La Red Regional Escazú Ahora y Climate Action Network Latin America (CANLA), nodo latinoamericano de Climate Action Network, expresaron su preocupación por las acciones legales emprendidas contra Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque, mediante comunicados de prensa.
Según los pronunciamientos, las medidas incluyen el embargo judicial (secuestro) de cuentas bancarias y bienes, además de demandas civiles y querellas criminales, en el contexto de la oposición de ambas organizaciones al proyecto Puerto Barú, previsto para desarrollarse en David, provincia de Chiriquí.
Las plataformas señalaron que, si bien reconocen el derecho del Estado a garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica, el uso de medidas cautelares financieras que afectan de forma inmediata la operatividad de organizaciones de la sociedad civil puede generar un efecto inhibidor incompatible tanto con los estándares democráticos como con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ambientales.
Impacto en la operatividad
Las organizaciones advirtieron que el embargo de cuentas y bienes ha tenido un impacto directo en el funcionamiento de CIAM y Adopta Bosque, al poner en riesgo el pago de salarios y obligaciones laborales, así como la continuidad de proyectos de conservación, educación e investigación ambiental. Esta situación ya fue denunciada oficialmente por las entidades afectadas.
La Red Regional Escazú Ahora recordó que la defensa del ambiente, la denuncia de posibles impactos y la participación ciudadana en asuntos de interés público son pilares esenciales de un Estado democrático y están protegidos por la Constitución de Panamá y por instrumentos internacionales suscritos por el país.
Entre ellos mencionaron el Acuerdo de Escazú, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen obligaciones claras para garantizar la libertad de expresión, la libertad de asociación, el acceso a la justicia y la participación pública en asuntos ambientales.
Espacio cívico y acción climática
Desde CANLA subrayaron que una acción climática efectiva y basada en evidencia científica requiere un entorno habilitante para la participación pública, la transparencia y el acceso a la justicia. A su juicio, debilitar el espacio cívico compromete la calidad de la gobernanza climática y ambiental y erosiona la confianza pública en las instituciones.
Recordaron, además, que América Latina y el Caribe es una de las regiones más vulnerables a la crisis climática, por lo que la protección de ecosistemas estratégicos para la resiliencia, como los humedales y los manglares, debe ser una prioridad estatal. En ese sentido, consideraron que revisar la legalidad de las aprobaciones ambientales otorgadas a proyectos con potencial impacto negativo forma parte del ejercicio legítimo de los derechos ciudadanos.
Ambas plataformas instaron al Estado panameño —incluidos el Órgano Judicial, el Ministerio Público y las autoridades administrativas competentes— a asegurar que las medidas adoptadas se ajusten estrictamente a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
También solicitaron que ningún mecanismo judicial o financiero sea utilizado de forma que pueda interpretarse como intimidación o represalia contra organizaciones que ejercen su derecho a la participación y a la defensa ambiental.
Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad internacional, incluidos organismos multilaterales y mecanismos regionales de derechos humanos, para que dé seguimiento a la situación y reafirme la importancia de proteger el espacio cívico, condición indispensable para el cumplimiento de los compromisos climáticos y ambientales.
La reacción de las organizaciones surge luego de que el Juzgado Quinto Liquidador Civil ordenara el secuestro de cuentas bancarias y bienes como parte de un proceso judicial por daños y perjuicios vinculado al proyecto Puerto Barú. La medida se dictó contra CIAM y Adopta Bosque, señaladas por su presunta participación en acciones que habrían afectado el desarrollo del proyecto portuario en David, Chiriquí.
Según la resolución, ambas organizaciones habrían promovido una campaña de desinformación que habría provocado perjuicios económicos y retrasos en la ejecución del proyecto, lo que motivó la decisión del tribunal. El secuestro de cuentas y bienes busca garantizar el resarcimiento de los daños alegados por los promotores de la iniciativa.
Puerto Barú es un proyecto portuario que ha generado debate debido a su impacto ambiental y social. Organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad civil han mantenido una postura crítica, mientras que sus promotores aseguran que cumple con todos los requisitos legales y ambientales establecidos.
