El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, rechazó los señalamientos sobre un supuesto impacto negativo que la integración del sistema podría generar en las finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS).
Afirmó que estos comentarios “no son ciertos” y explicó que el modelo planteado establece que cada institución cubrirá sus propios gastos bajo una metodología definida que precisará con claridad qué corresponde a cada entidad.
Boyd Galindo destacó que en el Instituto Oncológico Nacional más del 60% de los pacientes son asegurados, una proporción similar a la del Hospital Santo Tomás, donde también más del 60% de los usuarios pertenecen al régimen de la CSS.
En ese sentido, sostuvo que no habrá cargas adicionales para los asegurados, pues estos “pagan por los servicios que reciben”, mientras que la población no asegurada se beneficiará de una integración que evitará desplazamientos largos y costosos para acceder a atención médica, una situación que —según dijo— actualmente pone en riesgo la vida de muchos ciudadanos.
Boyd Galindo agregó que la integración permitirá “ahorros tremendos”, ya que evitará la duplicación de infraestructuras sanitarias “costosísimas”, como ha ocurrido en el pasado.
Recordó que existen provincias y regiones donde la CSS no cuenta con instalaciones, entre ellas Darién y las comarcas indígenas, por lo que consideró absurdo continuar con un modelo que obliga a construir estructuras innecesarias ante la falta de coordinación entre las instituciones de salud.
Las declaraciones del ministro surgen luego de que la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst) expresara su preocupación por la creación de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, un organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa) que tendrá la responsabilidad de coordinar y dar seguimiento al proceso de integración de los servicios sanitarios del país entre ambas entidades.
El gremio médico, mediante una carta dirigida a la ciudadanía, advirtió que los fondos de la CSS pertenecen exclusivamente a los trabajadores asegurados y no al Estado ni al Minsa. Por ello, solicitaron que cualquier comisión que se conforme para este proceso cuente con igual representación de los asegurados.
Este planteamiento se basa en que la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, creada por el Decreto Ejecutivo No. 26 del 26 de noviembre de 2025, estará integrada por cinco representantes: uno del Minsa, quien la presidirá; uno del Ministerio de la Presidencia; uno del Ministerio de Economía y Finanzas; uno de la CSS; y un representante de los patronatos. Cada miembro principal contará con un suplente para cubrir ausencias temporales, y el organismo podrá contar con una Secretaría Ejecutiva.
Sin embargo, la estructura no contempla la participación de representantes de pacientes, asegurados, gremios médicos ni actores independientes del sector salud, lo que podría limitar la inclusión de voces externas en el proceso de integración.
Los médicos advirtieron que no se debe permitir el uso del dinero de los cotizantes de la CSS para financiar la atención de personas no aseguradas, al considerar que la actual crisis del sistema podría agravarse si los costos de la atención universal se cargan exclusivamente a la institución de seguridad social.
La discusión sobre la integración sigue en desarrollo y, para miles de pacientes, la atención está puesta en cómo este proceso podría transformar el acceso y la calidad de los servicios públicos de salud.”
