El proyecto Puerto Barú, que busca convertirse en un motor de inversión para la provincia de Chiriquí, está bajo revisión del Ministerio de Ambiente (Miambiente), tras una solicitud de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (Unesco) para evaluar posibles impactos sobre el Parque Nacional Coiba.
La empresa promotora, Ocean Pacific Financial Services Corp, aseguró que sus estudios técnicos descartan cualquier daño ambiental, mientras gremios locales denuncian una campaña de desinformación que, según ellos, busca frenar una inversión estratégica para la región.
En un comunicado reciente, la empresa afirmó que las acusaciones sobre impactos negativos al Parque Nacional Coiba carecen de sustento científico. Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Categoría III, las corrientes marinas de la zona del proyecto no se dirigen hacia Coiba, eliminando el riesgo de afectación por sedimentos.
Además, planteó que Miambiente respalda esta conclusión y notificó en mayo de 2024 a la Unesco que la obra no genera impactos directos ni indirectos sobre el parque ni su zona de protección marina. La empresa subrayó que, durante sus más de cinco años de presencia en Chiriquí, ha desarrollado proyectos sociales y comunitarios que benefician a la provincia.
Gremios locales respaldan el proyecto
Dos gremios de Chiriquí, la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo (Camchi) y el Centro de Competitividad de la Región Occidental (Cecomro), respaldaron a través de un comunicado al Puerto Barú. Señalan que la difusión de información sesgada no es fortuita y advierten sobre la posible manipulación de la opinión pública por actores internacionales y ciertos intereses económicos locales.
“Panamá requiere reglas claras y respeto a las decisiones de las autoridades para atraer inversión extranjera”, afirmaron Camchi y Cecomro, destacando que proyectos como Puerto Barú son fundamentales para generar empleo y fortalecer la economía local. Para ellos, el debate no se limita a la protección ambiental; también es una cuestión de seguridad jurídica y confianza de los inversionistas.
La alerta de la Unesco
Por su parte, Joana Abrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), explicó que la revisión solicitada corresponde al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, que busca garantizar que el proyecto no genere impactos negativos sobre Coiba. El Estado panameño deberá entregar su informe final a más tardar el 1 de diciembre de 2026.
Abrego recordó que la nota del Miambiente del 23 de mayo de 2024, citada por la empresa, fue emitida por el entonces ministro Milcíades Concepción, pocos días antes de la salida de la pasada administración, y el mismo funcionario que aprobó el EIA del proyecto. Aunque esta nota fue considerada por el Comité de Patrimonio, la Unesco solicitó una nueva revisión para asegurar transparencia y protección del área protegida.
Puerto Barú representa una inversión estratégica para Chiriquí. Se espera que genere empleo directo e indirecto, impulse la actividad portuaria y refuerce la economía regional. Para gremios y empresarios, suspender o retrasar el proyecto sin bases técnicas podría afectar la percepción de Panamá como destino confiable para inversiones de alto impacto.
El proyecto se ha convertido en un escenario donde convergen desarrollo económico, conservación ambiental y seguridad jurídica. Los gremios insisten en que la información debe ser transparente y basada en evidencia científica.
