que una prohibición total no elimina la demanda, sino que podría crear un nuevo negocio multimillonario para redes criminales que ya operan en la región.
Según explicó, cuando un mercado pasa a la ilegalidad se producen cuatro consecuencias graves: el Estado pierde el control sobre la actividad; los consumidores quedan expuestos a productos sin control sanitario; los menores de edad pueden acceder con mayor facilidad, ya que el mercado ilegal no exige identificación; y, finalmente, se fortalece la capacidad operativa de las organizaciones criminales al incorporar un nuevo producto a sus actividades ilícitas.
Por ello, Campos abogó por una regulación en la que el Ministerio de Salud (Minsa) tenga el control de la actividad en el país.
Riesgos para la salud y posición de expertos
Por su parte, la doctora Sabrina Trejos, en representación de la Asociación Panameña de Neumología y Cirugía del Tórax, afirmó que los cigarrillos electrónicos —ya sea que contengan nicotina, aerosoles saborizados u otras sustancias— pueden causar daños pulmonares y cardiovasculares. Señaló que existen estudios científicos y metaanálisis publicados desde 2024 que advierten sobre estos riesgos, los cuales afectan especialmente a la población joven.
Explicó que los adolescentes son más vulnerables debido a que su cerebro aún está en desarrollo, lo que los hace más susceptibles a la adicción. Además, advirtió que algunos de estos dispositivos pueden contener productos cannabinoides.
Otro de los participantes en la discusión fue Juan Carlos Reynardus, quien acudió a la reunión en representación del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).
Durante su intervención, señaló que dentro de las propuestas en análisis existen iniciativas que se contradicen, ya que una plantea la prohibición total del uso, la importación y la comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, mientras otra propone establecer un marco de regulación para estos productos.
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Reynardus expresó el rechazo del SIP al proyecto de ley 263, presentado en 2025, que plantea la prohibición total de estos dispositivos. A su juicio, esta medida vulnera principios de igualdad y libre competencia, además de incentivar el comercio informal.
En contraste, el gremio del SIP manifestó su respaldo al proyecto de ley 467, que propone una regulación integral del mercado. Entre los aspectos destacados, mencionó controles específicos para evitar el acceso de menores, la creación de un marco fiscal que permita captar ingresos de una actividad que hoy opera fuera del sistema, así como un mayor control sanitario y aduanero para combatir el comercio ilícito.
Antonio Chang, de la Coalición Panameña contra el Tabaquismo, señaló que es posible impulsar un proyecto de ley que restrinja o prohíba el uso de los vapeadores en el país.
Sin embargo, advirtió que, de permitirse su uso, debería hacerse bajo supervisión médica para comprobar si realmente funciona como un mecanismo de reducción del tabaquismo y no como una puerta de entrada al consumo de tabaco.
De hecho, Chang también recomendó la creación de una mesa técnica para revisar los tres proyectos en conjunto.
Vacío legal tras fallo de la Corte
Por su parte, Reina Roa, punto focal para el control del tabaco en el Convenio Marco y coordinadora dentro del Minsa y reconocida internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su trayectoria de más de 20 años en esta materia, planteó que la nicotina es una droga comprobada con un alto nivel de adicción y que es precisamente esta sustancia la que se comercializa a través de los dispositivos electrónicos.
Explicó que, independientemente de que estos productos se prohíban o se regulen, lo que finalmente se está ofreciendo a los jóvenes es una sustancia altamente adictiva.
Añadió que tanto los productos de tabaco convencionales como los dispositivos electrónicos han utilizado estrategias de manufactura y comercialización orientadas a aumentar los niveles de adicción entre los consumidores.
También planteó la necesidad de regular los aditivos que se incorporan al tabaco, como el mentol y otros saborizantes, que resultan atractivos para jóvenes y adultos.
Roa señaló, además, que en discusiones anteriores sobre este tema los intereses comerciales han prevalecido sobre los criterios de salud pública.
Finalmente, reiteró que el objetivo de las políticas públicas durante más de dos décadas ha sido promover la cesación del consumo de tabaco, por lo que consideró necesario prohibir la adición de saborizantes y aplicar controles similares a los que rigen para otros productos de tabaco.
El debate legislativo se da en un contexto de vacío normativo en Panamá, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En mayo de 2024, la Corte declaró inconstitucional la Ley 315 de 2022, que prohibía el uso, la importación y la comercialización de cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo, al considerar que se habían vulnerado procedimientos constitucionales.
Este fallo dejó sin efecto la prohibición absoluta, impulsando ahora a los legisladores a buscar un nuevo marco regulatorio basado en evidencia científica para proteger la salud pública y evitar que el mercado quede en manos del comercio ilegal.
Como respuesta a esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió la Resolución No.146 del 31 de enero de 2025, publicada en Gaceta Oficial el 13 de febrero, que prohíbe el uso y la venta de cigarrillos electrónicos y sistemas similares —con o sin nicotina— a menores de edad, así como su publicidad, promoción, patrocinio y propaganda. La normativa también regula depósitos, cartuchos, recargas, accesorios, productos de tabaco calentado convencionales (PTC) y de nicotina oral (PNO), entre otros.
La resolución entró en vigor seis meses después de su promulgación, es decir, a partir del 31 de julio de 2025, marcando un primer paso concreto en la regulación y control de estos productos en Panamá.
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