La Procuraduría de la Administración recomendó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar “no ilegal” la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III del proyecto Puerto Barú, en David, provincia de Chiriquí, al concluir que las pruebas presentadas por los demandantes no lograron demostrar irregularidades en la actuación del Ministerio de Ambiente (Miambiente).
El pronunciamiento forma parte del proceso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por organizaciones ambientales en septiembre de 2024 contra la Resolución DEIA-IA-0003-2024, emitida el 16 de enero de ese mismo año, mediante la cual Miambiente dio luz verde al proyecto portuario.
Durante los últimos meses, el expediente avanzó hacia la etapa de pruebas y peritajes. Entre marzo y abril participaron especialistas, técnicos y organizaciones ambientales vinculadas a la parte demandante, quienes cuestionaron distintos aspectos de la evaluación ambiental realizada para el proyecto.
Sin embargo, tras revisar el material incorporado al proceso, la Procuraduría concluyó que no existen elementos suficientes para invalidar la resolución emitida por Miambiente.
En el documento remitido a la CSJ, la entidad sostiene que las pruebas practicadas durante la fase probatoria no desacreditan las actuaciones administrativas adelantadas por Miambiente ni evidencian que el acto impugnado carezca de sustento legal.
La institución también recordó que, según el artículo 784 del Código Judicial, corresponde a la parte demandante probar los hechos en los que fundamenta su reclamación.
Joana Ábrego, directora legal de CIAM
El pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración no es vinculante dentro del proceso judicial, por lo que la decisión final corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia".
Aunque la opinión de la Procuraduría no obliga a los magistrados a fallar en un sentido específico, sí representa un respaldo importante para la defensa de la resolución cuestionada. Ahora será la Sala Tercera la que deberá decidir si mantiene o anula la aprobación ambiental otorgada al proyecto.
El caso de Puerto Barú ha generado una amplia discusión pública desde su aprobación. Sus promotores sostienen que la iniciativa podría impulsar el desarrollo económico y logístico del occidente del país, además de fortalecer la actividad portuaria y comercial en la provincia de Chiriquí.
No obstante, grupos ambientalistas y organizaciones civiles han advertido sobre posibles afectaciones a ecosistemas marinos y zonas de alta sensibilidad ecológica. Parte de esas preocupaciones han llegado incluso a instancias internacionales.
El proyecto es reevaluado por Miambiente
Mientras el proceso judicial en contra de la resolución que aprobó el EIA sigue su curso, Miambiente mantiene una reevaluación técnica relacionada con observaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en ingles) sobre los posibles impactos del proyecto en el Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina, áreas reconocidas como Patrimonio Mundial desde 2005.
El tema fue analizado por el Comité de Patrimonio Mundial, que pidió al Estado panameño revisar el alcance del proyecto y garantizar que cualquier decisión tome en consideración el Valor Universal Excepcional del sitio protegido.
La preocupación del organismo internacional se centra en la necesidad de evitar daños ambientales que puedan afectar de manera irreversible los ecosistemas marinos vinculados al área protegida.
En abril pasado, Miambiente informó que inició evaluaciones técnicas y científicas para analizar los señalamientos realizados por la Unesco y determinar si el proyecto requiere nuevas medidas de mitigación o ajustes en su planificación ambiental.
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Como parte de ese proceso, Panamá solicitó apoyo técnico al Centro de Patrimonio Mundial con el objetivo de fortalecer las metodologías utilizadas para evaluar impactos en sitios protegidos internacionalmente.
La revisión actualmente en marcha se desarrolla de manera paralela al proceso judicial que analiza la legalidad del EIA aprobado en 2024.
El Parque Nacional Coiba y su Zona Especial de Protección Marina forman parte de uno de los ecosistemas más importantes de la región. La declaratoria como Patrimonio Mundial implica compromisos internacionales de conservación, monitoreo y protección ambiental que el Estado panameño debe cumplir periódicamente ante organismos internacionales.
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Desde la sociedad civil, la gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Joana Ábrego, señaló que el pronunciamiento de la Procuraduría no es vinculante dentro del proceso judicial, por lo que la decisión final corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia.
Agregó que confían en que el tribunal tome en cuenta el cumplimiento del proceso de evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana en este tipo de proyectos.
